La relación entre Estados Unidos y Venezuela ha sido, durante más de dos décadas, un eje de tensiones profundas en el hemisferio occidental. El gobierno estadounidense ha aplicado de manera consistente una estrategia de "máxima presión" contra el régimen de Caracas, combinando sanciones económicas devastadoras, aislamiento diplomático y una retórica abiertamente hostil. Sin embargo, la opción militar siempre ha permanecido sobre la mesa, mencionada en el pasado por altos funcionarios como una posibilidad "sobre la mesa".

Este análisis postula que una intervención militar directa de Estados Unidos en Venezuela es un escenario plausible, pero cuya materialización estaría condicionada a una serie de factores críticos, proyectando su ejecución más probable para después de mayo de 2026. Esta fecha no es arbitraria; responde a un cálculo geoestratégico que involucra la reconfiguración del tablero regional, específicamente en Colombia, y la culminación de preparativos logísticos y operativos. Lejos de ser una acción impulsiva, se trataría de la fase final de un plan meticuloso y de largo aliento, destinado a minimizar riesgos y maximizar las probabilidades de éxito.

La hipótesis central es que Washington necesita un aliado regional sólido y alineado para actuar, y ese aliado es Colombia. La espera hasta después de mayo de 2026 se fundamenta en la expectativa de un cambio político en Bogotá, con la toma del poder en las elecciones de las élites colombianas, que permita el uso de su territorio, bases aéreas e inteligencia, aislando aún más a Venezuela y creando una plataforma de operaciones indispensable.

Colombia representa, por su extensa frontera, su capacidad militar y su histórica alianza con Washington, el elemento más crucial en cualquier cálculo de intervención en Venezuela. El gobierno del presidente Gustavo Petro, el primero de tendencia abiertamente izquierdista en la historia reciente del país, ha marcado un giro radical en esta dinámica. Petro ha reanudado relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro, reabierto la frontera y buscado una política de distensión. Para los estrategas en Washington, este acercamiento es un obstáculo significativo.

La próxima elección presidencial en Colombia, programada para mayo de 2026, es vista como la oportunidad clave para revertir esta situación. Los sectores de derecha y centro-derecha, tradicionalmente alineados con los intereses estadounidenses y críticos férreos del chavismo, tienen altas probabilidades de retomar el poder. Un gobierno bajo el liderazgo de figuras como María Fernanda Cabal o el ex presidente Álvaro Uribe, representaría un cambio inmediato.

Con un gobierno colombiano afín, Estados Unidos lograría:

Acceso Territorial Irrestricto: La capacidad de desplegar tropas, equipos y aviones en bases del norte de Colombia, acortando dramáticamente las líneas de suministro y ataque.

Corredor de Invasión Terrestre: La frontera de 2.200 km se convertiría en un punto de penetración viable para fuerzas terrestres, algo imposible sin la cooperación de Bogotá.

Inteligencia Compartida: La integración total de los servicios de inteligencia colombiana (que conocen el terreno y a los actores locales) con la CIA y la DIA (Agencia de Inteligencia de la Defensa) sería un multiplicador de fuerza invaluable.

El cerco sería completo.Aislamiento Total de Venezuela: Venezuela quedaría literalmente rodeada. Al norte, el bloqueo naval; al este, Guyana (otro aliado creciente de EE.UU.); y al oeste, una Colombia hostil. El cerco sería completo.

Por lo tanto, la espera hasta después de mayo de 2026 no es por paciencia, sino por necesidad estratégica. Es el tiempo requerido para que las condiciones políticas en Colombia maduren y se alineen con los objetivos de Washington.

Mientras espera el momento político óptimo, Estados Unidos no permanece inactivo. La preparación de una fuerza de intervención y la ejecución de operaciones encubiertas son componentes esenciales que ya estarían en marcha.

Panamá, con su tradición de neutralidad pero con una histórica relación militar con Estados Unidos (recordemos la antigua Escuela de las Américas), ofrece un terreno ideal para el adiestramiento. Reportes de prensa han señalado la presencia de más de 10,000 soldados estadounidenses y de fuerzas especiales de países occidentales realizando ejercicios en las densas selvas del Darién y otras regiones.

Este entrenamiento no es genérico. Las condiciones de la selva panameña son notablemente similares a las de muchos territorios venezolanos, como los estados Amazonas, Bolívar y Apure. Los soldados se entrenan en:

Guerra en Jungla: Supervivencia, movilidad y combate en condiciones de humedad, vegetación espesa y visibilidad reducida.

Operaciones de Fuerzas Especiales: Incursiones rápidas, eliminación de objetivos de alto valor, sabotaje a infraestructura crítica.

Guerra Irregular: Tácticas para enfrentar a milicias irregulares y grupos guerrilleros, potencialmente aliados del gobierno venezolano.

Esta fuerza, una vez preparada, podría desplegarse rápidamente desde Panamá hacia Colombia o directamente a Venezuela cuando se diera la orden.

La Central Intelligence Agency (CIA) lleva años operando en la sombra dentro de Venezuela. Sus actividades, encubiertas y de alto riesgo, están dirigidas a:

Desestabilización desde Dentro: Financiamiento y asesoría a grupos de oposición radical, fomentando protestas y desobediencia civil.

Guerra Psicológica (PsyOps): Campañas de desinformación masiva a través de redes sociales y medios afines, destinadas a minar la moral de las Fuerzas Armadas venezolanas y generar pánico en la población.

Reclutamiento de Actores Clave: Buscan captar oficiales militares venezolanos descontentos, funcionarios gubernamentales y líderes empresariales, creando una "quinta columna" que active un golpe interno o colabore con una invasión externa.

Recolección de Inteligencia de Campo: Identificación de defensas antiaéreas, ubicación de puestos de mando, mapas detallados de bases militares y evaluación de la lealtad de las unidades del ejército venezolano.

Estas operaciones buscan "ablandar" el objetivo, creando las condiciones internas para que una intervención militar encuentre una resistencia debilitada y un apoyo local significativo.

Paralelamente a las acciones encubiertas, Washington mantiene una demostración de fuerza constante y visible, destinada a intimidar y probar las defensas venezolanas.

La presencia de grupos de ataque del portaavion, el USS Gerald Ford en aguas del Mar Caribe, es un mensaje claro. Estas operaciones, a menudo enmarcadas como "ejercicios de libertad de navegación", cumplen varias funciones:

Disuasión: Muestran a Caracas el inmenso poder de fuego que puede desplegarse en cuestión de horas.

Control Aéreo y Marítimo: Los aviones de alerta temprana y los cazas desde el portaaviones pueden vigilar el espacio aéreo venezolano y, en un escenario de conflicto, establecer una zona de exclusión aérea.

Bloqueo Potencial: La flota es capaz de imponer un bloqueo naval efectivo, impidiendo la entrada de suministros cruciales (como combustible o alimentos) y cortando las exportaciones de petróleo, el sustento económico del gobierno venezolano.

Plataforma de Ataque: Desde estos buques pueden lanzarse misiles de crucero Tomahawk en la fase inicial de un conflicto para destruir defensas aéreas, cuarteles y centros de comunicaciones.

Esta presión naval mantiene a las Fuerzas Armadas venezolanas en un estado de alerta permanente, desgastando su capacidad de respuesta y fijando sus recursos en la defensa costera.

Una intervención no se limitaría a un bombardeo masivo y una invasión terrestre. Es probable que se combine con un abanico de estrategias híbridas:

Ciberguerra (Cyberwarfare): Ataques coordinados para derribar la red eléctrica nacional (como ya ha ocurrido en el pasado), paralizar sistemas bancarios, interrumpir comunicaciones telefónicas e internet y sabotear el sistema de control de la industria petrolera. El caos resultante sería el telón de fondo perfecto para una acción militar.

Operaciones de Bandera Falsa (False Flag): Es posible que se orqueste un incidente de alto impacto que justifique la intervención ante la opinión pública internacional. Por ejemplo, un ataque supuestamente proveniente de Venezuela contra instalaciones o tropas estadounidenses en Colombia o en altamar, presentado como un acto de agresión que requiere una respuesta "proporcionada".

Apoyo a un Gobierno Provisional: Washington y sus aliados reconocerían rápidamente a un gobierno interino formado por figuras de la oposición, otorgando legitimidad legal a la invasión bajo el argumento de "asistir a un gobierno legítimo" contra un "régimen usurpador".

Uso de Mercenarios y Contratistas Privados: Como se vio en el intento de invasión de Silvercorp en 2020, existe un interés en utilizar fuerzas irregulares para realizar acciones de negación plausible, aunque en una operación a gran escala su papel sería más de apoyo logístico y seguridad.

La proyección de una invasión estadounidense a Venezuela después de mayo de 2026 se basa en una lógica estratégica discernible: la paciencia para alinear a Colombia como un aliado operativo total, el tiempo necesario para preparar y entrenar una fuerza de intervención especializada, y la ejecución sostenida de una campaña de presión militar y desestabilización encubierta.

Sin embargo, es crucial entender que este es un escenario de altísimo riesgo. Una invasión de esta magnitud no sería una repetición de las intervenciones en Panamá (1989) o Granada (1983). Venezuela posee unas Fuerzas Armadas numerosas y con equipamiento relativamente moderno de origen ruso y chino, incluyendo sistemas de defensa aérea S-300. Además, cuenta con una milicia civil masiva y el potencial de una guerra de guerrillas prolongada, respaldada por sectores de la población leales al chavismo.

Las consecuencias humanitarias serían catastróficas, generando una crisis de refugiados de proporciones históricas que colapsaría a toda Sudamérica. Geopolíticamente, provocaría una confrontación directa con Rusia y China, que tienen intereses económicos y estratégicos en el país, pudiendo llevar a un conflicto mayor.

Por lo tanto, mientras los indicadores apuntan a que Estados Unidos se está preparando para esta posibilidad, la decisión final dependerá de un cálculo de coste-beneficio que evalúe si el derrocamiento del gobierno presidente constitucional Nicolas Maduro justifica sumir a la región en un conflicto de consecuencias impredecibles y potencialmente devastadoras. La ventana post-mayo de 2026 puede ser el momento de mayor tentación para actuar, pero también el de mayor peligro para la estabilidad hemisférica.