17 de diciembre de 2024.- La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia anuló una sentencia que favorecía a Oscar Rafael Aponte Landaeta, quien se desempeñó como presidente de Aceites y Solventes Venezolanos (Vassa), empresa adscrita a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Esa decisión de la Sala Penal está reflejada en la sentencia 670, redactada por el magistrado Maikel Moreno y respaldada por sus colegas Carmen Marisela Castro y Elsa Gómez.

Los hechos por los cuales se procesa penalmente a Aponte Landaeta ocurrieron en el año 2020 cuando presidía la empresa Vassa, ubicada en Guacara (Carabobo). De acuerdo a lo informado por Pdvsa en su momento, el citado gerente se dedicaba a “desviar hacia otros estados del país material estratégico como lubricantes, grasas y ácido sulfónico para luego ser extraídos en contrabando al extranjero’’. Dichas acciones delictivas fueron cometidas mediante la manipulación de los sistemas informáticos de la empresa estatal.

“De igual manera se constató la contratación fraudulenta de una empresa para la adquisición de bienes e insumos, el cobro de comisiones por sobreprecio en la contratación de servicios de transporte y el uso irregular de las instalaciones de la empresa con fines mercantiles propios y de terceros’’, explicó Pdvsa en su momento, situación que igualmente está descrita en la sentencia de la Sala Penal del TSJ.

En razón de esos hechos, Aponte Landaeta fue detenido el 3 de marzo de 2020. Al mes siguiente, concretamente el 20 de abril de 2020, el Ministerio Público solicitó abrirle un juicio al gerente de Pdvsa por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, corrupción propia, tráfico de influencias, agavillamiento y concierto de funcionario con contratistas. Eso se lee en el documento de acusación presentado ante el Tribunal 2° de Control con Competencia en Ilícitos Económicos del estado Carabobo, por los fiscales José Rivero Otamendi, Mariend del Carmen Palencia León y Lilibeth Ibáñez Osorio.

Ocho meses después, es decir, el 4 de diciembre de 2020, el mencionado tribunal acogió parcialmente lo planteado por el Ministerio Público y en consecuencia ordenó abrirle un juicio a Aponte Landaeta por tres de los cinco delitos originalmente imputados: peculado, corrupción y tráfico de influencias. El tribunal desechó agavillamiento, concierto de funcionario con contratista y evasión de procesos licitatorios. Ese último delito no le fue imputado al sujeto en un principio, siendo incorporado por los fiscales al momento de pedir el juicio.

El juicio contra Aponte Landaeta transcurrió entre el 7 de marzo y 19 de agosto de 2022. Finalmente, el Tribunal 6° de Juicio absolvió al sujeto de todos los delitos imputados.

Esa decisión que favoreció a Aponte Landaeta fue apelada por los fiscales Jhoanna Vanessa Borrego Ramírez, Luis Alfredo Padrino Bruzual y Marilyn Jackeline Hernández. Pero la Corte de Apelaciones de Carabobo declaró sin lugar dicha apelación y confirmó la sentencia que absolvió al expresidente de Vassa.

Graves violaciones

Ese recurso llegó a la Sala Penal el pasado 2 de mayo. Los magistrados revisaron de oficio el expediente y constataron “la violación de principios y garantías procesales de orden público, inherentes a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa’’ lo cual acarrea la nulidad absoluta de las actuaciones cumplidas.

Un primer señalamiento de los magistrados es la decisión del Tribunal Segundo de Control de Carabobo de sobreseer a Aponte Landaeta de los delitos concierto de funcionario con contratista y agavillamiento. En tal sentido, los magistrados señalaron que ese tribunal carabobeño “subvirtió el orden público incumpliendo su deber de garantizar el debido proceso, principios constitucionales que implican, entre otras cosas, el deber de motivar de manera congruente las decisiones emitidas’’. Para los magistrados, la infracción cometida por el aludido tribunal radica en que no explicó las razones que lo llevaron a favorecer al exgerente de Pdvsa al sobreseerlo de los mencionados delitos. Eso es lo que en derecho se denomina la motivación.

“La correcta motivación de un fallo radica en manifestar en forma argumentativa la razón y la lógica jurídica y coherente en virtud del cual el juzgador adopta una determinada resolución, su decisión es un acto que nace por el estudio y evaluación de todas las circunstancias del caso controvertido’’, aclaran los magistrados.

“En consecuencia, dicho actuar del juez de control incurre en el vicio de inmotivación al no expresar de forma clara y precisa los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se adoptó el fallo, contraviniendo principios y garantías procesales de orden público’’, recalcaron los magistrados quienes añaden que “en idéntica situación incurre el juez de juicio al absolver al acusado de los delitos por los cuales el juez de control ordenó el pase a juicio’’.

A la luz de esos razonamientos, la Sala Penal anuló lo que consideran el origen de todos esos entuertos, esto es, la audiencia preliminar del 4 de diciembre de 2020, celebrada en el Tribunal 2° de Control con Competencia en Ilícitos Económicos de Carabobo. Con ello también quedó anulado el juicio ordenado por la citada instancia y los resultados del mismo, es decir, la absolutoria.

El llamado de los magistrados

A raíz de la decisión de los magistrados, estos ordenaron que el expediente relacionado con Aponte Landaeta fuese asignado a otro tribunal carabobeño que celebre una nueva audiencia preliminar donde se decida si ordenan o no un nuevo juicio contra el exgerente de Pdvsa acusado de corrupción, entre otros.

Además, la Sala Penal realizó un exhorto a los jueces a ser más cuidadosos en los asuntos sometidos a su conocimiento, ‘’a los fines de evitar actuaciones como las aquí advertidas que afecten la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa’’.

Recientemente, la Sala Penal ordenó abrir una investigación a tres juezas de Carabobo que favorecieron a un estafador.