Bachelet y el fin de la impunidad

Ante todo quisiéramos agradecer a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la ex presidenta Michelle Bachelet, su visita al país y haber recibido las denuncias de violación de los Derechos Humanos: casos de persecución, exilio, detención, secuestro y tortura por razones políticas, los casos de muertes producto de la violencia política, y, muy particularmente, le agradecemos el haber recibido y escuchado a las esposas y familiares de los trabajadores de PDVSA y militares secuestrados por el gobierno.

Es la primera vez en 20 años, que se requiere la intervención del sistema de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos en el país; y, por primera vez, con su visita se visibiliza y reconoce un hecho que ha estado silenciado producto de la intolerancia política: el gobierno de maduro persigue, exilia, encarcela, secuestra, maltrata y tortura, con especial saña, a los chavistas que estamos en contra de su gobierno, sean éstos políticos, trabajadores, militares o ex ministros.

La visita de Bachelet descubre una gran verdad oculta en nuestro país; y es que este gobierno, que no tiene nada de chavista y mucho menos de revolucionario, ha impuesto el miedo y la represión hacia el campo chavista para mantener desmovilizadas y paralizadas por el miedo a lo que se supone debía ser la vanguardia y conciencia de la revolución: el psuv, los trabajadores, el movimiento popular y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la única fuerza capaz de removerlo del poder.

El madurismo sabe que solo el chavismo será capaz de ponerle punto final a este desastre. A eso le teme más que a nada y por ello actúa con especial violencia, reprimiendo a nuestros dirigentes, trabajadores y militantes para mantenerlos callados y desmovilizados.

Al madurismo se le acabó el tiempo, la situación es insostenible, política, económica y socialmente. Las sociedades no se suicidan. La caída o salida del poder de maduro y del madurismo es cuestión de tiempo. Lamentablemente, y en la misma medida en que el madurismo ha cerrado todas las opciones constitucionales y políticas, parece que será por una acción violenta, cruenta, que puede tener signo de izquierda o derecha.

Más temprano que tarde, cuando menos lo imagine el madurismo, irrumpirá una fuerza o conmoción política que pondrá fin a su gobierno tiránico.

Ojalá que la salida del poder del madurismo suceda por la acción del chavismo y del campo bolivariano, bajo la conducción de una Junta Patriótica de Gobierno, inclusiva; porque de lo contrario, su salida será por un golpe de mano de la extrema derecha, haciéndose del poder para dar rienda suelta a la intolerancia y el odio, entregar lo que queda al capital transnacional, abdicando abierta y definitivamente de nuestra soberanía. Bajo este escenario nuestro país entrará, irremediablemente, a un largo periodo de ingobernabilidad, con el chavismo en la calle y la imposibilidad de lograr la unidad necesaria para reconstruir el país.

Pareciera que la única manera de que el desenlace sea pacífico, será si los factores internacionales en pugna obliguen a un entendimiento entre las partes. Washington y Moscú están llegando a acuerdos respecto a Venezuela y ello ha permitido que avance la facilitación internacional en esa dirección, como lo evidencian los esfuerzos diplomáticos adelantados por Noruega, en Oslo, y por el grupo de amigos liderados por Suecia, Italia, Uruguay, México entre otros. Todas estas opciones están andando, lamentablemente, de espaldas al país.

La más peligrosa de ellas es la salida violenta o intervención extranjera estimulada y promovida por la extrema derecha, cuyos dirigentes están convencidos, y así lo han prometido a sus financistas, que tomarán el poder.

No cesan en su empeño y están dispuestos a lo que sea. De allí mi llamado reiterado a las fuerzas patriotas y chavistas, sobre todo a los militares, a no actuar de manera desesperada, acompañando a la extrema derecha en cuanta aventura se le ocurra.

No se trata de sacar a maduro para entregar el poder a la rancia oligarquía, enemigos de lo que se ha construyó con tanto esfuerzo y que está consagrado en nuestra Constitución y los objetivos históricos del Plan de la Patria.

Se trata de instalar una Junta Patriótica de Gobierno para restablecer la soberanía popular. Una Junta que incluya a los sectores nacionales y patriotas que estén comprometidos con la Constitución, donde esté la Fuerza Armada Bolivariana como garante, para conducir al país, por un período no mayor de dos años, en un proceso de restablecimiento de la legitimidad de todos los poderes del Estado, atención a la crisis humanitaria, económica y social, restablecimiento de las garantías políticas y plenas libertades. Se trata de un esfuerzo colectivo, incorporar a todos, a los millones que han salido de la patria; consultar al pueblo a través del voto universal y secreto, en referéndum y elecciones para todos los órganos de elección popular y, de esta manera, comenzar a recuperar la gobernabilidad y normalidad del país.

La visita de Bachelet ha sido un logro de los familiares, organizaciones y sectores que nos hemos movilizado para denunciar la violación de los Derechos Humanos en el país y debe enmarcarse en un proceso que ya está en marcha, y que promete un cambio de la situación política.

Sin que la opinión pública lo pueda percibir, el madurismo está haciendo concesiones y cumpliendo exigencias de los mismos factores internacionales que hasta ahora lo han sostenido, pero que, viendo que sus propios intereses están al borde del abismo, se han distanciado o están llegando a acuerdos por encima de maduro.

El gobierno está dividido y se impone el grupo, encabezado por el propio maduro, que está cediendo, hace concesiones porque tiene el agua al cuello, porque, a pesar de que está parado sobre los hombros del pueblo venezolano, sabe que su posición es insostenible. Este grupo ahora trata de lavar su cara, en el ámbito económico y político, cede el Esequibo a la Exxon Mobil, publica tardíamente, y a la carrera, cifras del BCV, firma concesiones petroleras, gasíferas, de oro y entrega todos los activos del Estado, de la República, que pueda, mientras negocian una salida. El otro grupo, que será objeto de la negociación, sigue dando saltos grotescos de guerra.

El gobierno trata de manipular y capitalizar la visita de Bachelet. Se ha comprometido con la Alta Comisionada, de acuerdo a lo indicado por ella, a "llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y para determinar los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país". Igualmente se compromete a que el equipo de la ONU tenga "acceso a los centros de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad", entre otras promesas.

En aras de ayudar al reducido equipo de la Alta Comisionada que fue autorizado a permanecer en el país, podríamos indicar las siguientes acciones para que el gobierno comience a cumplir sus promesas y cese la impunidad que lo caracteriza:

  • Fé de vida y levantamiento de información de todos los secuestrados en centros de detención, incluyendo a los trabajadores de PDVSA y los efectivos de la FANB. Precisar su ubicación.

  • Certificación por el equipo de la Alta Comisionada de la lista de presos políticos, civiles y militares, trabajadores de PDVSA, efectivos de la FANB.

  • Fé de vida del Mayor General Rodríguez Torres y del General Raúl Baduel.

  • Reconocer el carácter de presos políticos de los secuestrados por maduro por razones políticas y razzias en instituciones y empresas públicas, como PDVSA, Corpoelec y Ferrominera entre otras.

  • Exigir que se incluyan dentro de los censos y consideraciones aquí expuestas, a todos los presos de las mencionadas cárceles, evitando que, bajo el calificativo de "presos comunes", acusaciones de "corrupción" o "traición" , se desvirtúe el carácter político de su reclusión. Éste es el caso de los trabajadores de PDVSA y de los militares.

  • Inspección a los centros de detención del Sebin, Dgcim, La Tumba, Fuerte Tiuna, El Helicoide. Entrevistas a los detenidos-secuestrados.

  • Exigir un censo de cárceles y centros de reclusión de todo el país, con el número y la identificación, así como, el status de sus juicios y procedimientos penales, de presos y secuestrados por razones políticas y comunes así como, el estado físico de los mismos.

  • Identificar uno a uno el status de los procedimientos penales de cada uno de los imputados y privados de libertad en las cárceles antes indicada.

  • Debe exigirse que se proceda a otorgar las audiencias correspondientes a los imputados que han sido privados de libertad. (En este sentido, debe exigirse el cumplimiento de la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal cuyos artículos 9 y 229 son muy claros al señalar que la privación de libertad de un imputado es de carácter EXCEPCIONAL. Es decir, no es regla que un imputado sea privado de su libertad, todo lo contrario. Si no fuera así, no existiría el derecho a la presunción de inocencia. La detención preventiva es excepcional, y la norma que la permite es de interpretación restrictiva. En consecuencia, según el artículo 132 ejusdem, a las 12 horas de la aprehensión de una persona, debe notificarse al Juez; a las 24 horas (art. 232) más 48 (art. 233), debe producirse la audiencia y la decisión del Juez, de lo contrario, el imputado ha de quedar automáticamente en libertad).

  • Debe garantizarse que ningún imputado se mantenga, tal como lo establece el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, más de dos años en custodia. Lo contrario, constituye un HECHO NOTORIO de violación por parte del gobierno, de los Derechos Humanos.

  • Debe garantizarse, tal como lo señala el artículo 231 ejusdem, que ningún imputado mayor de 70 años, sea detenido (privado de libertad) siquiera preventivamente.

  • Debe garantizarse que las actuaciones policiales cumplan las reglas establecidas en la ley para su intervención, durante la aprehensión y participación en todo el proceso penal (art. 119 ejusdem), so pena de incurrir en responsabilidades penales.

  • De garantizarse que se generen responsabilidades a los funcionarios que violen los Derechos Humanos de los imputados, tal como lo establece el artículo 123 ejusdem.

  • Debe garantizarse el respeto a la dignidad, debido proceso, defensa, contradictorio, presunción de inocencia, protección de la Constitución, Cosa Juzgada, de los imputados (artículos 10 y siguientes ejusdem).

  • Debe, sobre todo, garantizarse que la acción penal esté en manos del Estado a través del Ministerio Público debidamente restituido, y no de un órgano distinto, menos aún del presidente de la República ( art. 11 ejusdem).

  • Garantizar que cesen las torturas, secuestros, exilios, confiscaciones de bienes, tanto de los imputados, como de sus familiares.

  • Liberación inmediata de todos los detenidos y secuestrados, incluyendo a los trabajadores de PDVSA y efectivos de la FANB.

  • Facilidades al equipo de la Alta Comisionada para que se puedan recibir familiares y víctimas de violación de los DDHH en las oficinas de la ONU en Caracas y, dados los severos problemas de transporte existentes, abrir centros de atención en el oriente y occidente del país para el mismo propósito.

  • Crear una Comisión internacional de Juristas que revisen los juicios y procedimientos aplicados a los imputados por el Ministerio Público o bajo medidas judiciales.

  • Que se restablezcan el derecho a la dignidad, la reputación, la defensa, la presunción de la inocencia.

  • Eliminar el uso de la justicia como instrumento de persecución política.

  • Que el gobierno y una misión política de la ONU garantice los derechos y plena libertad de los exiliados políticos para que podamos retornar al país.

  • Intervenir o disolver la "Comisión de la Verdad". Crear un organismo de Juristas internacionales, con el apoyo de la ONU, que investigue todos los crímenes y hechos de violencia política ocurrida en el país, entre 2013-2019, incluyendo la muerte en custodia del ex ministro Nelson Martínez.

  • Solicitar la Intervención del Ministerio Público y que una comisión independiente de juristas pueda efectuar una revisión de todos los casos e imputaciones que ha formulado dicho organismo. Es Fiscal General debe renunciar.

  • Abrir un proceso acelerado y transparente para resolver y revisar los casos judiciales que estén en curso, sin sentencia firme.

  • Solicitar la intervención y desactivación del FAES. Investigar los crímenes y violaciones a los DDHH de este organismo.

  • Solicitar la intervención del SEBIN. Investigar los crímenes y violaciones a los DDHH de este organismo. Recibir e investigar las denuncias formuladas por el Mayor General Cristopher Figuera

  • Investigar los crímenes y violaciones a los DDHH cometidos por el Dgcim.

  • Anular las Órdenes de extradición y captura emitidas por el TSJ en fecha 17 de agosto de 2018.

  • Permitir el acceso del equipo de la Alta Comisionada a los penales para presos comunes del país.

  • Investigar los casos de muertes y matanzas en dichos penales, así como abrir una investigación sobre la muerte de más de 67 presos comunes quemados vivos en calabozos de la policía de Carabobo, el día 29 de marzo de 2018.

  • Exigir al gobierno, los ministerios respectivos y al Instituto Nacional de Estadística, la publicación de todas las estadísticas en relación a la salud, mortalidad infantil, educación y todos los indicadores de desarrollo social en el país.

  • Solicitar apoyo a la OPS, OMS, la UNICEF, la ACNUR, la FAO, la CEPAL, entre otros organismos de las Naciones Unidas, para restablecer el levantamiento y las estadísticas de los indicadores económicos y sociales en el país.

  • Hacer un levantamiento nacional, con el apoyo de la Cruz Roja, la OMS, OPS y otras organizaciones internacionales de las necesidades de medicamentos y tratamientos especiales para enfermedades crónicas y de alto riesgo, así como el estado de la infraestructura de salud en el país.

  • Hacer un levantamiento nacional, con apoyo de la FAO, UNICEF y otros organismos de la ONU, de las necesidades de alimentación y los niveles de desnutrición en el país, sobre todo en niños, mujeres embarazadas y ancianos.

Verdaderamente, la oficina de la Alta Comisionada y demás organismos de las Naciones Unidas tendrían mucho que hacer en el país; todos los sectores nacionales tenemos que sumar esfuerzos y voluntades para prestar todo el apoyo a esta encomiable labor, así como para desenmascarar esta absurda e intolerable situación de violación de los DDHH que sufre nuestro pueblo.

Reconocer y entender que los DDHH deben tratarse sin politización, ni discriminación, son universales y para todos. Que no se puede tolerar ninguna muerte, ningún atropello, ningún gobierno, y menos uno que se proclama, al menos, progresista, puede sustentarse sobre el sufrimiento y la crueldad.

Reconocer a la otra mitad del país, que los Chavistas presos, torturados y perseguidos por el madurismo, somos ciudadanos, seres humanos que tenemos, por tanto, derechos y haremos que se respeten. Seamos todos, como una sola voz, los que exigimos el cese a la impunidad del gobierno, el respeto a los Derechos Humanos y la plena vigencia de nuestra Constitución.



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Rafael Ramírez Carreño

Ingeniero y político venezolano. Ex-embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU. Ex-ministro de Energía y Minas y expresidente de empresa pública Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) hasta el año 2014. Militante Revolucionario, Chavista y Bolivariano.

 @RRamirezVE

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