08-06-19.-Durante 2018 Provea identificó a 970 víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo que supuso un incremento de 179% respecto a la cifra registrada en 2017.
Se registraron denuncias contra 12 organismos de seguridad y una contra agrupaciones paramilitares; de estos se desglosan ocho organismos de ámbito nacional, siendo responsables por 83,50% de los casos (810). El cuerpo de seguridad que acumuló el mayor número de denuncias fue el Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) del Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios (MPPAP), un cuerpo élite diseñado para proveer seguridad en los recintos carcelarios que estuvo involucrado en 288 denuncias (29,69%) por trato cruel, inhumano y degradante contra igual número de mujeres recluidas en la Cárcel de Uribana, en el estado Lara.
Al GRIC le siguió el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que para el período analizado acumuló un total de 201 denuncias (20,72%) con igual número de víctimas. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fue el cuerpo de ámbito nacional que ocupó el tercer lugar en cuanto a denuncias por tratos crueles, inhumanos y degradantes en 2018, con un total de 25 casos (2,57%).
Las policías regionales y municipales fueron señaladas en seis de los casos (0,61%), mientras que las agrupaciones paramilitares fueron señaladas en 20 denuncias (2,06%) de agresiones físicas y golpizas contra trabajadores que manifestaban. En 134 casos de muertes ocurridas en el período a consecuencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes la autoría es directamente responsabilidad de las altas autoridades del Estado venezolano. Se trata de 134 personas privadas de libertad que murieron en comisarías a consecuencia de hambre y enfermedades.
