En la ULA urge romper con su destrucción y acabar con empobrecimiento de miembros de su comunidad universitaria

En anteriores oportunidades me he referido en artículos publicados en aporrea sobre la grave problemática institucional y académica que confronta la Universidad de Los Andes. Situación, que entre otras razones expondré más adelante, está en la permanencia de autoridades rectorales electas en 2008 y donde algunos decanos elegidos en esa ocasión han renunciado de su cargo yéndose del país siendo sustituidos por profesores/as como suplentes que en algunos casos alcanza hasta tres sustituciones. Pero la razón que más ha influido en esta problemática institucional y académica es la actuación del Rector que permaneciendo por una década en su cargo su gestión ha estado caracterizada por conducir a esta institución por caminos de destrucción y anti-Universidad. Situación que en esta ocasión vuelvo a exponer extrayendo de los artículos publicados los principales aspectos que la caracterizan de esa manera a objeto de no aludir de nuevo en hechos y procesos ya descritos.

El propósito de este artículo es: uno, resaltar y llamar de nuevo la atención sobre una problemática que ya es insostenible y continúe provocando daños institucionales y académicos a nuestra primera casa de estudios; y dos, exigir la realización cuanto antes de un proceso electoral para elegir nuevas autoridades universitarias Rectorales, decanales, representación profesoral, egresados, estudiantil, empleados y obreros. A tal fin, considero que este artículo se convierta en un medio para llamar la atención en tal sentido y sea una vía para alcanzar dichos objetivos.

Los artículos de los cuales se hace extractos de la situación de destrucción y anti-universidad en la ULA son:

Inicio del recuento:

1.Nueva batalla (luz roja) en defensa de la autonomía universitaria venezolana (II) (Publicado en aporrea en octubre de 2021)

La Universidad de Los Andes es más importante institución pública educativa, científica, humanística, tecnológica y cultural de la Región Andina, una de las mejores de nuestro país con proyección internacional. En la actualidad se encuentra en situación extremadamente crítica en todos los aspectos: humanos, físicos, institucionales, académicos, presupuestarios y pobreza para mayoría integrantes de personal académico, administrativo y obrero por paupérrimos salarios y pérdida de derechos como prestaciones sociales y pasivos laborales, entre otros. Es una institución fundamental para la vida económica, social y cultural del estado Mérida, Región Los Andes y nacional que está prácticamente paralizada donde cunde por desidia y abandono robo de valiosos equipos, bienes e instrumentos de infraestructura científica y tecnológica adquiridos en décadas que son patrimonio material e inmaterial de la ULA y Nación venezolana; donde existen autoridades por varios años permaneciendo en sus cargos al infinitum al no haberse realizado elecciones que por autonomía universitaria deben efectuarse para elección y renovación de autoridades, situación que viola la democracia participativa y protagónica establecida en Articulo 6 de la Constitución Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Ante esta realidad urge proclamar que la ULA no puede continuar en esta situación con evidentes signos destructivos. Corresponde a miembros de su comunidad universitaria comprometidos con su presente y futuro asumir plena conciencia de esta situación y una actitud de su rescate puesto que es una institución pública, democrática y popular que no puede entenderse como propiedad de intereses individuales o colectivos, organizaciones para-universitarias, partidos o gobierno alguno indiferentes o acordes con lo que pasa con nuestra Universidad porque a fin de cuenta ellos se favorecen con este caos y abandono institucional.

Igual ocurre con resto de universidades autónomas nacionales que presentan situaciones similares a las descritas. Basados en esta problemática el Grupo Miradas Múltiples (GMM) ha discutido sobre la esta situación de la ULA y analizado la posibilidad de elaborar un documento contentivo de varias propuestas dirigidas al interior de esta Universidad como al conjunto de universidades autónomas, tomando en consideración el contexto global de universalidades que conforman la educación universitaria venezolana y darlo a conocer ampliamente al pueblo, instancias universitarias, Consejo Nacional de Universidades (CNU) y gobierno nacional cuyo objetivo central sea llamar la atención para definir y elaborar una acción programática capaz de superar la situación en que ellas se encuentran.

Este planteamiento se hace con base a tres artículos de la CRPV: Artículo 102 que expresa "La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado con la participación de las familias, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la ley"; el Artículo 109 que consagra el principio y jerarquía de autonomía universitaria para que su comunidad se dé sus propias formas de gobierno y autoridades "para dedicarse a la búsqueda del conocimiento científico, humanístico y tecnológico, para beneficio espiritual y material de la Nación"; y Artículo 3 que dice: "El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respecto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos en esta Constitución. La educación y el trabajo son procesos fundamentales para alcanzar estos fines".

Con base al texto constitucional venezolano que consagra principios, fines y jerarquías establecidos para su misión es indispensable que sea rescatada de la actual situación en que están las Universidades Autónomas, como parte de un proceso para revitalizar la autonomía universitaria y redimensionar a las universidades autónomas que implica: primero, que en ejercicio de autonomía se convoque cuanto antes la elección de nuevas autoridades; segundo, que en pleno ejercicio de la autonomía universitaria el pensamiento crítico, innovador y soberano sea instrumento fundamental para que la Universidad sea siempre la casa que vence las sombras; tercero, que en ejercicio de la autonomía universitaria se eliminen prácticas transfiguradas y perversas en la Universidad garantizando que autoridades realicen su gestión con base al pleno respeto a lo establecido en el artículo 109 (CRBV) y la Ley de Universidades en su artículo 9; cuarto, que las universidades autónomas como instituciones fundamentales consoliden su presencia en nuestro país, América Latina, el Caribe, y el mundo. Igualmente al interior del Consejo Nacional de Universidades (CNU) en el marco de la pluralidad y diversidad que debe caracterizar a la educación universitaria para evitar que ésta sea dirigida de acuerdo a parciales líneas gubernamentales sino en atención a los máximos intereses del pueblo y República Bolivariana; en quinto lugar, que se inicie un proceso de evaluación y transformación dirigido a elaborar un Plan Nacional de Educación Universitaria en el que se contemple la apertura de nuevas modalidades de carreras profesionales acordes con necesidades y aspiraciones de población estudiantil, Nación venezolana y se analice la vigencia o no de múltiples programas de estudios; en sexto lugar, que los miembros de la comunidad universitaria como parte de la clase trabajadora devenguen salarios dignos y justos al cual tienen pleno derecho; en séptimo lugar, se acoja formas de gestión administrativa y financiamiento resultado del análisis y de experiencias presupuestarias que propendan al desarrollo académico de las universidades; en octavo lugar, que se discuta ampliamente sobre el conflicto histórico entre universidades autónomas y gobierno como una vía para establecer vías de cooperación para el desarrollo de estas instituciones y República Bolivariana de Venezuela; en noveno lugar, se haga una evaluación sobre los efectos que tanto para el desarrollo científico, tecnológico y humanístico de instituciones de educación universitaria como al país se ha producido consecuencia de la emigración de gran cantidad de profesionales y miembros del personal docente e investigación de nuestras universidades; en décimo lugar, expresar rechazo por interés gubernamental de estar aplicando políticas hacia las universidades autónomas propias de Ley de Universidades aprobada por Asamblea Nacional el 23/12/2010 y vetada por el presidente Chávez al considerarla "inaplicable por razones de carácter teóricos, prácticos, técnicos y políticos" (Carta del Presidente Hugo Chávez al Presidente de Asamblea Nacional Fernando Soto Rojas el 5 de enero de 2011).

2.Alerta educación universitaria (universidades autónomas) venezolana/as (Publicado en aporrea 23/01/2022)

En la actualidad pudiera decirse que la realidad de la educación universitaria venezolana, en particular, de las universidades autónomas es caótica. Son diversos los factores que concurren para ello y ha sido el resultado de varios años que los mismos vienen ocurriendo hasta llegar a una situación que está en pleno desenvolvimiento sin saberse cuál será el destino final. Pero a los factores de carácter sociopolíticos que son históricos y más adelante se exponen hay que agregar la pandemia del COVID 19 que emergió a finales de 2019 en una región de China y rápidamente se expandió a todo el mundo. En efecto, esta pandemia provocó a nivel mundial una reacción donde la población se vio obligada a asumir formas de distanciamiento social ante medidas sanitarias decididas por determinados gobiernos que llevó a que millones de ciudadanas/as, trabajadores/as, a no asistir a sus sitios de trabajo o lugares habituales de concurrencia. En este contexto, son los centros educacionales, públicos o privados, en diversos niveles, los que están significativamente afectados por la situación que se presenta en los mismos ante la inasistencia o abandono de sus puestos de trabajo por trabajadores/as de la enseñanza, estudiantes y personas dedicadas a la administración escolar producto de las medidas sanitarias de anti contagio del virus COVOD 19. Ante la pandemia del COVID 19 en Venezuela el gobierno nacional tomó desde marzo de 2020 medidas sanitarias para toda la población mantenidas hasta el presente, entre las cuales está el distanciamiento social en los respectivos centros educativos que por supuesto han incidido en la profundización y agudización de la crítica realidad de las universidades autónomas.

La situación caótica se manifiesta, en sus aspectos más resaltantes en: la casi total paralización de las actividades académicas y universitarias, algunas de ellas se realizan de manera eventual y en condiciones de escasez por ausencia de suficiente personal docente e investigación muchos de ellos al haberse ido del país, entre otras razones, por salarios paupérrimos que también tiene el personal administrativo y obrero, pérdida de los pasivos laborales y el valor de las prestaciones sociales; deficientes servicios de limpieza, insuficiente infraestructura académica por sustracción de valiosos bienes y equipos de laboratorios y otros espacios por robo descarado cometido por mafias e individuos inescrupulosos que han atentado contra el patrimonio de las universidades; carencia de medios de transporte público y privado en el abastecimiento del combustible para el traslado del personal universitario a sus sitios de trabajo (en el estado Mérida desaparecieron las estaciones de servicio subsidiadas por lo que la compra de la gasolina debe hacerse en dólares); reducción considerable de la matrícula estudiantil al haberse producido una elevada deserción de estudiantes por razones socioeconómicas, políticas y migración fuera de Venezuela de población joven; pérdida de la institucionalidad universitaria de autoridades al permanecer en sus cargos por más de diez años y hasta el infinito por la ausencia en realización de las elecciones universitarias que según el principio de autonomía universitaria y democracia participativa y protagónica consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela han debido celebrarse; carencia de un auténtico y solido liderazgo universitario capaz de enfrentar esta situación ante la ausencia de mecanismos institucionales propios debilitados a consecuencia del proceso de pérdida de institucionalidad autonómica; toda esta realidad aunada a contexto de incertidumbre institucional que tanto el Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) han mantenido por decisiones erradicas, omisiones y carencia de criterios claramente definidos para el rescate y valorización de la autonomía universitaria que contribuya al funcionamiento y desarrollo de la educación universitaria en lo científico, tecnológico, humanístico y cultural de la Nación y bienestar del pueblo venezolano.

Lo anterior corresponde a los aspectos que revelan la situación caótica de las universidades autónomas, que en conjunto suman 17 instituciones. Pero preciso es analizar otros aspectos que intentan explicar que ha originado esta problemática. El primero, atañe a analizar cuáles son las causas determinantes de esta realidad; el segundo, presentar cómo ha afectado esta realidad el presente y futuro de las universidades autónomas venezolanas e implicaciones para el desarrollo científico, tecnológico, cultural y social de la nación, tomando como caso la Universidad de Los Andes (ULA).

El primer aspecto lo englobo teniendo dos causas fundamentales:

La primera, manifestar que esta realidad es producto y está determinada por la orquestada intervención imperial capitalista neoliberal de EEUU, UE y gobiernos lacayos de América Latina, el Caribe y una minoría del mundo, junto a sectores anti patria internos que han promovido y respaldado las acciones ejecutadas por esta alianza contra el proceso revolucionario bolivariano durante más de veinte años. En esta confrontación se ha ejecutado todo tipo de acciones que el pueblo venezolano las conoce suficientemente y de las que ha resultado afectado de forma criminal en aspectos vitales de su vida que en este momento sería prolifero mencionar dichos actos conspirativos y desestabilizadores contra Venezuela (Ver Pascualina Curcio Curcio El Comando Sur y la vergonzosa Asamblea Nacional 2016-2020 Arremetida Imperial (2020) El Perro y La Rana). En esta lucha y guerra la participación de sectores dominantes de las universidades autónomas ha sido respaldar la mayoría de los actos de este tipo, comenzando por el golpe de Estado que contra presidente Hugo Chávez F. realizó la oposición el 11-12 de abril 2002 donde FAPUV hizo público su apoyo en la prensa nacional y continuó con esta línea política cuando autoridades universitarias y miembros de su comunidad dieron respaldo al paro petrolero del 2002-2003 ejecutado por la elite meritocrata de PDVSA. En los últimos años autoridades universitarias, Consejos Universitarios, profesores/as, empleados/as y obreros/as de algunas universidades autónomas se sumaron a respaldar el adefesio hecho imperial de Donald Trump de proclamar a Juan Guaidó "presidente" de Venezuela; acción resaltada con la asistencia que hizo el Encargado de Negocios de la Embajada de EEUU en Venezuela al Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La segunda causa tiene como factor la actuación que el Gobierno Nacional ha tenido con las universidades autónomas, bien como respuesta a la participación de éstas en la confrontación señalada o producto de concepciones anti autonómicas existentes en determinados espacios gubernamentales y legislativos puesto de manifiesto a lo largo de estos años, expresada de tal forma que no han estado exentas de confrontación, deficiencias, errores, decisiones burocráticas y hasta actitudes indolentes de parte de altos funcionarios que deberían por el contrario asumir máxima voluntad patriótica ante una problemática que compete y compromete a todo el país; acciones que indudablemente han incidido en esta situación de conflicto.

Otro asunto conflictivo a señalar es la discrepancia que históricamente ha existido entre autoridades universitarias y Ejecutivo Nacional por darle un presupuesto justo a las universidades; cuestión que tiene múltiples componentes divergentes entre ambos sectores. De la misma manera es notorio que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) ha actuado displicentemente para abordar la problemática de las universidades autónomas, máxime cuando los Rectores de estas casas de estudios decidieron ausentarse de las reuniones de este organismo siendo que éste ha podido realizar encuentros interuniversitarios de reflexión y discusión con miembros de su comunidad que le permitieran vislumbrar e implementar alternativas de solución a una situación cada vez más complicada, crítica e insostenible.

Segundo aspecto, los efectos e implicaciones que esta realidad ha provocado en las universidades es grave y profunda expresada en múltiples facetas académicas, de infraestructura, humanas, institucionales, que en conjunto evidencia procesos de destrucción y retroceso que en algunas áreas académicas demuestran hasta de cincuenta años atrás que de no actuarse con la pertinencia y urgencia del caso para eliminar los factores que las han provocado tal vez durará muchos años en poder solventarlas. Esta realidad de deterioro, destrucción y retroceso la observamos directamente al acudir a espacios universitarios, cuando de vez en cuando se trasmiten noticias de cómo los robos y el desmantelamiento de instalaciones, bienes y equipos de diverso tipo, entre ellos los electrónicos y médicos los más buscados, son sustraídos de la universidad ocurriendo primero, que hasta ahora las autoridades universitarias no hayan enfrentado y denunciado eficaz y sistemáticamente ante los organismos del Estado para ponerle fin a esta sangría y encarcelar a los delincuentes (ver en Internet Robos en ULA-Mérida); en segundo lugar, que instancias universitarias gubernamentales tampoco han tomado medidas legales y judiciales para ponerle fin a esta mafia de ladrones y desmantelamiento universitario. Sí las autoridades universitarias no han asumido esta responsabilidad compete a organismos como el CNU tomar decisiones al respecto basado en Artículo 18 de la Ley de Universidades (1970) que declara "es el organismo encargado de asegurar el cumplimiento de la presente Ley de Universidades, de coordinar las relaciones entre sí y con el resto del sistema educativo, de armonizar sus planes docentes, culturales y científicos y de planificar su desarrollo de acuerdo con as necesidades del país". Nada sería más indicado que el CNU decidiera abrir una investigación y hacer un diagnóstico del estado actual en que se encuentran estas instituciones producto de la situación provocada por los robos, el abandono y procesos destructivos en que se encuentran que compromete gravemente el potencial científico, tecnológico y humanístico de las mismas; infraestructura científica-tecnológica difícil de recuperar dado el proceso de desarrollo y consolidación que las universidades autónomas habían podido alcanzar en provecho del país y el pueblo venezolano en su conjunto.

3. Denuncio ante el presidente Maduro y el CNU situación de las universidades (Publicado en aporrea 18/06/2022)

Valiéndome del anuncio hecho al país por el presidente Nicolás Maduro de hacer uso del 1x10, de Buen Gobierno, a través de este artículo denuncio con todo respeto ante presidente Maduro y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) la insostenible situación que confronta la comunidad universitaria de Universidades autónomas, debido a que existen dos aspectos fundamentales que obstaculizan el pleno funcionamiento y desarrollo de estas instituciones: uno de orden democrático y autonómico y el otro referente a lamentables condiciones de vida que confronta la comunidad universitaria (profesores/as, empleados/as y obrero/as) por los paupérrimos salarios que percibimos como trabajadores/as que laboramos en ellas y ahora por desconocimiento de legítimos derechos laborales existentes en nuestro país. Vale reconocer que esta situación igual existe para las universidades no autónomas y desde el punto de vista de condiciones salariales abarca a todo el sector educativo nacional.

En el orden democrático y autonómico es evidente y notoria la no realización de elecciones para elegir nuevas autoridades universitarias siendo que las últimas efectuadas fueron en 2012; que de acuerdo al Artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) donde se establece la autonomía universitaria como principio y jerarquía han debido realizarse en 2016. Hasta el presente estas autoridades han permanecido en sus cargos totalmente deslegitimadas desde el punto de vista universitario con todo lo que ello ha significado para el funcionamiento negativo de las universidades, siendo infructuosas hasta estos momentos las resoluciones para realizar las respectivas elecciones universitarias. En el caso salarial y laboral la comunidad universitaria debido a decisiones gubernamentales últimamente asumidas ha visto como se ha violentado y desconocido ilegalmente el derecho a un salario digno y a derechos laborales acordados en las convenciones colectivas que de acuerdo a la CRBV y a Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras. (LOTTT) han sido debidamente firmadas.

Esta situación contrasta plenamente con el trato que durante la gestión presidencial de Hugo Chávez dio al sector universitario en todo momento reconociendo y respetando aspectos claves como: respeto a la autonomía universitaria que de hecho se consagró en la CRBV; pleno respeto al artículo Constitucional No. 3 en el que dice: "El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son procesos fundamentales para alcanzar tales fines"; cancelando la deuda social con los miembros de la comunidad universitaria; vetando la anti universitaria y anti autonómica Ley de Universidades de 2010 aprobada por la Asamblea Nacional; devolviendo espacios y dependencias universitarias a la UCV quitados a esta institución por gobiernos anteriores; creando nuevas universidades en beneficio de la Nación; redactando y decretando una LOTTT dirigida a garantizar y blindar de toda forma de explotación y expoliación humana y social de la clase obrera venezolana por parte de sus patrones tal como se hace en otros países y cuyos derechos sociales y laborales son inexistentes y duramente combatidos; y respetando y reconociendo la digna condición de profesionales y trabajadores/as al servicio de lo que Libertador Simón Bolívar proclamó: "Moral y luces son nuestras primeras necesidades".

En este sentido, compartiendo lo que es un sentimiento y una actitud de gran parte de la comunidad universitaria es que escribo este artículo y solicito que esta situación sea debidamente analizada y considerada al interior del Consejo Nacional de Universidades en cuanto a decidir sobre el llamado inmediato de elecciones para elegir a nuevas autoridades universitarias, así como resolver la inconstitucional e ilegal decisión tomada por organismos gubernamentales de desconocer y violar acuerdos y convenciones laborales que consagra los derechos laborales como derechos adquiridos, progresivos y que bajo el Artículo 25 de la CRBV todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo y los/as funcionarios/as públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa. Cuál sería la reacción del Ejecutivo Nacional si la comunidad universitaria y el sector educativo globalmente demandaran a responsables de tal violación ante los organismos judiciales competentes con base a lo establecido en este artículo 25 si las denuncias y reclamos en favor del respeto a los derechos laborales adquiridos se ignore. Además, de acuerdo a la vigente Ley de Universidades el CNU es competente para decidir en asuntos de las universidades tal como se establece en los Artículos 18-19, y específicamente en este último artículo que el numeral 16 expresa: "16.- Convocar a elecciones en los casos en que el Consejo Universitario o la Comisión Electoral no lo hubieren hecho en la oportunidad legal correspondiente. A este efecto dictará cuantas medidas fueren necesarias para que se realicen los comicios respectivos, y cuidará en todo momento de que este proceso electoral se desarrolle normalmente".

Esta solicitud se considera como materia urgente dado que confluyen a la vez dos hechos que como se ha expresado van contra el buen funcionamiento y desarrollo de las instituciones de educación universitaria: el primero, es que la no realización de elecciones dirigidas a renovar autoridades universitarias según las normas previstas en la CRBV y Ley de Universidades no puede continuar al infinito, junto desconocimiento tanto al principio de democracia participativa y protagónica de sistema de gobierno de Venezuela, como del principio y jerarquía de la autonomía universitaria que ha sido asumido, entre otras cosas, por actuales autoridades a su entera conveniencia y particulares intereses; y el segundo, al hecho insostenible de que los miembros de la comunidad universitaria devenguen salarios paupérrimos y se desconozca derechos laborales legítimamente adquiridos violándose toda normativa establecida en la Constitución de 1999 y en la LOTTT (2012) referente al bienestar y seguridad social del pueblo venezolano.

Es claro que leyendo hoy día viernes 17 de junio en aporrea la convocatoria al Foro sobre el Instructivo de la ONAPRE y la Ley Anti Bloqueo a realizarse este mismo día viernes en la UCV, podemos decir que por contenido e intenciones expuestas en dicho instrumento que afecta los derechos laborales adquiridos de los trabajadores/as de Venezuela representa el más grave atentado contra la CRBV y la LOTTT proveniente de un organismo del Gobierno Nacional, decisión adoptada para aplicar por primera vez lo expuesto en la Ley Anti Bloqueo "de inaplicar leyes y normas que obstaculicen" determinada política económica; en este caso la anunciada apertura hacia el capital transnacional capitalista mediante venta de acciones de empresas públicas como PDVSA, empresas básicas y otras más en la Bolsa de Valores de Venezuela tal como lo anunció el presidente Nicolás Maduro recientemente. Fin del recuento.

Hecho este recuento es necesario decir que esta situación es completamente insostenible para gran parte de la comunidad universitaria de la ULA que tiene en sus manos y en su voluntad la capacidad para revertirla, eliminando esa realidad y enrumbe a nuestra primera casa de estudios por un camino de pleno restablecimiento autonómico y desarrollo académico e institucional. En una gran mayoría de integrantes de la comunidad universitaria existe la convicción que el primer paso para resolver esta situación es la convocatoria y realización de un proceso electoral para elegir nuevas autoridades. Máxime cuando la no realización en diez años de elecciones para renovar sus autoridades representa un hecho insólito y antidemocrático no solo en la ULA sino en todas las universidades autónomas, puesto que desde que se decretó la Ley de Universidades el 5 de diciembre de 1958 a partir de 1959 al 2008 las elecciones universitarias se realizaban de manera constante en cada una los respectivos procesos electorales. Claro está que esta situación de no elecciones tiene que ver, primero, con impugnaciones hechas y desacuerdos existentes producto del Artículo 34, Numeral 3, de la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2009), y en segundo lugar, por el hecho que autoridades aprovechándose de esta circunstancia la han utilizado para mantenerse indefinidamente en sus cargos con fines meramente personales y grupales.

Junto a esta problemática de anti-universidad y destrucción institucional y académica directamente relacionada con la actuación Rectoral hay que plantear de nuevo la responsabilidad que en esta situación tiene el gobierno nacional caracterizado por: claro intervencionismo, actitud displicente hacia los problemas universitarios y un comportamiento hostil con la comunidad universitaria. Sobre todo lo que más resalta e indigna es que el gobierno en alianza con partidos sobrevivientes de la cuarta República y sectores empresariales privados tengan una política para: suprimir legítimos derechos y beneficios laborales de esta comunidad; que haya derrumbado (junto a la guerra económica imperial) la calidad de vida y bienestar social del personal universitario al persistir mantener salarios y sueldos paupérrimos; pérdida de prestaciones sociales; la prácticamente desaparición de Cajas de Ahorros, fondos de jubilaciones y otras organizaciones sociales creadas para favorecer y garantizar su seguridad y estabilidad laboral al negarse a transferirle para su funcionamiento los descuentos que nos hacen de nuestros sueldos y salarios. Todo esto es una estructura institucional y legal previamente creada durante décadas por la comunidad universitaria cuya existencia está amparada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Ley Orgánica de Seguridad Social (2000), Ley Orgánica de Educación (2009), Ley Orgánica del Trabajo (2012), Ley de Universidades (1970) y los convenios federativos y sindicales aprobados en los últimos años en Venezuela.

La existencia de estos dos factores, gestión destructora de anti-universidad Rectoral, por un lado, y actuación del gobierno nacional para destruir la calidad de vida y bienestar social de la comunidad universitaria, por el otro, obliga a la comunidad universitaria de la ULA a actuar cuanto antes con suficiente fuerza para eliminar ambos procesos destructivos descritos en este artículo. En aras de este planteamiento considero que la vía más expedita es la realización de nuevas elecciones donde la comunidad universitaria en su conjunto presente un plan que restaure la autonomía, su institucionalidad académica y plantee la plena y absoluta defensa, protección y restauración de los derechos y beneficios laborales de la clase trabajadora universitaria hasta ahora conculcados inconstitucionalmente por el gobierno nacional valiéndose de artificios leguleyos (ANC: 2017-2020; AN: 2020-2025) para violar y desaplicar normas Constitucionales, de la LOTT y demás instrumentos legales, Actas Convenios y Acuerdos Federativos y Sindicales firmados entre el gobierno nacional y la clase trabajadora venezolana.

Por lo tanto, por los planteamientos aquí expuestos en relación con la ULA hemos de concluir que la línea democrática correcta es el restablecimiento institucional de la ULA y acabar con el progresivo empobrecimiento de los miembros de su comunidad universitaria cuya vía fundamental es la pronta celebración de elecciones para elegir nuevas autoridades universitarias tal como se ha señalado anteriormente. Igualmente expresar que la ULA ha de apoyar la iniciativa tomada en la UCV de realizar en mayo el proceso electoral de elección de nuevas autoridades, como también procurar que este sea un proceso a realizarse en el resto de las Universidades Autónomas para el bien del país y del pueblo venezolano.

Para finalizar debo decir lo siguiente: el hecho que haya planteado dentro de este artículo la situación de empobrecimiento de los miembros de la comunidad universitaria de la ULA no quiere decir que esta realidad sea exclusiva de ella; puesto que ella afecta a todo el pueblo venezolano. En este sentido ha de entenderse que la lucha social de la clase trabajadora debe ser el factor fundamental para romper con este proceso de deterioro y pérdida de la calidad de vida y bienestar de la mayoría de la población venezolana, cuyas causas determinantes están en la guerra económica imperial de EEUU y la política económica neoliberal del gobierno nacional que preside Nicolás Maduro definida e impulsada tenazmente por el antinacional Banco Central de Venezuela principales ejecutores de ese Programa de Ajuste Estructural empobrecedor de la clase trabajadora y pérdida de la Soberanía Nacional. Pérdida de soberanía que se manifiesta al someterse el gobierno de Nicolás Maduro a orientaciones de organismos internacionales que históricamente han sido contrarios a la clase obrera revolucionaria mundial como es el caso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) creada para proteger y privilegiar los intereses de la economía mundial capitalista en espacial a las empresas transnacionales. Como parte de la política neoliberal del gobierno venezolano la OIT está en Venezuela en función de amparar a los sectores privados empresariales agrupados en la organización golpista Fedecámaras (y no como un dirigente "sindical" asesor de una de las centrales oficialistas "obreras" en entrevista esta semana en el Programa Al Aire que trasmite VTV que los llamó "los compatriotas de Fedecámaras").

El autor es Sociólogo (UCV). Profesor Titular activo de la Universidad de Los Andes. Dr. en Ciencias Sociales (ULA).



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Amado Moreno Pérez

Sociólogo (UCV). Profesor Titular activo de la Universidad de Los Andes. Dr. En Ciencias Humanas.

 amadoula@hotmail.com

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