Estados Unidos, país cuyo gobierno se precia de ser cabeza, modelo y
juez de la “democracia” en el mundo, es una de las naciones con mayor
retraso en materia de derechos humanos.

Así lo afirma y fundamenta la escritora y destacada jurista, profesora
y luchadora social venezolana por los derechos humanos Laila Tajeldine
en artículo reproducido por la red “Rebelión”.

Por impedimentos legislativos propios, Estados Unidos no es parte de
Convenciones internacionales tales como las que versan sobre los
derechos de los niños; los derechos de personas con discapacidad; los
derechos económicos, sociales y culturales; la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer; los derechos los
trabajadores migratorios y de sus familiares; la protección contra
desapariciones forzadas; contra el reclutamiento, la utilización, la
financiación y el entrenamiento de mercenarios; la represión y castigo
del crimen de apartheid; contra el apartheid en los deportes; y el
protocolo facultativo del pacto internacional sobre los derechos
civiles y políticos destinados a abolir la pena de muerte.

Para evitar que se juzgue a sus soldados por la aplicación de
torturas, masacres, asesinatos extrajudiciales y otros crímenes de
guerra y lesa humanidad que cometan, Washington no reconoce para sí la
competencia de la Corte Penal Internacional.

Según reputadas fuentes, 66 millones de personas viven por debajo del
umbral de la pobreza en Estados Unidos y el 51% de los estudiantes de
escuelas públicas de Estados Unidos están en la pobreza.

En Estados Unidos, más de 50 millones de personas no tienen seguro
médico y otra cantidad mayor cuenta una cobertura de salud
ineficiente. El asunto es particularmente grave para los pobres, los
afroamericanos y otros grupos con acceso limitado a la atención
médica.

El salario de las mujeres es, como promedio, un 22% inferior al de los
hombres con igual contenido laboral.

Las corporaciones mediáticas estadounidenses ignoran la persecución
política que se practica contra quienes contrarían las políticas
bipartidistas y capitalistas en Estados Unidos. Se oculta que hay
alrededor de un centenar de presos políticos en ese país por luchar
por los derechos civiles y políticos de la población afroamericana, la
independencia de Puerto Rico, contra el fascismo y el racismo, por los
derechos de las mujeres, etc.

Las prisiones privadas que funcionan en Estados Unidos han admitido
que las altas tasas de encarcelamiento benefician sus negocios. Las
cárceles aportan mano de obra más barata y no reconocen horas extras.

Según el Centro Internacional de Estudios Carcelarios de Londres,
Estados Unidos tiene 2,3 millones de personas privadas de libertad, la
cifra más alta de presos en el mundo. El país tiene 5% de la población
mundial y su población carcelaria representa el 23% de los privados de
libertad a nivel global.

La población afroamericana representa el 36% de los presos en Estados
Unidos, pese a que la población total afroamericana en ese país es de
12,6%. Los afroamericanos representan el 59% de los condenados y el
74% de los que reciben cadena perpetua.

Aproximadamente el 3% de presos en todas las cárceles de Estados
Unidos reportan haber experimentado uno o varios incidentes de abuso
sexual en el período de 2011-2012. Desde el 2013 estos tipos de
estudios fueron cancelados en ese país por el impacto en la sociedad
de las conclusiones.

Según un estudio publicado por el Left Business Observer de Estados
Unidos, el 20% del PIB de Estados Unidos proviene de lo que se produce
en las cárceles. Muchas compañías como IBM, Boeing, Motorola,
Microsoft, AT&T, Wireless, Revlon, Macy`s, están produciendo desde las
cárceles, beneficiándose de su mano de obra barata.
Los recientes actos de brutalidad policial contra la población
afroamericana demuestran que la discriminación racial sigue siendo
política de Estado en ese país.

En Estados Unidos cerca de 100 mil niños inmigrantes y negros son
obligados a realizar trabajos forzados y sin ninguna protección del
Estado. En los campos agrícolas los niños suelen trabajar diez o más
horas diarias y corren el riesgo de intoxicación por pesticidas,
envenenamiento, enfermedades producidas por el calor, lesiones,
discapacidades permanentes o muerte.

Laila Tajeldine concluye señalando que “se hace necesario la
conformación de un movimiento internacional no comprometido con las
grandes corporaciones económicas, que se unan a la lucha del pueblo de
Estados Unidos, silenciado por los medios de comunicación, para
denunciar la sistemática y sostenida violación de los derechos humanos
en esa nación”.