¿Cuántas personas de toda edad y condición salieron a las calles el pasado sábado 2 de junio para respaldar al gobierno de Hugo Chávez? El Presidente apeló una vez más a la movilización de multitudes para enfrentar las escaramuzas que en los últimos días ensayó la oposición con el estandarte de la libertad de prensa.
Aún con fotografías aéreas y
cálculos por metro cuadrado, es imposible dar un número medianamente riguroso.
Un dato fehaciente puede sin embargo ayudar a entrever las magnitudes en juego
en esta franca confrontación social que transforma minuto a minuto a Venezuela:
hasta el día anterior, en cuatro fines de semanas consecutivos, se habían
inscripto como aspirantes a militantes del provisionalmente denominado Partido
Socialista Unidos de Venezuela (Psuv) 3 millones 300 mil ciudadanos. Y al fin
de la jornada del sábado, ese registro llegó a 4 millones 735 inscriptos. Es
decir que un millón y medio de venezolanas y venezolanos se sumaron como
aspirantes al calor de las concentraciones de masas. ¿Cuántos de los inscriptos
previamente participaron de esa manifestación de voluntad política?
No hace falta conjeturar: la
concentración despejó una entre las varias incógnitas planteadas por el caso
RCTV, empresa periodística a la que el gobierno venezolano no renovó la
concesión para continuar utilizando el canal 2 del espacio radioeléctrico de
aquel país.
Según los líderes de esos
reclamos, entre quienes se cuenta Marcel Granier, presidente de RCTV, el 80% de
la población rechaza la decisión oficial. Durante las dos semanas previas al 27
de mayo, ese conjunto opositor, a la cabeza de 26 partidos políticos,
respaldado por los principales canales de televisión, las radios de mayor
enraizamiento y la prensa escrita de alcance nacional, intentó movilizar a la
sociedad venezolana para torcer la voluntad de Chávez y obtener la renovación
de la licencia en cuestión. También la jerarquía de la iglesia católica se
pronunció a favor de esa movilización. Esa conjunción de fuerzas tuvo su máxima
expresión el sábado 19 de mayo, en Caracas, con una marcha en defensa de Rctv.
La cadena televisiva internacional CNN reportó una multitud de 10 mil personas.
Este corresponsal estima que la cifra es algo exagerada. Pero la diferencia
carece de relevancia. El 2 de junio, en magnitudes perceptibles a simple vista
y más allá de todo margen de error, fue posible comprobar cómo se posiciona la
sociedad venezolana ante este acontecimiento crucial para el curso del proceso
político que vive Venezuela en los últimos ocho años.
Medios y libertad
Para millones de personas que
observan el hecho desde el exterior, es legítimo preguntarse si no se trata,
como asegura Granier y repiten con pocas excepciones los medios en todo el
mundo, de un golpe a la libertad de prensa, prólogo al cercenamiento de toda
forma de expresión independiente. La opinión se forma a partir de la
información. Y si esta coincide de manera abrumadora en reportar un atentado a
la libertad, la conclusión es obvia.
Ahora bien ¿está Venezuela ante
un acto arbitrario, inicio efectivo de una dictadura tantas veces anunciada en
los últimos años? ¿O, por el contrario, la decisión de no renovar una concesión
otorgada 53 años atrás por un gobierno dictatorial, para dar paso a un canal
que ensayará un concepto diferente de comunicación social, es un paso trascendental
en la democratización de los medios de prensa?
Nadie duda que una porción de la
sociedad rechaza la decisión oficial. Y si bien los sondeos de opinión
publicitados por la oposición son desmesuradas en el afán por llevar agua a su
molino, puede aceptarse la hipótesis de que una buena mayoría de los
encuestados haya opinado a favor de la continuidad de Rctv. La verdadera
posición de ese ciudadano que puede haber considerado innecesaria la no
renovación de la concesión, porque mira una telenovela o sencillamente tiene al
canal como parte de su cotidianeidad desde hace años, se expresa sin embargo
cuando la oposición lo convoca a marchar contra Chávez, y éste lo llama a
manifestarse contra la dirigencia política que en 2002 condujo un golpe de
Estado, no por fallido menos brutal en su condición antidemocrática.
El mundo pudo ver cientos de
miles, millones de personas, marchando en toda Venezuela contra los
indisimulados propósitos golpistas de quienes identifican la no renovación de
la concesión a RCTV con un gesto dictatorial.
Si el llamado del Presidente
hubiese fracasado, no habría duda de que el pueblo venezolano rechaza el
significado profundo de la medida respecto de RCTV. Y sería necesario obrar en
consecuencia. Pero ¿qué hacer ahora, a la vista de que efectivamente una marea
social se volcó a las calles, una vez más, para defender la línea de marcha
propuesta por Chávez, que proclama la abolición del capitalismo y la
edificación de un socialismo del siglo XXI? ¿Qué dirán los críticos de dentro y
fuera del país? ¿Asegurarán, como lo ha hecho sistemáticamente la prensa
venezolana, que las mayorías son ignorantes y estúpidas? ¿Que son arrastradas
por un demagogo populista?
Entonces ¿qué es la libertad de
expresión? ¿La posibilidad de una empresa de mantener indefinidamente el
usufructo de un punto en el espacio radioeléctrico, para ganar fortunas y
llevar a millones de televidentes mensajes ideológicos, políticos, culturales,
definidos por un puñado de personas, elegidas a su vez por un gerente? ¿Eso es
la democracia? ¿O acaso significa que millones de personas, sin acceso a los
medios, puedan opinar hacia dónde quieren enrumbar su destino?
He allí la verdadera cuestión que
plantea al mundo el caso Rctv.
Quién controla los medios en
Venezuela
En otro orden, es preciso poner
en cuestión las afirmaciones respecto de un supuesto proceso de control
dictatorial de los medios en Venezuela. Según registros hasta ahora no
cuestionados por nadie, correspondientes a fines de 2006, el 75,8% del espacio
radioeléctrico venezolano está en manos privadas. La televisión privada en
banda UHF tiene el 56,41% del total de la distribución nacional, las
televisoras oficiales ocupan sólo el 7,69%. En cuanto a estaciones de radio, un
documento de Conatel indica que las FM operadas por empresas privadas ocupan un
71,31%, frente a un 1,62% de medios públicos. Un fenómeno nuevo, creciente a
partir de la reacción al golpe de Estado fallido en abril de 2002 y luego al
sabotaje petrolero de diciembre de ese año hasta febrero de 2003, fue la
aparición de medios alternativos; canales y radios creadas y conducidas por las comunidades. Nuevas leyes
y reglamentaciones elaboradas con el propósito de “democratizar la información
y la comunicación”, han dado lugar a la creación de 193 medios de comunicación
alternativos, 167 de ellos emisoras radiales y 28 estaciones de televisión.
Así,
Estas cifras hablan por sí
mismas. Sin embargo, hay algo más contundente que los números: quienquiera pase
24 hs observando el funcionamiento de diarios, radios y canales de televisión
en Venezuela, llegará a una conclusión sin atenuantes: en ningún país del orbe
es posible ver, leer y escuchar que se ataque a las autoridades de la manera
practicada en ese país. Es dudoso que la libertad de expresión pueda medirse
por los insultos lanzados contra el Presidente, los infundios regularmente
propalados sobre los temas más diversos, las campañas alentando el
desabastecimiento y hasta la inducción a atentar contra la vida de Chávez. Pero
si alguien pretende valerse de tales parámetros, deberá admitir que en
Venezuela hay libertad de prensa.
Degradación de la comunicación,
el mensaje y los medios
Resta todavía un ángulo de
observación ante el caso Rctv: ¿tiene derecho el gobierno del Estado a tomar
decisiones frente al comportamiento de quienes detentan el uso de un medio de
comunicación de masas? Más aún: ¿no tiene la obligación de hacerlo?
Un caso reciente en Argentina
ilustra el género de dificultades que plantean las programaciones de la
televisión comercial. Dice un artículo del diario argentino
Afirmaciones análogas pueden
hacerse respecto de Rctv, cuatro veces clausurada por gobiernos anteriores al
de Hugo Chávez, por casos como éste. El inusitado revuelo provocado ahora por
la no renovación de su concesión –que no impide, dicho sea de paso, la
continuidad de Rctv por cable- es una buena oportunidad para que intelectuales,
dirigencias políticas y ciudadanos preocupados por el rumbo de la civilización
contemporánea pregunten y respondan qué es la libertad de expresión, qué es la
democracia.
Buenos Aires, 3 de junio de 2007
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* Director de la revista América
XXI
Fuente: Humanidad en Red
