9 abril 2017 - "Hay 40 guardias nacionales que ya no dejan sembrar y dicen que no pueden sacar cosechas" relató Abdon Urbina, el abogado de unos treinta agricultores asentados en la hacienda Valle Plateado, del municipio Uribante de Táchira, desde hace 20 años, a quienes el Instituto Nacional de Tierras (INTI), les revocó su título agrario y ordenó devolver las tierras a un grupo de empresas que alegan ser el propietario.
La decisión, tomada por el directorio del INTI el 9 de marzo pasado, tiene de 60 días para ser apelada a traves de un recurso contencioso ante el tribunal superior agrario, sin embargo el voceros del grupo empresarial ha advertido que el lugar deber ser desalojado en los próximos días y desde el miércoles pasado un contingente de efectivos militares fue ubicado en las parcelas y otros patrullan el área en motos y vehiculos.
En este momento en el terreno hay cultivos de papa que ya deben ser cosechados, pero la presencia de los agentes de seguridad no permite la recolección del tubérculo ni la siembra de otros rubros, explicó Cecilia Basto, una de las campesinas afectadas.
Por su parte el abogado Urbina indicó que el responsable inicial de la actuación militar es el mayor Franklin Rivero, comandante del destacamento 214 ubicado en la ciudad de La Grita, e informó que los hechos fueron denunciados ante el Ministerio Público en la entidad.
Sin embargo precisó que los efectivos enviados en las últimas horas son de una unidad de comandos rurales ubicada en el sector Chururú del piedemonte andino, a casi 5 horas de Valle Plateado.
Los efectivos militares les han manifestado a los campesinos que "obedecen" órdenes de un civil a quien identifican como Otilio Peñaloza.
La historia del caso indica que se trata de pequeños productores agrícolas, quienes desde 1997 vienen cultivando las tierras, están organizados en una cooperativa familiar y hasta el 9 de marzo estuvieron amparados por un Título de Garantía de Permanencia Socialista Agrario y Carta de Registro Agrario que fue revocado por el directorio del INTI con la instrucción de devolver las tierras a quienes aducen tener los títulos de propiedad.
En virtud de que el predio se encontraba plenamente productivo y los pocos espacios que no estaban cultivados ya habian sdo preparados para la siembre, el argumento usado fue que en el lugar había productores que no formaban parte de la cooperativa y que el trabajo no se hacía en forma colectiva. Por lo tanto, se presumía que había trabajo tercerizado.
Sin embargo lo más llamativo es que el propio documento de la revocatoria puso al descubierto una grave anomalía que evidentemente revela un fraude contra la Nación que se ha prolongado por más de 40 años: las tierras no son privadas sino que son propiedad del INTI.
Resulta que, según el punto 4.7. de la revocatoria, referido a la tenencia de la tierra, la hacienda Valle Plateado comenzó a ser propiedad del extinto Instituto Agrario Nacional (IAN) según Resolución de la Junta Administrativa del Banco Agrícola y Precuario, mediante Oficio N° 436 de fecha 20 de julio de 1974. Ese y otros predios en condiciones similares fueron transferidos al patrimonio del INTI de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitorio Segunda de la vigente Ley de Tierras.
De acuerdo con la explicación del experto legal Abdón Urbina, la resolución del Banco Agrícola y Pecuario debió haber sido llevada al registro inmobiliario del municipio Uribante por el delegado agrario con fin de establecer fehacientemente que la titularidad es del IAN y asi detener la tradición de propiedad privada. Sin embargo eso no se hizo, lo que permitió que continuaran las ventas con la consiguiente lesión al patrimonio público.
La pesquisa en el registro inmobiliaria ha revelado que en 1984 el predio fue comprado por Rommel Omar Urdaneta Leal, quien a su vez le vendió cuatro años después a Alfredo Alvárez Gallardo y este a José Avelino Marquina, con lo que se fue prolongado el fraude a la Nación.