Humillación sexual como tortura en EEUU

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió hace unos días, por
votación de 5 a 4, que cualquier ciudadano puede ser obligado a
desnudarse para ser registrado al ser arrestado por sospecha de
delito, por leve que este sea y en cualquier momento.

La decisión está en línea con otras dos disposiciones legales
recientes: la National Defense Authorization Act (NDAA) de 31 de
diciembre de 2011 que autoriza el arresto de cualquier persona por
tiempo indefinido, y la HR 347 o “Ley contra intrusos”, identificada
también como “Ley contra Protestas”, que establece condena de 10 años
de prisión por protestar en lugares cercanos a edificaciones o
terrenos protegidos por los servicios secretos. Ambas responden a
objetivos represivos contra el Movimiento Occupy Wall Street.

Sobre estas leyes, la consultora política y escritora feminista
estadounidense Naomi Wolf publicó un ensayo titulado “How the US uses
sexual humiliation as a political tool to control the masses” (“Cómo
EEUU usa la humillación sexual como instrumento para el control de las
masas”) en el que analiza el alcance y los propósitos de estos actos
legislativos.

Refiere la escritora que en una situación en la que cualquier persona
puede ser arrestada por sacar el perro a pasear sin correa, es
alarmante lo relatado por Albert Florence, el ciudadano que presentó
la primera querella contra el gobierno con motivo de estas leyes.

Florence denunció que, al ser detenido por una infracción del
tránsito, fue obligado a darse vuelta, ponerse en cuclillas, toser y
separarse las nalgas. “Me sentí humillado y llevado a una condición
inferior a la que la corresponde a un ser humano”, declaró.

La historia muestra que el uso de la desnudez forzada por un Estado es
práctica propia del fascismo y de todo tipo de régimen opresivo que
utilice la degradación de la población como medio para controlarla y
someterla. Forzar a la gente a desnudarse es el primer paso para
romper su sentido de la individualidad y dignidad, reforzando su
impotencia.

Uno de los momentos más aterradores para mí –escribe Naomi Wolf- fue
cuando visité la prisión de Guantánamo en 2009 y noté en la
arquitectura del edificio que los cubículos de las duchas tenían
paredes transparentes a través de las cuales mujeres jóvenes que se
desempeñaban como guardias observaban la desnudez forzada de
prisioneros musulmanes, sin tener ellos posibilidad de ocultarse.

“He observado a agentes hombres de la TSA (policías de fronteras),
observando con excitación a las mujeres toqueteadas en los
aeropuertos. Creo que la práctica de esos registros está diseñada para
habituar psicológicamente a los ciudadanos estadounidenses a una
condición en la que pueden ser humillados sexualmente por el Estado,
en cualquier momento.

“Un comentarista de mi Facebook opinaba que el número de mujeres
objeto de detención y registro está incrementándose por razones
mezquinas. He visto que el examen genital que es obligatorio en los
Estados Unidos es ilegal en Gran Bretaña.

“¿Hacia dónde vamos con estas nuevas leyes que criminalizan la
protesta y dan a la policía local -ahora empoderada con dinero del
Departamento de Homeland Security, equipos militares y personal-
facultades para aterrorizar y traumatizar a las personas sin debido
proceso o juicio previo”.

Wolf ridiculiza el argumento de un juez de la Corte Suprema de que
estas prácticas son necesarias para evitar actos terroristas y
pregunta: ¿Puede alguien imaginar que los medios utilizados para volar
las Torres Gemelas podrían ocultarse en alguna cavidad corporal? ¿O
que alguno de los autores de aquel acto de terror pudo haber sido
descubierto al ser detenido por conducir a exceso de velocidad?

Según un informe publicado por el Washington Post y citado por Wolf,
en 2010 había 1.271 agencias gubernamentales y 1.931 empresas privadas
trabajando en programas relacionados con el contraterrorismo, la
seguridad nacional y la inteligencia en unas 10.000 ubicaciones en el
territorio de los Estados Unidos. Había entonces 854.000 personas
habilitadas con permisos de acceso a los servicios secretos de máxima
seguridad. En Washington DC y el área circundante, treinta y tres
complejos para labores secretas de inteligencia estaban en proceso de
construcción o habían sido edificados después de septiembre de 2011.
“Este enorme nuevo sector de la economía tiene intereses
multimillonarios que requieren del establecimiento de un sistema de
vigilancia, intimidación sicológica y rapiña sobre el resto de la
sociedad estadounidense. Con estas nuevas legislaciones pueden
lograrlo humillando sexualmente a los demás: una poderosa herramienta
en poder de cualquier matón”, concluye Naomi Wolf.

manuelyepe@gmail.com


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Manuel E. Yepe

Abogado, economista y politólogo. Profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana, Cuba.

 manuelyepe@gmail.com

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