El “Acuerdo para la Transición” de Machado, Ledezma y López: Lo que dice, y lo que no dice

El pasado 12 de febrero de 2015, el Presidente Nicolás Maduro develó que un golpe de Estado en proceso había sido desmantelado y varios oficiales de la Fuerza Aérea habían sido detenidos, luego de planificar atacar numerosos blancos civiles y militares en Caracas y provocar hechos que desembocarían en un “gobierno de transición”. Denunció que un documento titulado “Llamado a los Venezolanos a un acuerdo nacional para la Transición”, que iba a ser publicado en el diario El Nacional y que también se encuentra en las páginas web de Vente Venezuela, Voluntad Popular, Antonio Ledezma, Congreso Ciudadano y otros partidos de derecha, iba a servir como “señal” para iniciar estos hechos. El documento está firmado por María Corina Machado, Antonio Ledezma y Leopoldo López, y describe una serie de acciones de caracter neoliberal, que se pondrían en marcha de haberse iniciado una supuesta “transición” que no es reflejada en la Constitución.

El documento tal vez sea un poco denso y esconde al final los planes más complacientes con el empresariado, pero sin embargo es muy claro con sus planes y aspiraciones. Es un documento que esperamos que el pueblo venezolano lea, debata y conozca con el fin de que estar claros sobre el modelo de país que ellos quieren construir. Ninguno de los firmantes ha negado que este documento sea de su autoría; todo lo contrario, le hacen referencia constantemente desde sus cuentas en Twitter: @MariaCorinaYA y @alcaldeledezma.

Hemos tomado frases claves del documento, para hacer preguntas sobre las mismas o ahondar en su interpretación.

Lo que realmente dice el documento

Cita textual Significado
“Preparar y realizar elecciones presidenciales libres y absolutamente transparentes” ¿Por qué se realizarán elecciones presidenciales, si ya tenemos un Presidente elegido legítimamente para cumplir sus funciones hasta 2019? ¿Qué ocurrirá con Nicolás Maduro? ¿Será arrestado, obligado a renunciar por coacción, enviado al exilio o asesinado? ¿Es o no es una referencia velada a un golpe de Estado? ¿Qué pasará con los millones que votaron por él y lo apoyan?
“Rescatar la autonomía de los órganos del Poder Público, designar a sus directivos por las vías constitucionales y rehabilitar la pluralidad política y la soberanía del Estado nacional venezolano” ¿De la misma manera que se hizo el 12 de abril de 2002, cuando se destituyó arbitrariamente a los diputados de la Asamblea Nacional, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Fiscal General, Defensor del Pueblo, y se nombró nuevos personajes a dedo?

– “Una agenda económica enfocada en (…) generar confianza en el país”

– “Insertar nuevamente a Venezuela en los circuitos financieros internacionales y obtener de ellos los apoyos económicos necesarios para superar las dificultades del corto plazo”

– “designar nuevas autoridades de los entes económicos del Estado, con base en las normas y en criterios de capacidad y méritos”

Retorno de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales, que no sólo hacen préstamos sino que condicionan al país a ejecutar políticas neoliberales, como privatizaciones, despido masivo de empleados públicos y reducción o fin de programas de asistencia al pueblo (pensiones, etc.) con el fin de “garantizar” que los préstamos se cancelen en el plazo prometido.

La designación de nuevas autoridades económicas implica la toma de decisiones donde lo técnico prevalezca por encima de lo social. Retorno de la Tecnocracia.

“Llegar a acuerdos para la justa reparación de los daños a que hubiere lugar por expropiaciones arbitrarias” Se retornarán todos aquellas tierras, empresas e industrias que fueron expropiadas u ocupadas legítimamente por el gobierno bolivariano, lo que implica el fin de empresas de producción social, comunas y similares.
“Revisar el estado real de todas las empresas no petroleras que acabaron en manos estatales por la voracidad del régimen y decidir las formas de propiedad y gestión que ellas deban asumir para asegurar su recuperación productiva. Privatizaciones de las empresas públicas. Despido de trabajadores, disminución de sueldos y eliminación de beneficios laborales para cumplir con criterios de “eficiencia”.
“Desmontar la maraña de controles que ahoga a la economía y reconstruir las bases jurídicas y económicas que son necesarias para atraer la inversión productiva que garantice un crecimiento estable en el futuro” Eliminación de la regulación de precios en productos de la cesta básica, servicios como el transporte público, baremos de las clínicas y similares. Eliminación de controles tales como la Ley de Precios Justos, el control de cambios que permite adquirir alimentos y medicinas fundamentales para venderlas a precios asequibles. Prioridad en atraer inversionistas antes que en proteger al pueblo venezolano.
“Liberar a los presos políticos, facilitar el inmediato retorno de los exiliados” Intervención en el Poder Judicial para liberar y “perdonar” a culpables de graves delitos, entre otros: el banquero Eligio Cedeño, Leopoldo López, Manuel Rosales y muchos otros.
“Solicitar del sistema judicial la apertura de los procesos a que haya lugar para el castigo de delitos graves cometidos al amparo del poder gubernamental El sistema judicial está en pleno funcionamiento en estos momentos, y prueba de ello es que funcionarios que se han excedido en el uso de sus atribuciones están siendo juzgadas y sentenciadas. Quienes están tras el lamentable asesinato de Juan Montoya (“Juancho”), Bassil Da Costa o Geraldine Moreno están siendo juzgados; hay 14 funcionarios detenidos en total. El gobierno bolivariano también ha detenido recientemente a funcionarios de Pdvsa implicados en hechos de corrupción. El documento más bien amenaza a todos aquellos funcionarios del gobierno bolivariano, que serán perseguidos tal y como ocurrió en 2002.
“Enfrentar como prioridad de Estado la emergencia de seguridad ciudadana, desmantelar las redes criminales que proliferaron gracias a la impunidad y a la complicidad del régimen actual y abordar de manera integral el problema en sus facetas de prevención, acción policial, administración de justicia para eliminar la impunidad y elevación de la eficacia del sistema penitenciario” ¿Suspensión de garantías y violación de derechos humanos fundamentales? ¿Allanamientos y arrestos masivos en los barrios, como en la IV República? ¿Asesinato de dirigentes políticos disfrazado de combate a la delincuencia, como ocurría en el pasado?
“Recuperar la capacidad operativa y elevar significativamente la producción de la industria petrolera… Dejar de cumplir las cuotas OPEP, lo que implicaría que Venezuela abandonará y fracturará dicha organización, causando una nueva caída de los precios del crudo a niveles similares a los de la era pre-Chávez: 9 dólares el barril. Disminución de ingresos al país, lo que llevará a tomar medidas neoliberales (“reducción” del Estado, eliminación de la inversión social, etc.)
“…revisar los marcos legales y los acuerdos lesivos a la misma…” Fin de acuerdos con naciones aliadas, como PetroCaribe, Unasur, Celac, lo que disminuirá las posibilidades de lograr la integración y unión latinoamericana. Acuerdos como el de médicos cubanos en Venezuela serían eliminados. Fin de acuerdos con países como China y Rusia, con las respectivas consecuencias a nivel económico.
“designar una nueva directiva de PDVSA, honesta y con capacidades, para garantizar su funcionamiento eficiente al servicio del país” Regreso de la Gente del Petróleo a Pdvsa, con miras a una futura privatización parcial o total de la Industria.
“Reponer el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y del derecho ciudadano a informarse sobre la gestión del Estado” Ceñir los medios del Estado a la nueva línea informativa impuesta por la derecha, en la cual el pueblo venezolano no tendrá cabida. Difícilmente veremos en las páginas del Correo del Orinoco, CiudadCCS, en las radios del Estado o en las televisoras públicas alguna referencia o entrevista a organizaciones del Poder Popular, consejos comunales o cualquiera que alguna vez se haya manifestado a favor del chavismo.
“Restituir plenamente la descentralización, el ejercicio de los poderes regionales y locales y la participación ciudadana genuina que establecen la Constitución y las leyes” El ejercicio de los poderes regionales y locales está en plena vigencia en este momento. ¿Esta “restitución” implicará el fin de los Consejos Comunales, Comunas, Mesas Técnicas y otras organizaciones del Poder Popular?
“Asegurar la lealtad y el apego de la Fuerza Armada Nacional a la Constitución y su desvinculación de toda injerencia extranjera y actividad político-partidista” ¿Por qué se refieren a la Fuerza Armada Nacional, y no a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Por qué se suprime la palabra “Bolivariana” de su nombre?  ¿Quién medirá la “lealtad” de la FANB a la Constitución? ¿Cómo asegurarán su lealtad? Al señalar que los desvincularán de toda “actividad político-partidista”, ¿significa que les negarán el derecho al voto?
“Abrir un proceso de despolarización política y de reconciliación nacional” ¿Qué significa “despolarización política”? ¿Se prohibirá hablar sobre chavismo y revolución, alegando que esto rompe con la despolarización y la reconciliación? ¿Se censurará nuevamente a la izquierda, como se hizo en el pasado?
“Restablecer a cortísimo plazo el abastecimiento normal de alimentos y otros bienes de consumo esencial de las familias y los suministros de repuestos e insumos que impiden la operación de las cadenas de distribución”  Al parecer, este paso será muy sencillo: sólo habrá que ordenar a los empresarios que “suelten” lo que tienen acaparado y que dejen de “bachaquear” la mercancía a Colombia. No nos extrañe si esto se acompaña de medidas como liberación de precios de productos fundamentales, o anulación de la Ley de Precios Justos.

Lo que no aparece en el documento

cuadro-bolivar-B3BdtN3 En un cuarto fuera del Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores fue colocado el cuadro de Bolívar durante la Juramentación del dictador Pedro Carmona el 12 de abril de 2002.
  • Se suprime Simón Bolívar del documento: Se habla de la “Fuerza Armada Nacional” (en vez de “Fuerza Armada Nacional Bolivariana”) y de “Venezuela” (y no de la República Bolivariana de Venezuela), lo que recuerda lo ocurrido el 12 de abril de 2002, cuando se retiró el cuadro del Libertador en la juramentación del dictador Pedro Carmona.
  • El documento hace muy pocas menciones a la inversión social y atención de los más débiles y necesitados, incluyendo niños, niñas y adolescentes; adultos mayores; personas con movilidad reducida o necesidades especiales. Prioriza, en cambio, el “atraer la inversión productiva”, insertar al país en “los circuitos financieros internacionales” y “generar confianza en el país”.
  • No se menciona ni se garantiza la gratuidad de la educación pública, a ninguno de sus niveles (primaria, secundaria, universitaria). No se menciona ni se garantiza que continúen funcionando las universidades públicas creadas en revolución (Unefa, UBV, Uneartes, del Deporte, ni las universidades que fueron ampliadas, como la Simón Rodríguez, Rómulo Gallegos, etc.)
  • No se menciona ni se garantiza la continuidad de las pensiones para los jubilados, adultos mayores o personas con discapacidad, ni de planes para las Madres del Barrio u otras misiones y proyectos sociales.
  • No se menciona ni se garantiza la defensa del salario mínimo y su constante aumento como paliativo contra la inflación. En Venezuela, el salario mínimo ha sido incrementado 28 veces en 15 años. Tampoco se garantiza el mantener los numerosos beneficios laborales obtenidos a través de la nueva Ley del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT).
  • No se garantiza la estabilidad laboral. No se garantiza la renovación del decreto de inamovilidad laboral que todos los años ha sido aprobado por los Presidentes Chávez y Maduro para los trabajadores de la empresa pública y privada. No se garantiza a los empleados y trabajadores públicos la permanencia en sus puestos de trabajo.
  • No se menciona ni se garantiza mantener la construcción de cientos de miles de viviendas a través de proyectos como la Gran Misión Vivienda Venezuela, realizado por el Comandante Chávez y su sucesor, el Presidente Nicolás Maduro.
  • No se menciona ni una sola vez al Poder Popular, ni a ninguna de sus formas de cogestión: Consejos Comunales, Comunas, Mesas Técnicas, Empresas de Producción Social, etc. No se garantiza que ninguna de las formas de propiedad mixta creadas por el gobierno bolivariano se respeten y se mantengan.
  • No se menciona ni se garantiza la continuidad del proyecto Canaima Educativo (Canaimitas), que ha llevado millones de computadores portátiles gratuitos y con software libre a niños y niñas de todo el país.
  • En ninguna parte del documento se hace referencia a defensa de los derechos de la mujer, apoyo a movimientos sociales, campesinos, ecologistas, animalistas, colectivos LBGT, de soberanía tecnológica y software libre, y otros movimientos que han sido apoyados en mayor o menor medida por la revolución bolivariana.
  • No se menciona ni se garantiza la permanencia en sus cargos de todas las autoridades elegidas por voto popular, directo y secreto.

Nadie discute que la revolución bolivariana tiene problemas y puntos en los que debe mejorar. Pero la situación nos pone ante dos caminos: Brindar apoyo al Presidente Maduro y ayudarle a ejecutar las acciones necesarias para mejorar la Revolución, o permitir que la derecha llegue al poder y ejecute su plan. ¿Cuál apoyará usted?

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* Nota: Este artículo está parcialmente basado en los micros radiales “El Acuerdo Nacional para la Transición, con ‘traducción simultánea‘” realizado por el Departamento de Producción de la emisora Alba Ciudad 96,3 FM, que le invitamos a escuchar, descargar y reproducir en su emisora de radio alternativa, comunitaria o revolucionaria.



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Luigino Bracci

Estrecho colaborador y antiguo miembro del equipo editor de Aporrea. Bracci es un celoso defensor del Software Libre y de la libertad de expresión.

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