El trabajador sí puede demandar Consulado extranjero en Venezuela

Algunos Jueces dudan de su competencia o jurisdicción como tribunal territorial, para admitir demandas o realizar algunos trámites por reclamos de trabajadores contra dependencias consulares ubicadas en nuestro país.

En reciente sentencia del TSJ, de este mes de marzo, se ratifica jurisprudencia de años anteriores, sobre casos similares; en este caso, relativo a reclamo de prestaciones sociales.

Los consulados son organismos diplomáticos subordinados al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, o cómo lo definan en la nación correspondiente, y el Cónsul es solo su representante.

Algunos tribunales sustentan su "falta de jurisdicción", para conocer de los respectivos casos, basados en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación analógica del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; lo cual es irrelevante, por cuanto indican:

Código de Procedimiento Civil: "Artículo 59. La falta de jurisdicción del Juez respecto de la administración pública, se declarará aun de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso…"; "Artículo 62. A los fines de la consulta ordenada en el artículo 59, el Tribunal remitirá inmediatamente los autos a la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político-Administrativa, suspendiéndose el proceso desde la fecha de la decisión"; por su parte la Ley Orgánica Procesal del Trabajo señala: "Artículo 11. Los actos procesales se realizarán en la forma prevista en la ley; en ausencia de disposición expresa, el juez del trabajo determinará los criterios a seguir para su realización, todo ello con el propósito de garantizar la consecución de los fines fundamentales del proceso. A tal efecto, el juez del trabajo podrá aplicar analógicamente disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el carácter tutelar de derecho sustantivo y adjetivo del derecho del trabajo, cuidando que, la norma aplicada por analogía no contraríe principios fundamentales establecidos en la presente Ley". Como pueden ver es totalmente abstracto el enunciado de los artículos indicados, pero, sí contamos con jurisprudencia reiterada de casos similares; en tal sentido, indica la Sala Político administrativa del TSJ, que "… cuando se esté en presencia de una controversia de naturaleza laboral entre un ciudadano y la representación diplomática de un Estado extranjero, deben los tribunales ante los cuales se planteen tales reclamaciones entender que el demandado es la persona para quien efectivamente fue prestado el servicio, esto es, el Estado extranjero y no el funcionario que lo representa, ya que admitir lo contrario, vale decir, que es este último el sujeto pasivo de la acción, conduciría necesariamente a la aplicación del principio de inmunidad de jurisdicción, en desmedro de los derechos e intereses del accionante, quien se vería obligado a intentar la demanda en una evidente situación de desigualdad frente a la otra parte, contradiciendo abiertamente la noción de justicia material contenida en el vigente Texto Constitucional."

En el presente caso, la parte demandada es un Estado extranjero, y no el agente diplomático que lo representa, y en tal sentido, la Sala Político Administrativa, ha fijado reiterada jurisprudencia, donde señala, en cuanto a la jurisdicción de los tribunales venezolanos, para conocer de las demandas incoadas en contra de un Estado Extranjero, lo siguiente: "La inmunidad de jurisdicción es el principio según el cual ningún Estado, a menos que consienta en ello voluntariamente, puede ser sometido a la jurisdicción de los tribunales de otro Estado. Es una consecuencia de la igualdad entre Estados (par in parem non habet jurisdictionen), que a su vez deriva de la subjetividad jurídica y constituye un principio universal de Derecho Internacional Privado."

Este principio de exención de jurisdicción, se expresaba en términos absolutos; hasta la Primera Guerra Mundial, la sociedad internacional no aceptó excepciones a esta regla. De manera que, salvo que fuera consentido expresamente, no podía un Estado ser sometido a un proceso judicial por ante órganos jurisdiccionales de otro Estado; pero, en virtud de la creciente participación de los Estados soberanos en actividades de naturaleza empresarial, el principio citado fue admitiendo ciertas restricciones. Con la aparición de la Unión Soviética y del bloque socialista, tanto la jurisprudencia como la doctrina de los Estados occidentales matizaron la tesis de la inmunidad de jurisdicción como regla de aplicación absoluta. Con el propósito de justificar y apoyar acciones judiciales contra el nuevo bloque soviético, dirigidas a reclamar bienes del patrimonio de ese Estado situados en el extranjero, surgió el criterio conforme al cual si los particulares o personas privadas extranjeras estaban sujetos a la jurisdicción de un Estado por los actos de naturaleza comercial o industrial que realizaren en el territorio del mismo, no había razón para que un Estado no pudiera ser sometido a la jurisdicción de otro Estado, por actos de índole comercial o industrial. Es por ello, que a partir de ese momento y hasta el presente, el principio de inmunidad jurisdiccional es de carácter relativo, vale decir, que admite excepciones según la naturaleza jurídica de la actuación del sujeto de Derecho Internacional Público de que se trate. En general, puede afirmarse que se acoge el principio de inmunidad de jurisdicción cuando se trata de actos soberanos (acta iure imperii); mientras que cuando se esté en presencia de actos mercantiles o de derecho privado (acta iure gestionis), la inmunidad no podrá ser invocada.

Indica la Sala Político Administrativa, que, "… tanto la doctrina como la jurisprudencia convergen en que los Estados extranjeros no pueden ser demandados ante los tribunales venezolanos, si el hecho que motivó la demanda fue producido dentro de las funciones soberanas del Estado (acta iure imperii). Por el contrario, si el Estado extranjero actuó como lo haría cualquier persona de derecho privado (acta iure gestionis), estaría sometido a la jurisdicción de los tribunales venezolanos…".

En definitiva, el máximo Tribunal de la República indica, que la actuación del Estado demandado se encuentra fuera del ámbito de sus funciones soberanas y nada tiene que ver con la esencia de su actividad gubernamental; por lo tanto, el juez venezolano sí tiene jurisdicción para conocer sobre demandas por el reclamo de prestaciones sociales u otros conceptos similares, contra dependencias extranjeras, análogas a las del caso planteado.



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Reinaldo Silva


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