Una forma de describir la crisis política en nuestro país (que no es la única, tal vez no sea la más acabada), es caracterizarla como un conflicto de interpretaciones de la Constitución. Cada facción en la contienda pretende sostener un "hilo constitucional", una secuencia de actos supuestamente legales y legítimos, y acusar al otro de romper ese hilo. Así, por un lado, está el "hilo" que va desde las elecciones parlamentarias de 2015, ganadas por una mayoría opositora, hasta la autojuramentación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como Primer Mandatario Nacional, el 23 de enero pasado; por el otro, el que se inicia con la elección como presidente de la República de Nicolás Maduro, la convocatoria y elección de una "Asamblea Constituyente", de poderes plenos y supraconstitucional, y las elecciones presidenciales en mayo de 2018 convocadas por esa misma "ANC".
Entre este negro y blanco hay, por supuesto, un "gris": la designación por el parlamento saliente, en 2015, en vistas de la victoria de la oposición, en condiciones bastante discutibles, de un Tribunal Supremo de Justicia conformado por evidentes militantes disciplinados del Partido de gobierno. Fue ese TSJ el que declaró el "desacato" del Parlamento por no desincorporar a unos diputados que, presuntamente, fueron electos en una situación irregular, en el estado Amazonas. Algo que pudo haberse resuelto rápidamente, mediante la convocatoria de las elecciones en ese estado, lo cual se retardó durante años. Precisamente, esos años de gran agitación política, en los cuales se promovió un referéndum revocatorio, que también fue retardado y finalmente neutralizado por el Consejo Nacional Electoral, un período de importantes protestas en las calles.
Precisamente, la convocatoria de la llamada "Asamblea Nacional Constituyente" es el punto donde se bifurcan ambos "hilos constitucionales". Por una parte, fue una hábil maniobra política para enfrentar la ola de protestas que ya alcanzaban un nivel de violencia pre insurreccional, con un importante saldo de heridos, muertos y detenidos, sometidos directamente a la Justicia Militar. Se trató de una respuesta política que iba más allá de la simple represión. De hecho, la convocatoria fue efectiva: paró por un momento la ola de manifestaciones, hundiendo a la oposición en la fragmentación y la desmoralización. Entonces, el sector más "radical" de la oposición resolvió centrarse en la vía de la intervención extranjera, con la abierta dirección norteamericana.
Decimos que aquí se bifurcaron los "hilos constitucionales" porque ambas facciones aducen apoyarse en la Constitución para justificar sus estrategias. El gobierno arguyó que el artículo 348 faculta para "tomar la iniciativa" al Presidente de la República para la convocatoria. Lo que no aclaró bien fue en cuál artículo aparecía esa estructuración corporativa que adquirió en el discurso de Maduro, la de representantes por sectores sociales: trabajadores, empresarios, tercera edad, campesinos, etc. Además, dejaba por fuera el principio constitucional de la progresión del derecho al negarse a consultar al pueblo acerca de la convocatoria, tal y como ya se había hecho en 1999, cuando regía otra constitución que ni siquiera contemplaba la Constituyente. Por su parte, la oposición y en general los objetores de la ANC, indicaron que ambas cosas (la convocatoria popular y la progresión del derecho) hacían de ese organismo supraconstitucional que efectivamente se eligió, algo inconstitucional, nula de toda nulidad. De hecho, por su condición supraconstitucional y su ejercicio que no ha tenido nada que ver con la labor de redactar una nueva constitución, se levantó una dictadura al estilo de la Roma clásica.
Fue esa ANC, monocolor porque sólo participó el partido de gobierno y sus aliados, la que convocó a su vez las elecciones presidenciales de mayo de 2018, adelantando la fecha constitucional, como parte de sus "poderes plenos". De allí que, para la oposición, Maduro no es Presidente por la misma razón por la que es nula la Constituyente. Por su parte, el gobierno aduce que la ANC es expresión máxima de la Soberanía Popular y que no tiene representación de la oposición simplemente porque ésta decidió no tenerla al abstenerse. Además, de hecho en las elecciones de 2018 participó incluso un candidato de la oposición y un grueso de ella optó de nuevo por la abstención. Maduro fue electo, por lo demás, con una importante votación popular.
Por supuesto, tal conflicto de interpretaciones constitucionales tiene como base la lucha política, directamente la lucha por el poder del estado. La frontera entre lo jurídico y lo directamente político, es esa zona donde se define la legitimidad y la legitimación, es decir, el consenso social con unas razones para el ejercicio del Poder. Al no haber consenso, no hay reconocimiento. Reconocimiento en varios sentidos: en cuál el "poder legítimo", o la Asamblea Nacional o la ANC y el Presidente de la República (y los Poderes Públicos que hasta ahora evidentemente le obedecen). Pero también reconocimiento de la fuerza social que representa cada posición.
Ahora se ha abierto la perspectiva de una intervención internacional, más específicamente, del gobierno norteamericano, para dirimir la contienda política nacional. Las circunstancias las sabemos. La escalada ahora entrará en una nueva fase con el señuelo de la llamada "ayuda humanitaria" , que no es tal sino un cebo para provocar una situación que le sirva a la administración Trump para convencer a una reacia opinión estadounidense, de la necesidad de la intervención militar directa. La escalada de tensiones continuará porque todavía existe un equilibrio de fuerzas: de una parte, la oposición cuenta con el apoyo militante de la derecha norteamericana en el poder, así como varios gobiernos latinoamericanos y un importante base social que trasciende las clases medias para llegar a los llamados "sectores populares" por el desgaste debido a la crisis económica. Por otra parte, el gobierno mantiene un importante apoyo popular y, sobre todo, el de las Fuerzas Armadas, cuyos principales jefes participan de la cúpula del Poder.
De nuevo, se presenta la faz horrible de una guerra, que ya nunca será civil únicamente, sino internacional, con la injerencia directa de los Estados Unidos y la obligante participación de los factores geopolíticos emergente de China y Rusia y demás aliados. Pero, al mismo tiempo, nos conseguimos con un nuevo "equilibrio": ocurre que la derecha norteamericana más agresiva (el propio Trump, Marco Rubio) no las tiene todas consigo en su propio espacio doméstico para emprender una invasión en regla. El forcejeo con la llamada "ayuda humanitaria" (que no guarda los límites jurídicos internacionales fijados por ONU para que lo sea) es un nuevo episodio. Por supuesto, es una provocación para que el Estado tenga que reprimir y así agregar leña al fuego, y hasta producir nuevos argumentos para vencer la resistencia de algunos políticos norteamericanos para el involucramiento militar directo en la crisis venezolana.
A todas estas, aparece un impulso, pequeño pero que puede ser significativo precisamente por el equilibrio de fuerzas entre los aliados de EEUU y los del gobierno de la cúpula burocrático-militar, para el establecimiento de negociaciones y la apertura de la posibilidad de una solución electoral, que pase por unos comicios generales. Representantes de esta iniciativa son los gobiernos de México y Uruguay, pero también aquellos europeos que no han reconocido a Guaidó como presidente (Italia, Alemania, Grecia, Austria, Turquía, etc.). En Venezuela, hemos apoyado esa propuesta de referéndum consultivo y elecciones generales, lanzada por la Plataforma por la Defensa de la Constitución y el Grupo de Pensamiento Crítico, entre otras agrupaciones.
La tensión aumenta, y con ella la consideración clave: por qué y para qué ir a una confrontación armada, de consecuencias terribles, si el pueblo con su soberanía puede resolver, no sólo una salida pacífica, sino también institucional.
Por eso estamos impulsando, junto al Grupo de Pensamiento Crítico y otras agrupaciones, el referéndum consultivo y las elecciones generales como solución democrática, pacífica, constitucional y popular, frente a la guerra y la intervención internacional.
