13 marzo 2019 - El Parlamento francés aprobó este miércoles una ley que incrementa las acciones de represión contra manifestantes, en el contexto de las protestas de los chalecos amarillos.
El procedimiento parlamentario terminó la noche del martes al miércoles con un voto en la Cámara Alta, donde el texto recibió el apoyo de 210 senadores, de los partidos de derechas y centristas, incluidos una mayoría de la formación del presidente, Emmanuel Macron, La República en Marcha (LREM).
Uno de los puntos más polémicos es que los prefectos (delegados del Gobierno) podrán prohibir la participación en manifestaciones a personas que representen “una amenaza de particular gravedad para el orden público”, con una pena para los incumplidores de hasta seis meses de cárcel y 7.500 euros de multa. Eso va dirigido a quienes hayan cometido actos graves contra la integridad física de personas o “daños graves” contra bienes en manifestaciones precedentes.
En contra se pronunciaron los socialistas, comunistas y otros senadores de izquierdas, mientras hubo 18 abstenciones, entre ellos cinco parlamentarios de LREM, según el escrutinio publicado por la web del Senado.
Aunque el Gobierno apoyó la nueva norma, el ministro de Interior, Christophe Castaner, confirmó que Macron va a someter la ley al Consejo Constitucional -también lo hará la izquierda, pero por diferentes razones- para “despejar todas las sospechas”.
Entre otras disposiciones, las fuerzas del orden podrán llevar a cabo, si lo solicita la Fiscalía, registros de bolsos y vehículos donde se organicen manifestaciones o en los alrededores para buscar armas u objetos que pudieran servir para causar daños.
Aquellos que oculten voluntariamente su cara en una manifestación para no ser identificados, salvo que puedan alegar un “motivo legítimo”, serán susceptibles de ser condenados a un año de cárcel y 15.000 euros de multa. Las personas a las que se prohíba acudir a manifestaciones serán inscritas en el fichero de personas buscadas por las fuerzas del orden.
En el origen, esta ley surgió de una proposición legislativa de Los Republicanos, el Gobierno se sumó a la iniciativa en enero, tras varias semanas de acciones de los “chalecos amarillos”.
