Manacho no tendrá zapatos en Venezuela

Con alivio, Pedro fue a buscar su caja CLAP en el liceo del sector. Ya el hecho de que fuesen (¡por fin!) a entregarla, ya constituía motivo de esa alegría ambigua del Job militante: lo peor, es decir que no la dieran o que se retrasara otro mes después de haber sido pagada, al menos no ocurrió. Por eso aceptó como otro detalle sin importancia, que tuviera que llevar unas bolsas para llevar los productos mexicanos, nicaragüenses y brasileños, por cuanto debía devolver la caja de cartón en la cual habían empaquetado los víveres, que salía en las fotos que se divulgaban por el grupo wasap oficial.

No hay necesidad de pasearse por las circunstancias que explican esa escasez repentina de cajas de cartón, las cuales, por otra parte, ilustra la situación económica del país y el estilo de las respuestas que se le da. La producción de cajas de cartón en Venezuela ha sido prácticamente monopolizada desde hace más de 60 años, por una empresa transnacional: Smurfit Kappa. Esto no es nada raro: sabemos el tipo de industrialización dependiente que se aplicó en el país. La empresa en cuestión tiene plantas en cuatro ciudades del país y empleaba (ya el tiempo del verbo indica algo) unos 1600 trabajadores, según información de la propia empresa. Si por un lado, en la década de los 70, el monopolio había sido señalado como ecocida por la sustitución de sembradíos de alimentos por pinos, afectando a muchos campesinos en Yaracuy; ella también había iniciado hace unos años iniciativas de “responsabilidad social” como una fundación que impulsa la instrucción técnica de jóvenes en el estado Portuguesa. Ya desde julio, el sindicato de la empresa venía denunciando que ella estaba aplicando una política de reducción de personal, con “cajitas felices”. De hecho, el contingente de trabajadores se redujo en un 20%. Las razones esgrimidas tenían que ver con dificultades con la materia prima, importada en su mayor parte, aunque la producción se alimente también de material reciclable y sus sembradíos de árboles. Al parecer, la directiva que venía del centro directivo de la empresa, en el exterior, tendía a una reducción significativa de costos, por dos vías: reducción de personal y aumento de precios. La conjunción de ambas políticas motivó la intervención del SUNDEE en los últimos días de agosto que incluyó la detención de dos gerentes. El CLAP dependía de las cajas de Smurfit Kappa también.

El desenlace ya es ampliamente conocido: la matriz transnacional del monopolio se desentendió oficialmente de sus instalaciones aquí y anunció acciones legales para recuperar sus activos en el país. Los trabajadores quedaron a merced del gobierno y la producción de cajas de cartón se paralizó. Por eso Pedro no pudo llevarse en una caja de cartón sus productos mexicanos, nicaragüenses y brasileños para su familia, sino en las bolsas que agenció en otras partes. Cabe destacar el parecido de este proceso con otros, donde el Estado ha intervenido y nacionalizado empresas de la incipiente y dependiente industrialización nacional, avanzada hace unos 60 años. Los gerentes de la corporación (casi siempre monopolios vinculados al capital extranjero) aducen problemas de materia prima importada, lo cual, por supuesto, está asociado con la sequía de divisas del país desde hace ya varios años, y se inicia un proceso de despido disimulado de personal. Los trabajadores organizados salen al ruedo a defender sus intereses de empleo y remuneración e invitan a intervenir al gobierno. Este al fin lo hace y se encuentra de pronto con unas plantas, unos activos, que terminan paralizados por razones diversas, comenzando por la improvisación de las medidas y la ineptitud de los encargados. Ramas enteras de la producción se van al diablo.

Hace poco Eleazar Díaz Rangel publicaba unos señalamientos a propósito de la escasez de la leche y la carne, que se referían al colapso de empresas agroproductoras que habían sido intervenidas y estatizadas en situaciones parecidas a la de Smurfit y otras. Un ejemplo es el de “Lácteos los Andes”, una empresa que todavía en 2009 suministraba el 36% de productos refrigerados (leche, bebidas lácteas, yogurts y jugos) que se consumían en el país, y está paralizada y no se ven sus productos por ninguna parte. Otro caso es el de la planta de leche “La Batalla” en Barinas donde antes se procesaban más de 120 mil litros de leche diarios, y se procesaba quesos y otros productos, y hoy, en manos del estado, también está parada. Si hablamos de carne ¿dónde están los miles de toros del hato “la Marqueseña”, convertida en nada menos que el “Centro tecnológico Productivo Florentino”, que hoy en día no produce nada. Igual: el Hato Caroní en Barinas, el Hato el Frío en Apure (35 mil reses) y el Charcote en Cojedes (10mil animales).

Lo mismo que con la leche y la carne, pudiera hablarse de los anunciados centrales azucareras anunciadas por el propio Comandante Chávez y las procesadoras de café (el Peñón, por ejemplo). Pero detengámonos aquí. Son 700 empresas que el propio presidente Maduro hace poco anunció que serían revisadas. Vistos los resultados, uno puede opinar que en realidad no hubo ningún plan industrializador. Las cacareadas “control obrero”, “comités productivos de trabajadores” y demás formulas, no terminaron de cuajar. Todo se ha reducido a una bravata, una acción demostrativa de que el gobierno puede hacer y hace porque “es arrecho”. Una improvisación más. Una nueva versión de la arbitrariedad del déspota caudillista decimonónico y, como resultado final, no tenemos ni alimentos ni cajas de cartón. Todo se paraliza. Como si alguien (piensa mal y acertarás) preparara una venta de garaje del país.

Lo curioso es que hoy hay ministros clave en el diseño de la política económica del gobierno, quienes incluso se presentan como “artífices” del último “Plan de Recuperación Económica” (por supuesto, me refiero al muy discutido Castro Soteldo), que resucitan la tesis de una burguesía “revolucionaria y transformadora” (bien pudo haber dicho “nacional”) que siempre estuvo en las tesis de la “Revolución por etapas” que Stalin y la Internacional Comunista de los 30 divulgaba por toda la periferia dependiente como receta para la “Liberación Nacional”. Incluso importantes gobernadores, como el de Carabobo, hacen reflexiones sobre el vínculo del socialismo con el libre mercado, que dicen extraídas del ideario de Deng Hsiao Ping, el inspirador de la nueva China asociada con los capitales transnacionales, defensora del libre comercio en el mundo y potencia en plena competencia por el dominio mundial con Estados Unidos.

Pero eso no es nada: la llamada “Ley Terminator” de protección de las inversiones extranjeras y la creación de Zonas Económicas Especiales, arco minero incluido, configuran toda una orientación general: la aplicación del modelo chino de un capitalismo abierto a las transnacionales con una mano de obra barata. En ese contexto, luce desubicado aplicarle eso a Smurfit y, sobre todo, mantener esas empresas estatizadas, paradas y, encima, hacerle el juego al cierre de monopolios transnacionales. Es posible que no estemos viendo cosas. En todo caso, las olemos.

Si la línea general es aplicar el modelo chino, entonces es coherente eso de calcular las prestaciones y aguinaldos, no a partir de múltiplos del salario mínimo, sino sobre la base de una cantidad unilateralmente establecida por el gobierno, pasando por encima de las contrataciones colectivas. Igual de coherente sería reprivatizar (así sea disimuladamente) algunas empresas que estarían ahora en manos de una nueva burguesía “revolucionaria” emergente. Tal vez. En todo caso, la clase obrera tiene la palabra.



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Jesús Puerta


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