Fuente: La mula.pe
La humanidad hace frente en el Antropoceno a un desafío sin precedentes para garantizar su existencia y la de muchos otros seres vivos que forman parte de la biosfera. La complejidad de la reciente crisis provocada por el COVID 19 en sus aspectos sanitarios, económicos, sociales, políticos y geopolíticos, no puede entenderse a cabalidad si no se relaciona con la crisis ecológica global y el creciente caos climático que de manera acelerada padecemos en la actualidad,
Los serios daños causados al ambiente son cada vez más objeto de preocupación a escala mundial, regional y local. Desde la esfera del derecho se ha intentado dar respuestas a esta situación, apelando a la interdicción y restricción de comportamientos que atentan contra los ritmos y procesos ecológicos. Así se identifican y penalizan crímenes ambientales o delitos ecológicos. Ellos abarcan un conjunto de actividades que van desde explotación maderera ilegal hasta pesquería depredadora, pasando por caza furtiva, tala indiscriminada, tráfico ilegal de substancias que descomponen la capa de ozono, tráfico de animales salvajes, vertido y transporte clandestino de desechos peligrosos, mala gestión de desechos electrónicos, entre otros. Esto incluye también acciones realizadas contra el ambiente en el marco de crímenes de guerra. Abarca además dimensiones transnacionales en las que tales actividades son aún mucho más lucrativas. Todas ellas representan serias amenazas a la salud y la estabilidad de los ecosistemas, contribuyendo también al deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones humanas, al aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria, y la promoción de la injusticia ambiental. Pueden también debilitar las instituciones debido a la corrupción y el crimen organizado con los que se asocian.
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No obstante, los principales impactos negativos que se registran en el ambiente provienen de actividades desarrolladas en las modernas sociedades industrializadas que conducen al saqueo de la naturaleza y a alteraciones sustanciales del clima. De tal manera que no resulta del todo fácil distinguir entre conductas consideradas delictivas por las normativas ambientales y efectos ilegales de acciones antiecológicas tenidas como legales. Como ejemplo de estas últimas podemos citar los casos de explosiones de plataformas petroleras, colapsos de represas mineras, y emisiones de gases de efecto invernadero que sobrepasan largamente los límites establecidos por acuerdos internacionales para mitigar los efectos del cambio climático; igualmente cabe hacer referencia al ejemplo de la polución ambiental de extensos territorios provocada por megaproyectos extractivos que implican el deterioro de ecosistemas estratégicos y la degradación de las condiciones de vida de innumerables comunidades humanas. En este contexto ha surgido el concepto de ecocidio que ha permeado el debate político y ciudadano en diversos países. La noción de ecocidio tiene por raíces eco, que significa casa en griego (Oikos) y cidio que proviene del latín occidere y significa matar. Literalmente se alude aquí a todas aquellas acciones que culminan en la destrucción masiva de naturaleza y la destrucción en gran escala de vastas porciones del ambiente,
En los últimos años el apoyo al concepto de ecocidio ha crecido significativamente en distintas partes del mundo y ha ingresado en la esfera política. Pero es importante no caer en la trampa de un combate esencialmente simbólico sino apuntar a la adopción de una herramienta nueva efectiva y eficaz cuyo empleo pueda ser ligado a la responsabilidad ambiental de las corporaciones estatales y privadas y a las preocupaciones sociales vinculadas a la ocurrencia de desastres ambientales. Paradójicamente, mientras los ecocidios y los crímenes graves contra la naturaleza tienden a aumentar, solo en una pequeña proporción esos dossiers explosivos son asumidos por las instancias judiciales. Por otro lado, hay una clara relación entre el incremento de los ecocidios y la corrupción.
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La corrupción, en su forma fundamental, es un abuso por parte de personas y grupos que detentan una posición de confianza, mediante el cual se obtienen ganancias monetarias u otros beneficios que pueden también llegar a manos de asociados o parientes. La corrupción ocurre tanto en el sector privado como en el estatal y adopta diferentes formas. La modalidad más común de corrupción consiste en pagar o recibir sobornos, y en favoritismo a cambio de ganancias personales. Sin embargo, también se relaciona frecuentemente con lavado de dinero, evasión de impuestos, malversación de fondos, fraude, robo, falsificación de cuentas, conflictos de interés, chantaje y, en algunas oportunidades, terrorismo financiero. La corrupción no es un accidente, es intencional.
La corrupción, que es un fenómeno muy antiguo en el mundo, alcanza en nuestros días un altísimo valor a nivel global. La corrupción puede encontrarse en todos los niveles de la sociedad e incluye desde pequeños sobornos hasta esquemas de corrupción en gran escala en los que altos funcionarios gubernamentales o altos ejecutivos empresariales terminan con muchos millones o más valores provenientes de procedimientos ilícitos. El mayor problema de la corrupción es quizás el hecho de que, tal y como ocurre en ciertos países como la Venezuela actual, se ha convertido en parte integral de la esfera política, la dinámica social y los negocios. La corrupción desvía fondos que han sido previamente destinados a otras cosas.