El caso RCTV, Condolezza Rice, la SIP y el oligopolio de los medios

¿La libertad de expresión tiene apellido?

La decisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de no renovar la concesión del uso de la licencia para un canal de televisión abierto al holding privado RCTV, ha provocado un terremoto mediático y político, en el país caribeño y en el continente. A los previsibles chillidos histéricos de la SIP, se sumó ahora, y es una muestra de la importancia real de lo que está en juego, la voz del jefe, perdón debí decir jefa, Condolezza Rice, quién violentó todos los procedimientos para introducir el tema en la OEA.

La señora con nombre de grano, dejó por un momento su prioridad número uno, la guerra santa contra el terrorismo islámico, para presionar de todas las maneras posibles para que la OEA condene a Venezuela por atacar la sacrosanta Libertad de Expresión y defender la “prensa independiente”.

Si será clave y estratégico para el poder el papel de los medios de comunicación, que una de las máximas figuras de la reacción y el poder en el mundo, que no otra cosa es Rice, se juega personalmente en su defensa.

EEUU intentó sin éxito que la OEA ingresara formalmente al debate el tema de RCTV, como no lo logró y con la prepotencia que caracteriza al imperio, lo introdujo directamente a través de Rice.

La canciller gringa dijo en el seno de la Asamblea de la OEA que “sería difícil que cualquier comisión debatiera más profundamente, investigara más profundamente y criticara más profundamente las políticas del gobierno de Estados Unidos que lo que hacen cada noche CNN, ABC, CBS o NBC”.

"En eso radica la libertad de prensa: que, en una democracia, los ciudadanos de un país deben tener la garantía de que las políticas de su gobierno se someterán a la crítica de una prensa libre e independiente, sin la interferencia de su gobierno", añadió.

La discusión sobre la situación de la prensa y la información en EEUU es de por sí atractiva y tentadora para abordar por ejemplo cuan “independientes” fueron las coberturas sobre la invasión a Irak, como se puede aceptar que los periodistas de esos mismos medios que pone como ejemplo Rice llegaran y sigan llegando a los lugares montados en los tanques invasores y como se convalidó sin que nadie se ruborizara que las informaciones tuvieran la censura previa del Pentágono.

También sería muy interesante debatir, como puede ser libre un sistema de información conformado por un gigantesco oligopolio dueño de todas las versiones de medios de comunicación que reproduce un discurso único y que además, tiene libretado hasta el disenso. Sería muy aleccionador que Rice explicara en que escalón de “independencia” entran los periodistas que se descubrió cobraban sueldos del propio gobierno de EEUU para escribir contra Cuba en los medios “independientes” de la muy libre Miami.

Y por supuesto, sería sumamente enriquecedor que Rice explicara porque esos mismos medios CNN, ABC, CBS y NBC tienen el poder de generar más del 70% de los contenidos informativos en su país y además, como puede hablar de libertad un gobierno que con la célebre Patriot Act, se arroga el derecho de espiar, leer los correos, intervenir los teléfonos y vigilar a sus propios ciudadanos.

Pero esto, siendo importante, no es lo principal. La movida de Rice, tiene un mérito fundamental, en su actitud y sus palabras explicita sin necesidad de mayores explicaciones las verdaderas razones y motivaciones de la campaña internacional contra el gobierno de Venezuela y el fin de la concesión a RCTV.

Libertad de prensa y libertad de empresa

Para entrar a fondo en este debate, parece interesante sustraerse de las anécdotas o de los hechos puntuales y apuntar a algunos ejes que podrían ser los fundamentales y que ojala sean los permanentes, no sólo en Venezuela, sino en toda América Latina.

Para empezar, hay una confusión interesada entre conceptos claves como derecho a la información de que casi no se habla, libertad de expresión y libertad de prensa.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Ciudadano del año 1948, dice en su articulo 19: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión".

Lo que la sociedad y el Estado como parte de la misma, deben guardar y defender, es en primer lugar el derecho de la ciudadanía como colectivo y de los ciudadanos como individuos, a recibir una información lo más completa y plural posible. Es decir, el derecho a la información.

En segundo lugar, deben guardar y defender, el derecho de la ciudadanía como colectivo y de los ciudadanos como individuos, a expresar y transmitir, sus ideas y opiniones en libertad. Es decir la libertad de expresión.

Para resumirlo, el derecho a la información y la libertad de expresión, son de la ciudadanía y de los ciudadanos, no son derechos de una corporación, los periodistas y mucho menos, como quieren hacerlo aparecer de los dueños de los medios.

Por supuesto que para expresarse plenamente necesitan de la libertad de prensa, pero no se agotan en la existencia de medios privados y mucho menos se garantizan sosteniendo por toda la eternidad los oligopolios mediáticos actuales o fortaleciéndolos.

No es lo mismo, libertad de prensa que libertad de empresa y el derecho a la información y la libertad de expresión, no pueden quedar librados a la voluntad y las decisiones de un grupo, cada vez más reducido de empresarios y empresas mediáticas.

Eso es lo que esconde la triste e impresentable Sociedad Interamericana de Prensa, que nunca defendió, ni defenderá el derecho a la información y la libertad de expresión. Lo mostraron históricamente cuando respaldaron a Strossner, Pinochet, Batista, Somoza, Videla y los golpes contra Arbenz en Guatemala y la dictadura en Uruguay, por citar algunos ejemplos. Lo siguieron mostrando cuando todos los distinguidos miembros del holding cavernario de los Diarios de América, se alinearon cual cruzados, defendiendo y apoyando el golpe de Estado contra el gobierno democrático de Venezuela en 2002.

La SIP, como nucleamiento de empresarios, que eso es y bien reaccionarios dicho sea de paso, defendió, defiende y defenderá, su negocio, su concepción de la información como mercancía y su parte del pastel del poder, que ejercen sin cortapisas ni disimulo.

¿La libertad de expresión tiene apellido?

¿Qué es lo que está en juego entonces? Desde mi modesta perspectiva, lo primero es aclarar, como ya se ha hecho hasta el cansancio, que en Venezuela nadie cerró o clausuró ningún canal.

Simplemente se terminó y no se renovó, en uso de las disposiciones legales, la concesión a una corporación privada para hacer uso del espacio radioeléctrico, en este caso un canal abierto de TV, que es de todos no de ellos.

Según un artículo publicado por la colega Stella Calloni : “RCTV y la empresa Venevisión, fundada en 1960, controlaban en conjunto el 80 por ciento de los canales de televisión, transmitían 80 por ciento de los mensajes y contenidos que se difundían en Venezuela y se beneficiaban con el 85 por ciento de la inversión publicitaria en medios de comunicación. Según registros hasta ahora no cuestionados por nadie, correspondientes a fines de 2006, el 75,8% del espacio radioeléctrico venezolano está en manos privadas. La televisión privada en banda UHF tiene el 56,41% del total de la distribución nacional, las televisoras oficiales ocupan sólo el 7,69%. En cuanto a estaciones de radio, un documento de Conatel indica que las FM operadas por empresas privadas ocupan un 71,31%, frente a un 1,62% de medios públicos. Nuevas leyes y reglamentaciones, elaboradas con el propósito de "democratizar la información y la comunicación", han dado lugar a la creación de 193 medios de comunicación alternativos, 167 de ellos emisoras radiales y 28 estaciones de televisión. Así, la TV alternativa ocupa un 35,89% del espacio total y las radio comunitarias el 27,07%”.

Las cifras hablan por sí solas y que democratiza la información y el sistema de medios y que no, también queda meridianamente claro.

Pero como conclusión final, parece recomendable, desmontar la última falacia que se introduce en este saludable debate, sobre la libertad de expresión y las empresas mediáticas.

La posición de RCTV, la sacrosanta SIP y la distinguida miss Rice, es entonces que nunca se podrá cambiar la propiedad de los medios, y que las concesiones deben ser vitalicias, eternas, para que no se atente contra la libertad de expresión.

Por lo tanto, para tan distinguidas instituciones y personalidades, la libertad de expresión tiene apellido y es la de ellos.

Para garantizar la libertad de expresión entonces, el holding Cisneros debe tener la concesión vitalicia de los canales de televisión en Venezuela, Chile, Panamá y el resto de los países, lo mismo Televisa y para pasarlo a términos uruguayos, las tres familias dueñas de los canales abiertos Scheck, Romay y De Feo, deben seguirlos teniendo para siempre sino se atentaría contra la libertad de expresión.

Eso es falso. La libertad de expresión es de todos, no es la de ellos. Las sociedades latinoamericanas y sus pueblos, tienen todo el derecho del mundo de discutir y resolver que hacer con sus espacios radioeléctricos. Por supuesto con todas las garantías del caso, por supuesto con todos los procedimientos legales y también por supuesto, con toda la transparencia necesaria.

Pero teniendo claro, que la concentración en poquísimas manos de la propiedad de los medios de comunicación, es hoy el principal problema de nuestros países para lograr una verdadera democracia informativa y es el que hay que atacar y resolver. Para ello hay que terminar con el oligopolio en la propiedad de los medios, en la elaboración, producción, emisión y distribución de noticias. También con el oligopolio de la compra de papel prensa y por supuesto, con el monopolio de la distribución de productos periodísticos. Hay que permitir que florezcan los medios de propiedad social, las expresiones comunitarias, terminar con la persecución y penalización a las radios y canales comunitarios; terminar con el acoso, despido, censura y asesinato de periodistas.

Defender el derecho de todos, implica entre otras cosas terminar con el privilegio espurio e injustificado que desde hace años detentan unos pocos en los medios de comunicación. Es una tarea difícil y compleja, pero impostergable para la democratización plena de nuestras sociedades.

Periodista uruguayo.


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Gabriel Mazzarovich


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