La historia contemporánea de las relaciones internacionales está marcada por la tensión entre los pueblos que luchan por su autodeterminación y los Estados que, desde posiciones hegemónicas, pretenden imponer narrativas de dominación. En este marco, la migración venezolana ha sido objeto de un tratamiento profundamente injusto y estigmatizante por parte del gobierno estadounidense, que ha recurrido a discursos de intolerancia y prácticas cercanas al fascismo para justificar políticas de exclusión.
Resulta alarmante que se catalogue a miles de venezolanos como "peligrosos", bajo el argumento de que serían portadores de enfermedades, delincuentes o incluso terroristas. Esta narrativa no solo carece de sustento empírico, sino que reproduce estereotipos raciales y políticos que buscan criminalizar a comunidades enteras. El derecho internacional público establece con claridad que ningún Estado puede discriminar a personas migrantes por razones de origen nacional, condición social o ideología.
La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos constituye un acto de violencia institucional. Al negarles la posibilidad de trabajar, acceder a servicios de salud y vivir con dignidad, se les condena a la marginalidad. Este tipo de medidas no solo vulnera el principio de igualdad ante la ley, sino que también desconoce el carácter universal de los derechos humanos. La migración, lejos de ser un problema, es una expresión de la interdependencia global y de la búsqueda legítima de mejores condiciones de vida.
Desde una perspectiva antiimperialista, es necesario denunciar que estas prácticas no son aisladas, sino parte de una estrategia más amplia de presión política contra Venezuela. Al criminalizar a sus ciudadanos en el exterior, se busca reforzar la narrativa de un Estado fallido y justificar sanciones económicas y diplomáticas. Se trata de un mecanismo de guerra híbrida que utiliza la migración como arma de propaganda.
El derecho internacional público, en su dimensión protectora, obliga a los Estados receptores a garantizar el principio de no discriminación y el acceso a derechos básicos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados son claros al respecto. Negar servicios de salud, impedir el trabajo y retirar el TPS es una violación flagrante de estos instrumentos.
La intolerancia fascista imperial contra la migración venezolana demuestran su odio social y defender a los migrantes es defender la humanidad misma, porque cada acto de exclusión es un ataque a la justicia universal
