El lunes 24 de noviembre de 2025 se ha anunciado, desde ciertos centros de poder internacional, la decisión de declarar al gobierno y a las instituciones venezolanas como una "red terrorista". Este acto, revestido de un lenguaje aparentemente técnico y jurídico, constituye en realidad una maniobra política de profundo calado. No se trata de un gesto neutral ni de una simple clasificación administrativa: es la utilización del poder de nombrar como arma de intervención y dominación.
Nombrar es ejercer poder. En la arena internacional, cuando un Estado o un movimiento es etiquetado como "terrorista", se activa un mecanismo de aislamiento que busca deslegitimar su existencia, reducirlo a una amenaza y justificar medidas de presión económica, diplomática e incluso militar. La palabra se convierte en un instrumento de guerra, más eficaz que los cañones, porque prepara el terreno para la agresión y la sanción.
El calificativo de "terrorista" ha servido para bloquear cuentas, impedir transacciones financieras, restringir el comercio y, en última instancia, legitimar intervenciones armadas. Se trata de un recurso que, bajo la apariencia de legalidad, viola los principios fundamentales del derecho internacional: la igualdad soberana de los Estados, la no intervención en asuntos internos y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
En el caso venezolano, la declaración constituye un acto abiertamente ilegal y antiético. Ilegal, porque ningún Estado ni coalición de Estados tiene la facultad de erigirse en juez universal para determinar la naturaleza de otro gobierno soberano. Esa potestad corresponde únicamente a instancias multilaterales legítimas, como la Asamblea General de las Naciones Unidas, y siempre bajo procedimientos claros y consensuados. Antiético, porque se manipula el dolor real que el terrorismo ha causado en el mundo para convertirlo en un arma retórica contra un país que no se somete a los dictados imperiales.
La estrategia es clara: aislar a Venezuela, impedir su acceso a los mercados, desmoralizar a su pueblo y sembrar dudas en la comunidad internacional. Se busca que el término "terrorista" opere como un estigma que cierre puertas y justifique agresiones. Pero detrás de esa etiqueta no hay un análisis objetivo ni pruebas verificables, sino la voluntad política de castigar a los Estados antiimperialistas.
El poder de nombrar, se convierte en un poder de destruir. Quien controla el lenguaje controla la percepción y quien controla la percepción controla la acción. Por eso resulta imprescindible denunciar esta maniobra mediática y desenmascarar su carácter intervencionista. Venezuela no es una red terrorista.
