Alquimia Política

Recordando el legado de la Constituyente de 1999

Venezuela vivió, a finales de la década de los noventa del siglo XX, momentos de cambio y transformación profundos. El 25 de julio de 1999, marcó un nuevo ciclo de la historia contemporánea del país; hombres y mujeres respondieron a una convocatoria de participación y de redefinición de las reglas del juego político. Acá no se trataba de buscar perdedores o ganadores, todos obtuvimos un triunfo: se llevó a cabo una consulta de opinión política sin disparar un solo tiro. Es ese ambiente de cordialidad e intercambio de ideas, el que ha caracterizado un proceso de búsqueda de alternativas adaptadas a la sociedad civil actual; un proceso que pudo llamarse Blanco o Negro (recordando los motivos inconfesos de finales del siglo XIX, que dieron con la denominación de Revolución Federal: "si ellos se hubieran llamado federales, nosotros conservadores o patrióticos"), aunque asumió forma de Asamblea Constituyente, bajo la inspiración de un hombre que logró identificarse con el colectivo más reprimido en cuarenta años de experiencia democrática representativa: Hugo Chávez Frías (1954-2013).

El proceso político Venezolano, en este intrincado siglo XX, ha estado bajo el fuego cruzado de revueltas, revoluciones y dictaduras. Cada época se ha marcado en razón de liderazgo personales y carismático, los cuales, cada cual en medida diferente, imprimieron un estilo y una conducta de Gobierno, que incidió sobre la expectativa de vida del venezolano. Desde el General Juan Vicente Gómez, pasando por el General Isaías Medina Angarita, y convergiendo en la Junta Revolucionaria que en 1958 inauguró el tiempo más prolongado de mandato en el siglo XX para Venezuela, se han erigido banderas en pro de la participación y en resguardo de los intereses más sensibles de las comunidades. No puede negarse que la acción de Gobierno del General Gómez, buscaba fortalecer las Instituciones y crear un ambiente propicio para el desarrollo nacional; no puede negarse que las intenciones de la Junta Revolucionaria, fue crear un ambiente de calma y tranquilidad pública para poder crear un medio idóneo donde debatir ideas y ejercer libertades; no puede negarse que los poderes hoy constituidos, han marcado un tiempo en donde el país se identificó con planes y proyectos trascendentales. Pero como en toda dinámica social, esas Instituciones se quedaron bajo el esquema de un país en donde las relaciones colectivas se entretejían en función a una organización partidista, que no es negativa en el fondo de sus fines, pero que permitió filtrar vicios (clientelismo, corrupción, cogollismo, entre otros.), los cuales carcomieron la credibilidad y el respeto que todo ciudadano le debía tener, creando el escenario ideal, con la evidente ausencia de un liderazgo auténtico, para la manifestación de nuevas alternativas de organización política.

La Carta Magna de 1961, es sin duda, un documento que denota fielmente las aspiraciones de una Sociedad participe de un proyecto político de fortalecimiento del rol de la representatividad; el articulado que refleja los Derechos de los venezolanos, es un manifiesto amplio y equitativo, del debe ser humano del hombre en su relación en el medio social. La necesidad de una nueva Carta Magna no obedeció a un rechazo de las bondades de la anterior, sino como un documento enriquecido y condimentado con nuevos puntos de vista que hoy ahondan la expectativa del venezolano común. Sin embargo, la Carta Magna vigente de 1999, es el reflejo del colectivo, de ese "bravo pueblo" que invade las calles de las ciudades buscando alternativas para crecer y reproducirse, en condiciones de igualdad y solidaridad republicana.

Las elecciones del 25 de julio, arrojaron dos perspectivas de análisis: El primero, se refiere a la voluntad soberana de profundizar el Sistema Democrático hacia un ámbito de participación ciudadana, es decir, opinar y ser oídos, en lo concerniente a las decisiones que sobre temas puntuales en lo económico, social y político, tienen que ver con el colectivo; y la segunda, la participación de una masa electoral que sigue fiel a los dictámenes de un nuevo liderazgo, el del comandante Hugo Chávez Frías. Algunos analistas han manifestado la tesis de que el 54% (aproximadamente) de abstención es el "voto castigo" del grueso de partidarios de las fórmulas políticas tradicionales. Que el voto atribuido al Polo Patriótico fue la concentración de las voluntades que estuvieron rezagadas durante estos cuarenta años de democracia representativa, y las cuales en esa historia protagonizaron la abstención electoral. Otros analistas por su parte, argumentan que el liderazgo de Hugo Chávez logró atraer a los rebaños mancillados por los partidos políticos, creando la consolidación del voto castigo como figura determinante.

La Constitución nacida de la Constituyente de 1999, más allá de apuntalar las resonadas bases políticas de una V República, reivindicó derechos y libertades afirmadas y confirmadas por leyes y tratados internacionales dada su condición de principios inalienables inmodificables; la nueva Constitución es un documento de Ciudadanía excelso, producto de una amplia participación de la sociedad civil, comprendidas todas sus formas de expresión, única garantía de su aceptación, y haciendo honor a la tradición que entronca con los orígenes del constitucionalismo moderno , debe convertirse en la mejor arma del ciudadano frente a las arbitrariedades del poder.

Ahora bien, esgrimiendo un punto de vista equilibrado, los resultados de las elecciones de los miembros a la Asamblea Constituyente (A.C.), demostró la madurez política del pueblo soberano. Una madurez caracterizada por la interrelación entre el colectivo y las propuestas políticas de los aspirantes; una madurez que en razón a un panorama de más de mil candidatos, aspirando a 128 escaños de la A.C. ( tres exclusivos de los pueblos aborigen), con un limitado tiempo de vigencia de seis meses, alcanzó culminar un proceso con expectativas bien definidas y con la clara convicción de lograr canales más directos de participación, en donde cada persona se sienta identificada y resguardada por leyes que eleven el sentido excelso del ser humano.

Una jornada cívica que en Portuguesa dejó el resultado de tres constituyentes convencidos de que la labor es por y para nuestra región, aunque eso no impide la evidente necesidad de que ellos aporten ideas y conceptos, en temas tan universales como los Derechos Humanos, el Sistema Electoral, el Federalismo y la Descentralización, etc. El comandante Wilmar Castro (21.68%), hoy día Gobernador del estado Portuguesa, la profesora Antonia Muñoz (14.11%), ex Gobernadora, por dos períodos consecutivos y Miguel Garranchán (12.39%); fueron, en su momento, la representatividad de todo un colectivo que veía en los cambios y transformación del modelo de Estado, una vía pacífica para alcanzar la revolución. También una vía para llevar las propuestas e inquietudes del pueblo al formato de Ley Constitucional.

En la Asamblea Constituyente se debatió el tema Económico consolidando los siguientes mandatos: Garantizar condiciones favorables para el progreso social y económico, el crecimiento de la renta y de las riquezas, en su más justa distribución; reconocer la libertad de empresa; asegurar el bienestar colectivo; la propiedad Privada; la protección al consumidor y al régimen comercial; la protección a las asociaciones, organizaciones, corporaciones, sociedades y comunidades que tengan por objeto el mejor cumplimiento de los fines de los derechos humanos y de la convivencia social; determinar los parámetros para la definición de la política monetaria; y, por supuesto, propició el desarrollo de la participación ciudadana en los procesos económicos.

En cuanto a la Agricultura, punto neurálgico del estado Portuguesa, se generaron lineamientos para proteger la producción nacional y crear condiciones de competencia sana y equilibrada, donde un campesino humilde de Papelón pueda comercializar sus productos bajos las mismas condiciones que un hacendado de Colombia o de los Estados Unidos. Equidad e igualdad, como marco fundamental para una Justicia Social trascendental.

En estos días de elecciones, de cambios y reimpulso en el camino revolucionario, recordar la CONSTITUYENTE como un proceso y acción ciudadana, donde se reivindicó el valor nacional y se abogó por una política de integración tanto externa como interna, en la cual el tinte político no fuese una excusa para no comunicarnos; donde la búsqueda de un bienestar colectivo nos unió para propiciar transformaciones con más niveles de participación, quedando el espíritu democrático impregnado de optimismo y amor por Venezuela.

A todas estas, la labor Constituyente se enfocó en una visión integral y universal, establecida en la norma de convivencia social, política y económica de los hombres; cinco argumentos sobresalieron en esa experiencia parlamentaria: 1.- La idea de Comunidad ante todo. Para Aristóteles ( 384/322 a.C,), la comunidad implica la amistad: los enemigos ni quieren compartir ni siquiera un camino. Las ciudades deben estar constituidas de elementos iguales y semejantes en el mayor grado posible; 2.-El concepto de República ante todo. Según Cicerón (106-43 a.C.), la República es cosa del pueblo; pueblo no es toda reunión de hombres congregados de cualquier manera, sino sociedad formada bajo garantía de las leyes y con objeto de utilidad común. 3.- La idea de Estado popular. Bodino (1530-1596), propuso en su clásica obra “Los Seis Libros de la República”, expone el Estado popular como aquella forma de República en la que la mayor parte del pueblo unida, manda con poder soberano sobre los demás, en nombre colectivo, y sobre cada uno del pueblo en particular. La principal característica del Estado popular consiste en que la mayor parte del pueblo tiene imperio y soberanía, no sólo sobre cada uno en particular, sino también sobre la parte menor de todo el pueblo en corporación; 4).- La idea de Gobierno humano. El historiador y filósofo Juan Bautista Vico (1668-1744), en su obra “Ciencia Nueva”, expone una clasificación de las formas de Gobierno, distinguiendo en tercera posición el Gobierno humano, en el que, por igualdad de la naturaleza inteligente, que es propia del hombre, todos se igualan con las leyes, pues todos han nacido libres en sus ciudades, también libres y populares, donde todos ellos, o la mayor parte, son fuerzas de la ciudad y por las cuales son señores de la libertad popular; y 5).- La División de Poderes como garantía de las libertades individuales. Charles de Secondat, Barón de Montesquieu(1689-1755), expuso en su obra “El espíritu de las leyes”, que la libertad política de un ciudadano es la tranquilidad de espíritu que proviene de la confianza que tiene cada uno en su seguridad; para que esta libertad exista, es necesario un gobierno tal que ningún ciudadano pueda temer a otro.

Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad; falta la confianza, porque puede temerse que el monarca o Senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; como que el juez sería el legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares.

A todas estas, valga volver al ideario de Antonio Gramsci, quien escribió a comienzos de siglo que : “ Los viejos dirigentes intelectuales y morales de la sociedad, sienten que se les hunde el terreno bajo los pies, se dan cuenta de que sus prédicas se han convertido precisamente en prédicas, es decir, en algo ajeno a la realidad, en pura forma sin contenido, en larva sin espíritu; de aquí su desesperación y sus tendencias reaccionarias y conservadoras: la forma particular de civilización , de cultura , de moralidad que ellos han representado se descompone y por esto proclaman la muerte de toda la civilización, de toda cultura, de toda moralidad y piden al Estado que adopte medidas represivas, y se constituyen en un grupo de resistencia apartado del proceso histórico real, aumentando de este modo la duración de la crisis, porque el ocaso de un modo de vivir y de pensar no puede producirse sin crisis”. Que palabras tan vigentes hoy con el proceso histórico venezolano. Estos aires de cambio se han sucedido simultáneamente en el mundo civilizado, lo que lo hacen novedoso y trascendental, es que nos ocurre a nosotros, bajo alternativas y expectativas muy sentidas que radicalizan la consigna “nuevos tiempos, nuevos discursos, nuevos hombres, nuevo país.

En este invierno de situaciones que nos hacen soñar con tiempos de primavera, valgan las palabras de Abraham Lincoln, pronunciadas en 1863, como parte de la Oración de Gettysburgo: “Nosotros, los que vivimos, tenemos la obligación sagrada de continuar y terminar noblemente la obra que comenzaron los que aquí sucumbieron. Ahora nos corresponde a nosotros dedicarnos por entero a la gran empresa que todavía está inconclusa, para que seamos dignos de los venerados muertos, para que tomemos de ellos la misma devoción a la causa por la que dieron la suprema prueba de afecto, para demostrar que no entregaron en vano sus vidas, que nuestra nación, colocada bajo el amparo de Dios, conocerá siempre la libertad tras este nuevo bautismo de sangre, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo jamás desaparecerá de la tierra”.

*.-azocarramon1968@gmail.com


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Ramón E. Azócar A.

Doctor en Ciencias de la Educación/Politólogo/ Planificador. Docente Universitario, Conferencista y Asesor en Políticas Públicas y Planificación (Consejo Legislativo del Estado Portuguesa, Alcaldías de Guanare, Ospino y San Genaro de Boconoito).

 azocarramon1968@gmail.com

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