Condenados a pena máxima 12 de los acusados por el magnicidio frustrado

Palacio de Justicia

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Doce personas resultados condenadas a 30 años de prisión tras ser encontradas culpables de haber participado en el intento de asesinato cometido contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018. Otros cinco acusados recibieron condenas entre 24 y 5 años de prisión.

La decisión está contenida en una sentencia del Tribunal Especial Primero de Juicio con competencia en casos vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional a cargo de la jueza Hennit Carolina López Mesa, quien leyó el dispositivo la madrugada de este jueves en el Palacio de Justicia de Caracas.

Entre los 12 que fueron condenados a pena máxima figuran tres militares. Uno fue el general Alejandro Pérez Gámez, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como Director de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y fue condenado a 30 años.

A Pérez Gámez lo acusan de presuntamente haber pasado información sobre el sitio donde se realizaría ese 4 de agosto de 2018 el acto por el 81° aniversario de la GNB con presencia del presidente Maduro.

Precisamente en la sesión final del juicio desarrollado en el Palacio de Justicia de Caracas, Pérez Gámez tomó la palabra para cuestionar el acta elaborada por la teniente Gabriela Alas, adscrita a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde se le menciona como presunto informante de los ejecutores del atentado, según testigos.

"Si el Ministerio Público sabe que fue Oviedo Mosqueda, jefe de Comunicaciones de Casa Militar, el que se atribuyó haberle pasado la información a Julio Borges sobre el acto en la avenida Bolívar, porque admitió los hechos. Cómo se me acusa de eso", replicó el general Pérez Gámez.

El coronel (GNB) Pedro Javier Zambrano Hernández fue otro de los militares que recibió pena máxima. Le achacan haber presuntamente enviado mensajes a los autores materiales del atentado.

Juan Carlos Monasterio Vanegas, sargento mayor de primera en situación de retiro (GNB), igualmente fue condenado a 30 años de prisión. Esta persona era solicitada por su presunta participación en el asalto al Fuerte Paramacay ubicado en Valencia (Carabobo) el 6 de agosto de 2017.

Pero en el expediente del atentado con drones es reseñado como la persona que presuntamente reclutó a los 11 partícipes en la acción del 4 de agosto de 2018 para su entrenamiento en la granja Atlanta, situada en Chinacota, Colombia, según su propio testimonio.

Los reclutados también están señalados de actuar en las protestas violentas de los años 2014 y 2017 convocadas por un sector de la oposición.

Los pilotos. Los pilotos de los dos drones activados frente a la tarima donde se encontraba el jefe de Estado ese 4 de agosto también fueron condenados a 30 años de cárcel: Bryan de Jesús Oropeza Ruiz, Argenis Gabriel Valera Ruiz y Alberto José Bracho Rosques. Yanín Fabiana Pernía Coronel, la mujer acusada de prestarles logística para esa acción, igualmente recibió pena máxima.

Yolmer José Escalona Torrealba, el explosivista que recibió los drones en Barquisimeto (Lara) para su preparación con C-4, según la investigación, igualmente fue condenado a 30 años.

Emirlendris Carolina Benítez Rosales, una empresaria catalogada como presunta colaboradora en el atentado fallido, recibió la pena máxima.

Oswaldo Gabriel Castillo Lunar, condenado a 30 años de prisión, confesó mediante un video ser miembro de la denominada Resistencia Activa. Castillo fue uno de los que se entrenó en el campamento colombiano para la activación de los drones.

"Le pregunté a la señora Génesis quién financiaba esto, ella me contesto que el financista de todo esto se llama Julio Borges", confesó Castillo.

Henrybert Enmanuel Rivas Rivas, condenado a 30 años, fue el cabecilla de la operación, según lo declaró en su momento el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. Rivas dijo en un video que después del atentado intentaron sacarlo fuera de Venezuela con la colaboración de la embajada chilena. "Duré cinco meses en el campamento. Practicamos mucho el manejo de los drones», reveló el sujeto.

José Miguel Estada González también integra el grupo de 12 condenados a 30 años de prisión por ser olaborador en la preparación de los drones.

Otros condenados

Ángela Lizbeth Expósito Carrillo. 24 años. Acusada de alojar en su vivienda a Henrybert Enmanuel Rivas Rivas, cabecilla de la operación.

José Eloy Rivas Díaz. 20 años. Dueño de la empresa Stand Electronic, señalado de pagar el hospedaje y proveer los equipos electrónicos para la operación.

General Héctor Armando Hernández Da Costa. 16 años. Colaborador en los preparativos

Juan Requesen (exdiputado de Primero Justicia). 8 años. En un video declaró detalles de la operación y su actuación en la misma.

"Fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia, se trataba de Juan Monasterio", reveló.

Wilder Anderson Vásquez Velásquez. 5 años. Acusado de colaborar en la logística del ataque.

Exhortos. El Tribunal Especial exhortó al Ministerio Público a que "dé el impulso al proceso en contra" de Julio Borges, dirigente político opositor radicado en Colombia, quien presuntamente es el autor intelectual del atentado con drones.

Ese mismo exhorto abarca a los procesados Virginia Antonieta Da Silva, Osman Alexis Delgado Tasbosky, Josser Eduardo López, Yilbert Alberto Escalona Torrealba, Gregorio José Yaguas Monjes y David Alexander Beaumont Álvarez como investigados por el magnicidio frustrado.

Igualmente el Tribunal instó al Ministerio Público a tramitar la orden de aprehensión contra Adriana Rosa Bronbin Báez.

El juicio por el magnicidio frustrado comenzó el 2 de diciembre de 2019 y culminó (etapa de audiencias) la noche de este martes 2 de agosto.



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