La decisión de Ecuador
de conceder el asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange,
anunciada este jueves 16 por el canciller Ricardo Patiño, ha generado
una situación poco común, que refleja, sin duda, la realidad cambiante
que se vive en el mundo, donde la pretensión de los países del Norte de
ser el ejemplo en derechos humanos se revela cada vez más fragilizada.
Es
conocido que en EEUU, la "guerra contra el terrorismo" lanzada por el
gobierno de George W. Bush ha significado un deterioro progresivo de los
derechos civiles, que en buena parte se mantiene con la administración
Obama. Por ello, es bastante creíble que Assange podría incurrir el
riesgo de indefensión y atentado a sus derechos en caso de ser
extraditado a ese país, donde, según alega, un gran jurado estaría
preparando en secreto un juicio en su contra por la publicación de miles
de documentos internos de las misiones diplomáticas. A la vez, no deja
de ser insólito que el gobierno de Reino Unido haya amenazado con violar
la inmunidad diplomática de la embajada de Ecuador en Londres para
detener a Assange, apoyado en una ley interna (lo cual implicaría
desconocer el derecho internacional); si bien luego el canciller William
Hague lo descartó, ante las reacciones desatadas.
Un refugio en el Sur
En
su extenso comunicado oficial que anuncia el asilo, con base en
convenios internacionales, Ecuador explicita los argumentos legales y
éticos que justifican su decisión, entre ellas:
"Que Julian
Assange es un profesional de la comunicación galardonado
internacionalmente por su lucha a favor de la libertad de expresión, la
libertad de prensa y de los derechos humanos en general";
"Que
existen serios indicios de retaliación por parte del país o los países
que produjeron la información divulgada por el señor Assange", y
"Que
la evidencia jurídica muestra claramente que, de darse una extradición a
los Estados Unidos de América, el señor Assange no tendría un juicio
justo, podría ser juzgado por tribunales especiales o militares, y no es
inverosímil que se le aplique un trato cruel y degradante, y se le
condene a cadena perpetua o a la pena capital, con lo cual no serían
respetados sus derechos humanos".
Ecuador señala, además, que no
pretende entorpecer la justicia sueca, que ha pedido la extradición de
Assange para interrogarlo por una supuesta alegación de abuso sexual, si
bien por ahora no pesa ninguna acusación concreta en su contra. Pero
que "la fiscalía sueca ha tenido una actitud contradictoria", que
afectaría los derechos procesales de Assange. (Entre otros, Suecia
declinó la oferta de interrogarlo en la embajada en Londres).
La
Declaración menciona, por otra parte, en referencia al hecho que Ecuador
ha acogido un alto número de refugiados de la guerra interna en
Colombia, que:
"El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados ha elogiado la política de refugio del Ecuador, y ha
resaltado el hecho significativo de que en el país no se haya confinado
en campamentos a estas personas, sino que han sido integradas a la
sociedad, en pleno goce de sus derechos humanos y garantías".
Esto
último parece aludir a Gran Bretaña, que retiene a miles de
solicitantes de asilo en centros de detención, donde pueden permanecer
indefinidamente, con el riesgo de ser retornados a sus países de origen
si el pedido es rechazado.
Hace dos meses que Assange acudió a la
embajada de Ecuador a pedir refugio. Christine Assange, madre de
Julian, quien visitó Ecuador a inicios de agosto, respondió ante una
pregunta de ALAI que, cuando un funcionario de la cancillería mencionó
en forma no oficial que Assange sería bienvenido en Ecuador, hace dos
años, en ese momento su hijo no se daba cuenta que podría necesitar el
asilo político. "Julian no tiene experiencia en estos asuntos, que
América Latina sí conoce, respecto a requerir protección frente a
Estados Unidos", afirmó. "Él dio por supuesto que la justicia seguiría
su debido cauce".
Al precisar por qué él había escogido a Ecuador
como país de refugio, la Sra. Assange destacó el record ejemplar de ese
país en derechos humanos en los últimos cinco años. "Son subyacentes en
la Constitución y en cada política, incluida la libertad de expresión
en todas sus formas, la protección de periodistas y sus fuentes; y a
diferencia de algunos países, Ecuador toma en serio estos mandatos de
derechos humanos y libertad de expresión", declaró. A ello se añade el
fuerte mandato soberano del país, cuyo principal defensor es el mismo
presidente Correa, "quien no teme pararse firme frente a presiones de
EE.UU." Christine resaltó también el respaldo popular con el cual
cuentan estas políticas, que ella constató en una reunión de jóvenes de
distintas tendencias políticas, que fueron unánimes en apoyar el asilo
para su hijo.
En la misma reunión con la prensa, el abogado
español Baltasar Garzón, quien está coordinando la defensa de Assange
entre los diferentes países involucrados en el pleito, opinó que Gran
Bretaña no tendría justificación legal para no conceder el
salvoconducto, una vez concedido el asilo. "Jurídicamente no puede
hacerlo porque Ecuador es un estado soberano, libre y democrático,
exactamente igual que los Estados Unidos de Norteamérica, ni más ni
menos. Es verdad que la posición hegemónica no es similar, y el único
elemento que podría influir en esa no concesión de salvoconducto es que
entre la fuerza", la cual no se puede utilizar entre Estados
democráticos y con un sistema de derechos, opinó; pues de lo contrario
significaría viciar totalmente el procedimiento.
Próximos pasos
El
futuro de Assange es incierto, si bien Ecuador ha indicado que podría
permanecer indefinidamente en la embajada en caso de no obtener el
salvoconducto. Sin duda la decisión podría traer represalias para el
país. Ante la actitud amenazante del Reino Unido, el canciller Patiño ha
pedido a los distintos foros políticos regionales -ALBA, UNASUR, CELAC,
OEA- reunirse de urgencia para expresar una posición sobre la amenaza a
la soberanía ecuatoriana.
El ALBA emitió un pronunciamiento en
rechazo a la amenaza británica a la integridad de la embajada
ecuatoriana y a su derecho soberano de administrar su política de asilo.
En una entrevista en Quito, el Secretario de este organismo, Rodolfo
Sanz, precisó que: “Ecuador otorgó el asilo político porque estima que
el caso es político. El caso no es de derecho penal ordinario.
Inglaterra tiene que decidir si da el salvoconducto. El asilo político
es una figura que está en el derecho internacional acogida por todos los
países que son miembros de Naciones Unidas”. Recordó que por ello
muchos países de América Latina han dado salvoconductos, incluso para
personas que han cometido crímenes más graves: como los banqueros
prófugos que están en EEUU, e incluso a varios implicados en los
asesinatos del 11 de abril del 2002 en Venezuela.
El ALBA anunció
una reunión de cancilleres para el sábado 18 de agosto en Guayaquil;
mientras UNASUR lo hará el domingo en la misma ciudad. Por su parte, la
OEA decidirá el viernes 17 sobre una posible convocatoria de cancilleres
para el día 23; Canadá y Estados Unidos no han dado importancia a la
discusión y no apoyan la medida de convocar la reunión. Por su parte,
Victoria Nuland, vocera del Departamento de Estado de EEUU, rechazó hoy
la acusación de que su país esté presionando al Reino Unido para que
invada por la fuerza la sede diplomática ecuatoriana en Londres y
arreste a Assange, y afirmó que "Es un asunto de las naciones
involucradas y nosotros no tenemos planeado interponernos".
Organizaciones
sociales de Latinoamérica han dado a conocer que se encuentran en
consultas para impulsar una campaña internacional de apoyo a Ecuador y
de presión al país europeo, que ha ratificado su determinación de
entregar Assange a la justicia sueca.
Lo que no cabe duda es que
para un Estado como el Reino Unido, le debe resultar una afrenta
intolerable que un pequeño e insignificante país del Sur, como Ecuador,
pueda darle lecciones en materia de derechos humanos.
Sally Burch es periodista británica radicada en Ecuador. Labora en ALAI.