23-11-21.-La eurodiputada Isabel Santos, Jefa de la Delegación de Observadores de la UE (MOE-UE), indicó este martes a través de una rueda de prensa, que la misión identificó fallas en el Estado de derecho, uso de recursos públicos, puntos rojos el día de las elecciones y judicialización de partidos de forma arbitraria.

La campaña electoral para estas elecciones estuvo marcada por uso de los recursos del Estado, no existieron sanciones ante las irregularidades que se presentaron y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) necesita ser reforzado en sus poderes sancionatorios, indicó.

"Durante los últimos días ha habido muchas especulaciones sobre nuestra misión. Quiero aclarar que se trata de una misión neutral e imparcial. Todos nuestros observadores se han apegado al código de conducta, se han comprometido a respetar la soberanía, mantener una estricta imparcialidad y no interferir. Las misiones no son un instrumento de injerencia sobre las venezolanas y los venezolanos", destacó Santos.

De igual forma, señaló que este era un informe preliminar, y que aún quedan aún etapas críticas incluyendo el escrutinio, por lo que la Unión Europea continuará observando.

La eurodiputada solicitó que el informe no sea politizado ya que el objetivo es tratar de mejorar los procesos democráticos en el país. “Yo combatiré cualquier intento de interpretar intereses partidistas con los que no tenemos nada que ver", resaltó.

"Las elecciones se han implementado en mejores condiciones en comparación con procesos electorales anteriores", aseguró. "El Consejo Nacional Electoral, que fue renovado en mayo de 2021, es visto como la administración electoral más equilibrada que ha tenido Venezuela en los últimos 20 años, lo que es clave para reconstruir la confianza en la vida política”.

Otras irregularidades: puntos rojos, hechos de violencia y restricciones a la libertad de expresión
Santos expresó que los observadores fueron testigos del establecimiento de puntos rojos cercanos a los centros electorales, a pesar de su prohibición por parte del ente rector.

También lamentó el asesinato de un votante en el estado Zulia, las agresiones a un observador electoral y a defensores de derechos humanos. "Eso no tiene cabida en un proceso democrático", recalcó.

Sobre el trabajo de los medios de comunicación y los periodistas en la cobertura de los comicios Santos expuso que el informe recoge violaciones a los derechos de libertad de expresión, libertad de prensa y de información.

Cuestionó además los impedimentos, agresiones y hostigamientos que varios funcionarios del Plan República cometieron contra los comunicadores sociales en algunas regiones del país.

Llama la atención sobre las inhabilitaciones a políticos que adversan al Gobierno y señalan que “se mantiene la inhabilitación política arbitraria de candidatos de oposición…”

“El marco jurídico venezolano cumple con la mayoría de los estándares electorales internacionales básicos. Sin embargo, algunas leyes, en particular la ley de 202 que permite al Contralor General suspender el derecho fundamental de los candidatos a participar en las elecciones mediante un procedimiento administrativo, la falta de independencia judicial y el irrespeto al Estado de Derecho afectaron desfavorablemente a la igualdad de condiciones y a la equidad y transparencia de las elecciones”, señala el informe preliminar de la misión.

Destaca la suspensión del derecho a participar de candidatos del partido Comunista de Venezuela “y a los partidos disidentes de la coalición gobernante”.

Por último, reiteró que son independientes, neutrales e imparciales, y “todos nuestros observadores, sin ninguna excepción, se apegaron al código de conducta”.