Venezuela desde el mes de abril del presente año ha venido padeciendo los rigores de toda una escalada de violencia y acciones criminales que muy acertadamente han sido calificadas de terroristas, teniendo en cuenta, además, que las mismas forman parte de un macabro plan orquestado desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Congreso gringo, y del Comando Sur con su séptima flota incluida; en consenso con las grandes corporaciones transnacionales; la canalla mediática mundial; el concierto de algunos gobernantes y parlamentarios de algunos muy pocos países de la región y de Europa; con el frustrado intento de contar con el aval de organismos multilaterales tales como la inefableOEA y su perverso secretario general. Es decir, toda una componenda de carácter imperial que busca el sometimiento por todas las vías posibles de la patria venezolana, de sus recursos, de su pueblo; coartando la dignidad, la soberanía y la independencia como nación.
En el marco referencial de lo anteriormente expresado, a lo interno del país están los operadores, los ejecutores de ese plan macabro y terrorista ordenado desde el exterior, es decir, los lacayos internos, esa dirigencia opositora, que actúan como gerentes, administradores y supervisores de su ejecución, que desde su condición humana distorsionada por los antivalores, las ansias de lucro y poder, traicionan a su patria, sin importarle para nada el derramamiento de sangre; las familias enlutadas; las personas fuertemente lesionadas al punto de la generación de algún tipo de discapacidad; la destrucción de parte de la infraestructura tanto privada como pública, produciendo pérdidas multimillonarias en bolívares y dólares. Jamás de los jamases se había visto una dirigencia opositora tan comprometida y subordinada a los intereses y ordenes de los Estados Unidos y de las grandes corporaciones empresariales del sistema capitalista de los países desarrollados, que en el mejor de los casos, en el supuesto negado, de llegar a ser gobierno solo cumplirían el papel de meros capataces.
Es en este contexto donde presuntamente entra en escena, en la jugada, la señora Luisa Ortega Díaz, la cual valiéndose de la alta investidura que posee como Fiscal General de la Republica ha emitido una serie de opiniones y comentarios, que a todas luces se deja ver que han servido de detonantes, de estímulo, y de justificación para mantener avivados y activados los focos de los violentos criminales y terroristas, así lo han expresado, y la Fiscal no ha realizado las aclaratorias necesarias al respecto, ha guardado silencio (que genera suspicacia), el cual se puede interpretar como un acuerdo tácito con el liderazgo violento opositor. Esos que han sumergido a amplios sectores de la población donde operan, en auténticos estados de sitio, de toques de queda y de suspensión de las garantías constitucionales más elementales y valiosas como el del libre tránsito, libertad de opinión, y el del sagrado derecho a la vida, dando pie a la oportunidad del desarrollo de la terrible enfermedad de odio, que es la peor desgracia que le puede ocurrir a cualquier nación, el del enfrentamiento fratricida.
Es público y notorio, altísimamente evidente, ya sea por los medios de comunicación convencional, como por vía de las redes sociales (porque tal y como dice Walter Martínez: en estos tiempos cualquier persona tiene un teléfono móvil con cámara) el modo encomo terroristas encapuchados de manera desaforada y aviesa atacan, agreden y destruyen, cometiendo delitos, graves delitos, que se convierten, según el decir de los abogados, en noticia criminis, y que por lo tanto es responsabilidad del Ministerio Público, es decir la Fiscalía General de la República, actuar en consecuencia, de manera imparcial, actuando para realizar las respectivas investigaciones y las procedentes imputaciones a quienes pudieran estar incursos en el cometimiento de delitos de diversa índole y de violación de los derechos humanos, como debe ser, de manera imparcial, impulsando el ejercicio y aplicación de la justicia, de acuerdo al marco normativo y jurídico de la nación. Pero no, no ha sido así, lamentablemente se aprecia un marcado y contundente sesgo en las actuaciones de la Fiscalía y de su Fiscal General.
Si comparamos las recientes actuaciones, contundentemente represivas, del ejército y policía, del Estado y Gobierno colombiano ante las protestas de los ciudadanos colombianos de las regiones de Buenaventura y del Chocó, nuestros GNB y PNB se quedan en pañales; pero si al mismo tiempo comparamos las acciones de la población manifestante de dichas regiones, con los terroristas y violentos venezolanos, los manifestantes colombianos son criaturas de pecho. De igual manera, podemos hacer la comparación de la calificación realizada por ambos presidentes, las de Santo han sido más duras y contundentes en los calificativosemitidos en contra de los manifestante, llegando incluso a decretar el toque de queda en esas regiones, y el envío de tropas para el restablecimiento del orden. Lo mismo ocurre en Brasil, donde el golpista Temer ha ordenado la salida del ejercito a las calles de país para reprimir y pretender evitar la voz de protesta del pueblo brasileño, quien esta mayoritariamente en las calles, pidiendo la salida del golpista Temer. Pero además, para hacer más notable la diferencia, hay que agregar que ninguno de estos dos gobiernos es objeto y blanco de complot internacional alguno, que cuentan con el apoyo del gobierno de los EE.UU, y de los grandes medios y corporaciones transnacionales. Pero, otro pero más, lo que es válido para Colombia y Brasil, e incluso para los mismos Estados Unidos, no lo es para Venezuela y su gobierno, lo cual deja ver la doble cara y la inmoralidad de esos gobernantes y gobiernos que pretenden marcarle pautas a Venezuela, e imponerle lo que ellos no aplican en sus respectivos países.
Lo anterior lo digo por el hecho de que pública y comunicacionalmente han sido notoria las amenazas e intentos de violación de la independencia y soberanía de la República, del pueblo venezolano, por parte del sistema político de los Estados Unidos, en alianza cohonestada con gobiernos títeres de corte neoliberal de la región, en la más clara violación del derecho internacional, siendo lo más grave que venezolanos ocupando responsabilidades de Estado como los diputados que son e integrantes de una de las ramas del Poder Público, la Asamblea Nacional, viajen al exterior y se reúnan con funcionaros y responsables de gobiernos extranjeros, acordando acciones conducentes a la agresión de la República, y la ciudadana Fiscal General no diga nada, lo que se puede interpretar con su silencio de que la misma esté presuntamente de acuerdo con tales gestiones para agredir al país.
Por otro lado, a la ciudadana Fiscal General no le ha parecido una amenaza de ruptura del hilo constitucional todas las acciones realizadas por la derecha opositora, que valiéndose de la mayoría en la Asamblea Nacional ha declarado el abandono del cargo del presidente Maduro y proceder llamar a supuestas elecciones presidenciales en 30 días; solicitar y forzar con acciones violentas de calle la renuncia del presidente, la traición a la patria por parte de las directivas y diputados de oposición de la Asamblea Nacional al solicitar sanciones yla intervención de fuerzas políticas, financieras y militares extranjeras en perjuicio de la población venezolana, es decir en clara violación de nuestra soberanía e independencia. Para la Fiscal General esas actuaciones no revisten de ninguna calificación de delito de traición a la patria ni nada por el estilo, cuestión que a uno lo conlleva a pensar y creer que ella presuntamente estaría de acuerdo con lo que estos diputados opositores solicitan en contra del país.
Siendo así como se han venido dando las cosas, y corriendo el riesgo de las posibles consecuencias que se pueden generar, uno se atreve a pensar y manifestar que presuntamente la ciudadana Fiscal General por su silencio; por su sesgada y parcializada valoraciónde los hechos; el no cuestionamiento de las acciones violentas de los terroristas encapuchados que han causado muertes, lesionados, y destrozos de bienes públicos y privados; la amenaza velada a los PNB y GNB que contienen a los terroristas en la calle; por avalar con su silencio las acciones injerencistas de algunos gobiernos y estados extranjeros; las acciones de traición a la patria de parte de diputados de oposición; repito uno puede pensar que presuntamente a la ciudadana Fiscal General le cabe la calificación de algún tipo de responsabilidad penal, por su omisión, sesgo, y carencia de objetividad en sus actuaciones y declaraciones, lo cual sería muy grave para la estabilidad política, social y territorial de la nación, cuestión que considero no se puede dejar a la deriva. Esto lo digo como ciudadano padre de familia que no quiere ver caer muerto a ningún otro joven más por la diatriba política; que no quiere ver destrozada a la nación; y que considera que una actuación imparcial de la Fiscalía, acusando a los responsables de lado y lado, brindando confianza a todo el país, pero a todo el país de verdad, como un todo, es clave, estratégico y fundamental para la preservación de la paz y la integridad de la República y no todo lo contrario.
Por lo demás suscribo en todas sus letras el análisis realizada por el doctor Isaías Rodríguez referidas a la ciudadana Luisa Ortega Díaz como Fiscal General de la República. Creo que hay presiones muy fuertes en el plano político y donde el actual Vice Fiscal estaría jugando un papel protagónico.
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