Frente al presidente venezolano Hugo Chávez funciona una terca y absurda oposición de oficio. Todo cuanto hace, dice o piensa da lugar a un debate que asombra por su intensidad y apasionamiento. Así ocurre con la necesidad de su país de ordenar la utilización del “espectro radioeléctrico”, cosa que hacen todos los estados, con más celo y rigor los más desarrollados.

Aunque raras veces trasciende al público, todos los días en todos los países se actúa sobre el espectro radioeléctrico y, especialmente en los países desarrollados se monitorea la utilización de ese recurso de bien público y se fiscaliza el cumplimiento de lo dispuesto. Con frecuencia y regularidad, a nivel nacional e internacional, se efectúan reuniones y convenciones para actualizar los compromisos en la materia.

Ante las violaciones e indisciplinas, en Europa, Canadá, los Estados y en casi todos los países, se imponen multas y se retiran licencias. Tan delicado es el asunto que desde 1867, casi ochenta años antes de que se fundara la ONU, el mundo cuenta con una agencia internacional especializada en esa tarea. Inicialmente fue la Unión Telegráfica Internacional que en 1934 se denominó Unión Internacional de Telecomunicaciones y en 1947 fue adscripta a la ONU.

Todos los sonidos constituyen fenómenos físicos que propagan en el espacio que también es una entidad física. Cuando se trata de las comunicaciones las señales de: telégrafo, radio, televisión, telefonía, Internet y otras son dirigidas conscientemente e impulsados por energía eléctrica. Dichas señales se propagan a determinadas altura y por frecuencias preestablecidas. El conjunto de esas señales y las frecuencias por las cuales circulan forman el espectro radioeléctrico.

El problema consiste en que, debido al crecimiento derivado del progreso y la elevación del nivel de vida, la cantidad de señales útiles en el éter, crece constantemente cosa que exige un orden meticuloso y exacto con el fin de que los diferentes servicios de comunicaciones puedan convivir y utilizar el espacio sin agredirse mutuamente ni inutilizarse unos a otros.

Las frecuencias son como las calles y avenidas de una ciudad por las cuales, en lugar de automóviles y peatones, circulan señales de telégrafo, radio, televisión, telefonía, Internet y otras. Por su origen esas señales son emitidas por miles de millones de personas a través de las compañías telefónicas, las emisoras de radio y televisión, la policía y las fuerzas armadas, la defensa civil, los bomberos, los radioaficionados, la aeronáutica, los satélites, las naves espaciales, los proveedores de Internet y otros usuarios.

Como mismo ocurre con las calles y avenidas por donde circulamos, las frecuencias radioeléctricas no son propiedad privada, tampoco son del gobierno y ni siquiera del Estado, sino que se trata de un patrimonio público, de hecho una expresión genuina de la propiedad social. No obstante como mismo ocurre con las calles, para que no impere el caos y la sociedad pueda servirse de ellas, la circulación por las frecuencias radioeléctricas es codificada, regulada y controlada, tarea que en cada país corresponde al Estado e internacionalmente a la ONU.

Los estados no crean ni venden frecuencias, sino que a partir de legislaciones nacionales las asignan a quienes las necesitan, las distribuyen con sentido de la equidad y controlan su empleo. En ese campo la disciplina suele ser muy severa porque de lo contrario las personas no podrían escuchar radio o ver televisión, los buques y aviones colisionarían, la defensa civil no podría operar y las gentes no hablarían por teléfono.

El espectro radioeléctrico no es una entidad inmutable sino que depende del grado de progreso de cada país. Existen regiones de África donde no hay electricidad, radio ni televisión y no se habla por teléfono, sin embargo en Estados Unidos además de todos esos servicios en abundancia superlativa, en el aire, a la vez hay más de ocho mil emisoras de radio y cientos de canales de televisión.

Ocurre que si bien las frecuencias radiales no son privadas, lo son las emisoras o plantas radiales que emiten programaciones de servicio público cuyo contenido, en todas partes esta sujeto a regulaciones que sin afectar los preceptos de la libertad de información, preservan a la sociedad de intenciones dolosas o actitudes negativas.

En Venezuela como en casi todos los países latinoamericanos lamentablemente subdesarrollados e históricamente gobernados por camarillas oligárquicas, donde las normas jurídicas más que derechos consagran privilegios y donde históricamente hubo estados débiles (excepto para reprimir), el crecimiento de los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión se ha realizado a criterio de la empresa privada y a veces con pocas o ningunas reglas, el progreso, la ampliación de los servicios y el desarrollo de procesos políticos que se proponen devolver a la sociedad sus prerrogativas, hacen necesario, como mínimo poner ordenen el espectro radioeléctrico.

Quienes tengan alguna duda de la vigencia de este asunto a escala internacional deberían tomarse el trabajo de consultar INTERNET y enterarse de los debates que en torno a este asunto tienen lugar en Europa, los Estados Unidos y varios países de América Latina donde los problemas no son esencialmente diferentes al que se ventila en Venezuela donde se trata de establecer el orden y de armonizar intereses públicos y privados, sociales y comerciales.

En ninguna parte esos debates asumen el carácter confrontación que adopta en Venezuela porque en otros lugares la oligarquía y el poder mediático no hacen oposición de oficio. El tema apenas está enunciado.