Denuncia "persecución judicial"

Comunidad humilde de Chavasquén, Estado Portuguesa, solicita ayuda institucional frente a terrateniente

Comunidad de Chavasquén, Edo. Portuguesa pide apoyo contra  "persecución judial" por rescate de predio abandonado por terrateniente. Reciben apoyo del CCSSJJ.

Comunidad de Chavasquén, Edo. Portuguesa pide apoyo contra "persecución judial" por rescate de predio abandonado por terrateniente. Reciben apoyo del CCSSJJ.

Credito: CCSSJJ

Cuarenta y tres familias humildes de Chavasquén, Estado Portuguesa, hacen el llamado al presidente Maduro y el Gobierno Nacional a que les ayuden, ya que, según el Consejo de Contraloría Social del Sistema de Justicia Judicial (CCSSJJ), vienen siendo objeto de "persecución judicial" con una "acusación falsa", hecha por un terrateniente, que se dice dueño de un predio que tenia muchos años abandonado e inculto.

Informan comunidades de la zona que... "decidimos recuperarlo para contruir nuestras viviendas, y aunque mantuvimos una reunión con él y firmamos un acuerdo de pago de las tierras que él reclama como propietario, supuestamente lo asesoraron para que nos denunciara como invasores, lo que es totalmente falso y tenemos ahora más de un año presentándonos ante el Tribunal Tercero de Control del Estado Portuguesa, sin que se pueda realizar una audiencia de imputación que se ha suspendido por mas de cinco veces".

Agregan en su denuncia que: "Nos mantienen hostigados diciéndonos que vamos presos, lo que originó que solicitaramos apoyo al Comite de Contraloria Social al Sistema de Justicia Judicial, donde el ciudadano Carlos Paredes se mantiene en pie de lucha, tratando que los factores que intervienen en este asunto (3CS-12520-2017) garanticen el debido proceso y la tutela judicial efectiva, lo que se ha hecho totalmente imposible por el abuso de poder de los intervinientes en el proceso".

Agradecen a todas las autoridades del Estado y del Gobierno que puedan coadyuvar para resolver esta situación que les tiene "en estado de vulnerabilidad", ya que, según los afectados, "las instituciones como alcaldía, tribunal, Ministerio Público... están parcializados con el presunto dueño, quien es un terrateniente que usa su poder económico para subyugar a los más débiles".

 



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