Desde el lunes 5 de febrero el Gobierno de Maduro arrancó lo que dio en llamar una "consulta electoral", supuestamente "con todos los sectores sociales" para "construir una propuesta de calendario electoral" para la presidencial de este año. Jorge Rodríguez (PSUV) informó que este viernes presentarán la propuesta de calendario al CNE (más exprés imposible). Al compás, las negociaciones discrecionales de cúpula continúan, incluyendo encuentros con Estados Unidos quien ha dicho que "nos importa es el proceso, no el candidato", con relación a las inhabilitaciones.
Son diversos los sectores políticos y sociales a los que estaría convocando la Asamblea Nacional durante la semana. Según lo que declara el gobierno, no habrá sector que se quede fuera de la "consulta": partidos políticos –incluyendo a la llamada "oposición" que se ha venido cuadrando con el Gobierno–, sectores empresariales, religiosos, académicos, de la cultura, etc. A partir de dicha "consulta" se elevarían las probables fechas de "propuestas" al Consejo Nacional Electoral (CNE).
No participan los principales partidos políticos aglutinados en la llamada "Plataforma Unitaria Democrática", con quienes el Gobierno de Maduro ha venido manteniendo negociaciones en otro plano, con participación evidente de Estados Unidos, y que han dado pie, como se sabe, a los acuerdos establecidos en Barbados. Como parte de esos entendimientos, un supuesto cronograma electoral que establecía realizar las presidenciales en el segundo semestre del año, aspecto de esos acuerdos que, a la luz de los hechos, ha entrado en crisis. Negociaciones, por cierto, a pesar de lo que dicen públicamente, no se han detenido, y continúan por caminos del secretismo.
No es de dudar que las fechas que se propongan desde la Asamblea Nacional, luego de la tan propagandeada "consulta", serían las que termine anunciando el ente electoral, que responde, como es sabido, al Gobierno Nacional. No faltaría obviamente el CNE en no atender a la supuesta "consulta" emanada desde el Gobierno de Maduro.
Al momento, los cambios de fechas para las presidenciales juegan a capricho y conveniencia del Gobierno. En supuesta crisis de los acuerdos de Barbados a partir de la inhabilitación de María Corina Machado, que derivaron con la retomada de las sanciones de Washington y la respuesta de Maduro, con una medida que, lejos de alcanzar intereses estadounidenses, afectaría más que todo a los migrantes venezolanos detenidos en la frontera de Estados Unidos, la fecha de la convocatoria de las presidenciales volvería a estar en estaca cero para nuevas negociaciones que ya están en curso.
Como movimiento político, el Gobierno de Maduro se sacó de la manga la "consulta electoral". La legislación electoral del país no establece específicamente el momento del año en el que tiene que celebrarse una elección presidencial, lo que abre a la convocatoria discrecional de la misma a depender el Gobierno de turno. Por ejemplo, para el período presidencial 2019-2025, Maduro adelantó las presidenciales para el 20 mayo de 2018, para juramentarse el 10 de enero de 2019, construyendo unas elecciones a su imagen y semejanza de manera de asegurarse la reelección. Unas elecciones convocadas inicialmente a través de la entonces fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, que no era más que un brazo extendido del PSUV, como contrapeso "legislativo" a la Asamblea Nacional controlada por la oposición proimperialista.
Como el Gobierno nacional ejerce el control de todos los poderes del Estado, el CNE está a la espera de lo que indique Maduro. Mientras en el ente electoral, que se supone debe tener un rol central en el asunto, reina el silencio absoluto, vemos en los últimos meses a representantes del oficialismo hasta anunciando eventuales fechas, tal es el caso sobre todo de Diosdado Cabello, pero no el único. Hasta José Brito, patética expresión del opositor de derecha que, marginado y decepcionado por el fracaso de la ofensiva de Trump con Guaidó, pasó a ser alfil de segunda categoría útil al Gobierno, acaba de proponer como fecha el 28 de julio, haciendo alusión específica a que, siendo el día del natalicio tanto de Hugo Chávez como de Guaidó, sería pertinentemente simbólico para "cerrar una etapa del país y abrir otra". Patético.
Una caricatura de consulta
La realización de esta "consulta", sumada a la inhabilitación de María Corina Machado, no vienen siendo sino mecanismos de montar unas presidenciales a la medida, que les garantice a la casta gobernante actual su continuidad. El gobierno sabe que unas elecciones en condiciones normales las perdería, dado el gran repudio que sufre por las condiciones extremas de miseria y hambre a la que ha conducido a las grandes mayorías del pueblo venezolano, la descomposición del mismo, corrupción descarada, el autoritarismo extremo. Por eso es que el gobierno ha venido inhabilitando a derecha y a izquierda. Recientemente vimos no solo la inhabilitación de María Corina, sino también la proscripción del Partido Comunista de Venezuela, buscando evitar que por izquierda le pueda restar votos.
Gran parte de la población rechaza el autoritarismo con el cual el gobierno se arroga la potestad de decidir a su antojo quien puede y quién no participar en las próximas elecciones presidenciales, incluso pisoteando lo que haya decidido en votaciones un segmento de la población referenciado en las primarias de uno de los sectores políticos del país, que ha posicionado a María Corina. Ratificó también la inhabilitación, en este espectro político, a Capriles Radonski, por las dudas.
De allí que se monta una caricatura de "consulta", donde los participantes van proponiendo las más dispares fechas como quien saca números en un bolillero de lotería, sin la mayor base. Surgen propuestas incluso para realizar elecciones en el mes de marzo, cuando restarían aún casi diez meses para que el "nuevo" presidente que resulte electo asuma (10 de enero del 2025). En el caso supuesto de Maduro ser derrotado, podría seguir gobernando durante todo ese largo lapso de tiempo. Insólito. Y no hay mes del calendario que no haya sido propuesto en esa "lluvia de iniciativas", que no se diga que no hubo diversidad propuestas.
En esto sí no ha faltado el CNE, apenas para abrir la boca y decir que, si quieren, en 35 días "podemos" organizar las elecciones presidenciales. Mientras en 2016, por ejemplo, en ocasión de discutirse referéndum revocatorio, el CNE daba como argumento funcional a las tretas del Gobierno, que se requerían unos 90 días para organizar una elección de esa dimensión. Si se hacía el revocatorio antes del 10 de enero de 2017 y lo perdía Maduro, correspondería hacer nuevas elecciones presidenciales, si en cambio se hacía el revocatorio posterior a esa fecha, no procedían nueva elecciones presidenciales sino que asumiría el Vicepresidente o Vicepresidenta. El CNE, con el argumento de los 90 días, afirmó que no podría realizarse antes del 10 de enero. Hoy dice que en 35 días se puede hacer una elección presidencial, arbitrariedades tan escandalosas sobran.
Es más que una obviedad que será el Gobierno quien determinará la fecha, dado el caso que no termine de cerrar un acuerdo con Estados Unidos y la otra oposición no participante de la "consulta", decidiéndola en función de su conveniencia, para luego decir que es el "consenso" de todos. Pero incluso, el hecho de que las elecciones hubiesen sido decididas en el marco de los acuerdos de Barbados, y aún no está cerrado que no lo sean, no por ello dejarían de ser acuerdos de cúpulas antidemocráticos de los partidos mayoritarios, donde el pueblo trabajador no tiene vela. En este caso, para la propia oposición de derecha incluyendo a María Corina Machado, que el CNE siga siendo un adorno poco le importa. Así es la "antidemocracia" venezolana, o el autoritarismo reinando por todos lados.
Los encuentros con Estados Unidos y las negociaciones en curso
Mientras esto ocurre, se siguen desarrollando encuentros secretos. Se ha hecho pública la reciente reunión de representantes del Gobierno de Biden con el de Maduro en una de las islas del Caribe. Estados Unidos habría enviado a Juan González, asesor de la Casa Blanca para América Latina, a reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Recordemos que el año pasado se dieron varios encuentros discrecionales en Qatar entre estos mismos personajes, que luego derivaron en los acuerdos de Barbados de octubre, los cuales fueron firmados por el sector de la oposición de la Plataforma de Unidad Democrática.
Por eso no es casualidad que el miércoles 7 de febrero, este asesor de la Casa Blanca afirmara que "Nos importa es el proceso, no el candidato", al referirse a los candidatos inhabilitados, abriendo la puerta a la negociación bajo el pragmatismo e intereses estadounidenses. De allí que se especula –a raíz de las negociaciones– que María Corina Machado estaría abriendo el juego, inscribiendo para las elecciones a una partidaria suya, mientras ella en la calle estaría haciendo la campaña directamente.
Como escribimos recientemente, estamos ante una combinación brutal de políticas reaccionarias por donde quiera que se mire. Un gobierno reaccionario cuasidictatorial, arbitrando como le venga en gana, realizando medidas de proscripción de candidatos, medidas claramente antidemocráticas contra el derecho del pueblo a decidir por quién votar; en su contracara, María Corina Machado, una empresaria y política reaccionaria que siempre quiso hacerse del poder por la fuerza, sin importarle la voluntad del pueblo, que participó en cuanto golpe o intento de ese tipo hubo contra Chávez; ya en el período de Maduro, un gobierno claramente odiado por la mayoría del pueblo, ésta quiso que fuera Estados Unidos el que impusiera el gobierno en Venezuela, pidiendo no solo esas sanciones sino incluso intervención militar.
Al compás, EEUU volviendo con sus medidas criminales contra el pueblo y Maduro respondiendo con acciones que reducen a los migrantes venezolanos a meras armas de profundización de la crisis interna de EEUU (al amenazar con suspender los vuelos de repatriación). Todo mientras los acuerdos secretos entre el propio Estados Unidos y el Gobierno de Maduro continúan, así también como los entendimientos de cúpula entre oficialismo y opositores. Nada bueno para el pueblo trabajador y las grandes mayorías populares que siguen sufriendo las grandes calamidades, mientras los de arriba viviendo como reyes y acordando en función de sus intereses.
