(Especial para aporrea.org). La calificación “riesgo país” es un concepto del que muchos oyen hablar, pero que muy pocos entienden. Supuestamente es la diferencia que existe entre la tasa de interés de la deuda venezolana sometida a análisis y la que rinde la de EE.UU. en el mismo plazo. En el caso venezolano, ¿cuánto más nos cuesta a los venezolanos una deuda que se adquiere en el mercado financiero internacional? El comentario viene a colación porque el sábado 7 de abril de 2012, la agencia de noticias Reuters trajo un cable con la leyenda: “La agencia Ficht Rating rebajó el miércoles a negativo el panorama de la calificación de la deuda de Venezuela, citando un debilitamiento de sus políticas fiscales” (Panorama, 07.04.2012, p. Economía 3).
En verdad, esa noticia no es ninguna sorpresa. Pese a que Venezuela nunca, léase bien, nunca ha dejado de pagar sus compromisos financieros internacionales, que sus reservas internacionales han sido lo suficientemente sólidas como para hacerle frente a sus deudas, que canceló al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial la totalidad de su deuda externa, a que nunca ha incurrido en default, esos organismos internacionales, que responden a los intereses del Gran Capital, pretenden acorralar a Venezuela adoptando esas posiciones contra nuestro país. Es un verdadero terrorismo financiero. Mientras el gobierno venezolano mantenga una política de confrontación contra la manera de hacer negocios la banca internacional, esa situación se mantendrá. Es por eso que las inversiones extranjeras no fluyen, como debieran, a las actividades económicas del país, porque esas agencias calificadoras de riesgo (Standard & Poor's, Moody's - Moody's, Investors Service - Estados Unidos, Fitch y Fitch Ratings, de Estados Unidos e Inglaterra, entre otras) argumentan la insolvencia, la debilidad de las cuentas fiscales, inseguridad jurídica, etc. de Venezuela.
No importa que Venezuela mantenga unas reservas internacionales sólidas, ni que el crecimiento de la economía venezolana se manifieste de manera sostenida durante períodos prolongados de tiempo, o que sea un país solvente con la banca internacional, o que sea el país con mayores reservas de petróleo del planeta, o que sea un país de probada vocación democrática, que la distribución del ingreso nacional sea el mejor de Latinoamérica, que la tasa de desempleo (8%) tenga niveles de aceptación universal, que la matrícula universitaria se haya duplicado en los últimos diez años, que se hayan construido más de doscientas mil viviendas para los pobres en los últimos doce meses, que la pobreza haya disminuido en 64% en once años. Eso para las calificadoras de riesgo, en el caso venezolano, no cuenta.
Pero, ¿qué son las calificadoras de riesgo? Las agencias de calificación o clasificación de riesgos, son agencias privadas que le cobran a unos clientes, generalmente instituciones bancarias y de seguros para créditos o agencias de rating. Son empresas que, por cuenta de un cliente, califican unos determinados productos financieros o activos ya sean de empresas, estados o gobiernos regionales (estados federados, comunidades autónomas).
En la sociedad capitalista occidental (Europa, América, Japón, etc), la calificación de riesgo es quizás la referencia más importante para la toma de decisiones de inversión de acuerdo con las preferencias de rentabilidad y riesgo del inversionista. En los mercados emergentes, y en especial en el mercado venezolano, la calificación de riesgo cobra mayor importancia por la relativa ausencia de información pública y por lo complejo que resulta analizarla, por lo que ésta se convierte en la principal de las fuentes de información, contribuyendo así a mejorar la calidad de las decisiones de inversión.
Sin embargo, en el período 2000-2010, la tasa de variación de la formación bruta de capital fijo de Venezuela, según el Boletín de 2011 de la CEPAL, fue de 5,65, superada por siete países, y por delante del resto de los países de América Latina y el Caribe. En la década de 1990, en cambio, con una tasa de variación de 3,76, fuimos superados por catorce países. Esos indicadores expresan que hemos avanzado en ese capítulo, que es el que marca las potencialidades de desarrollo de una economía.
La actual calificación de riesgo de nuestro país, que nunca ha incurrido en corralitos, donde el sistema financiero se encuentra más sólido que nunca, es producto de la campaña internacional que las grandes economías internacionales de América del Norte y Europa han desatado sobre Venezuela valiéndose de los medios masivos de comunicación social. Sin embargo, entre 2007 y 2011, algo más de 60 mil millones de dólares entraron al país atraídos por las oportunidades de la explotación conjunta de nuestras reservas petroleras, siempre acogiéndose y respetando las condiciones impuestas por las leyes venezolanas.
Lo negativo de esa circunstancia para la economía venezolana estriba en que si República decidiera emitir hoy nueva deuda para financiar su déficit fiscal y abastecer inventario de títulos al SITME y la emitiera al mínimo plazo de un año, tendría que pagar una tasa de interés cercana al 12%, mientras que países que han incurrido en moratoria, en default, sólo pagan entre 0,30% y 5% de interés. Si Venezuela decidiera pagar menos, los inversionistas optarían por comprar su deuda a un año en el mercado secundario, que se negocia a ese rendimiento, y la deuda nueva no se colocaría. Hay que aclarar que la deuda venezolana es inferior al 25% de su PIB, mientras que la de EE.UU es del 102% del PIB, la de España del 67%, la de Italia, del 121%, la de Francia, del 87%, la de Portugal, del 106%.
Pese a ese panorama negativo, en el futuro inmediato, y atraídos aún más por la buena nueva del crecimiento de un 5,6% de nuestra economía en el primer trimestre de 2012, fluirán más capitales hacia sectores no petroleros de la vida económica del país. Eso esperamos
*Miembro de Número de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia
