Hace dos años el gobierno nacional, con toda su potestad y dentro de sus atribuciones legales, decidió el cierre de numerosas casas de bolsa y sociedades de corretaje que operaban en el mercado de valores de Venezuela. En aquella oportunidad el actual Superintendente Nacional de Valores, Tomás Sánchez, abundó públicamente en las causas que llevaron al ejecutivo nacional a tomar la drástica medida.
Como resultado de las intervenciones de las casas de bolsa y sociedades de corretaje, 10 directivos de esas empresas financieras fueron acusados de haber violado la ley del Mercado de capitales, y de haber incurrido en una serie de irregularidades administrativas que el Ministerio Público consideró suficientes para ordenar su privativa de libertad, la cual cumplen desde hace casi dos años en diversas instituciones penales del país.
Dentro de estas casas de bolsa intervenidas estaba Econoinvest, la más importante del país y una de las más grandes de América Latina. Cuatro de sus directores, que fueron llamados a sus oficinas por los interventores para ser consultados sobre la situación de la empresa, y quienes sabiéndose inocentes se presentaron de buena fe, fueron detenidos sin que mediara orden judicial alguna. Fue sobre esta compañía y estos directivos que se desató la campaña más dura de acusaciones a través de los medios de comunicación del país. No hay duda, que en ese momento, se logró crear una matriz de opinión terriblemente negativa en contra de Econoinvest y de sus directores, que impactó con fuerza en muchos venezolanos.
Pero había algo que yo particularmente no entendía de esas acusaciones: cómo era posible que una empresa de la antigüedad e importancia nacional e internacional de Econoinvest hubiese incurrido en las estúpidas actuaciones de las cuales eran acusados, tales como usurpación de identidades y falso otorgamiento de becas a estudiantes pobres, entre otras no menos creíbles. Eran tan fantasiosas y sin prueba alguna las acusaciones que hacían los interventores sobre Econoinvest y sus directores, y tan radical y clara la defensa que estos últimos hacían en sus comunicados a través de la prensa nacional, que el Ministerio Público y la opinión pública en general no parecieron tomarlas en serio, y efectivamente la Fiscalía General de la República solo acusó a los directores de Econoinvest por el uso de los llamados TICC, títulos valores que se transaban en el Mercado permuta y que eran operaciones que se venían haciendo dentro del marco de la ley que regía la materia. Estas operaciones fueron práctica común de todas las casas de bolsa, todas la sociedades de corretaje y de todos los bancos del país durante muchos años.
Pero entonces se preguntará usted amable lector, por qué están presos los directores de Econoinvest? Por qué le fueron incautados todos los bienes a la empresa? Por qué se dijo que la empresa estaba quebrada y ahora resulta que el nuevo interventor está pagando puntualmente todas las acreencias en dólares y bolívares a sus clientes con los activos de la empresa?
Y sabía usted amigo lector que los interventores de Econoinvest que divulgaron todos esos informes sobre la empresa y sus directores fueron destituidos y despedidos de sus cargos? Sabía usted amigo lector que el Tribunal Supremo de Justicia solicitó el expediente de Econoinvest al detectarse irregularidades en el juicio que se le sigue a esos señores? Sabía usted amigo lector que el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela han ratificado por escrito la legalidad de las operaciones con TICC?
Es hora de que los que informaron mal al señor presidente Chávez, al Ministro Giordani y al propio Ministerio Público, se excusen, y que las autoridades judiciales a cargo del caso cumplan con prontitud, con lo más bello de la democracia: La Justicia. Desde aquí ruego a esas mismas autoridades un juicio justo en libertad para los directores presos de Econoinvest.
29 de Enero de 2012
cjcarpio44@hotmail.com
