29 de noviembre de 2023.- Ayer pasada las 7 de la mañana, cuando el país celebraba los 202 años de independencia de España, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, acompañada de los otros ocho magistrados que conforman el pleno anunció el fallo unánime que declara inconstitucional la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, mediante el cual se aprobó el contrato.

Hace seis años, exactamente el 21 de diciembre de 2017, el pleno de la Corte y también de manera unánime decretó inconstitucional la Ley 9 del 25 de febrero de 1997, que aprobó el contrato original, es decir entre el Estado y Minera Petaquilla. Esta empresa tenía la concesión inicial que, después de una serie de ventas, quedó en manos de Minera Panamá.

Ante el primer fallo, el gobierno renegocio el contrato y quedó legalmente constituido con la Ley 406. Ambos contratos tuvieron un eje en común: Fueron otorgado durante administraciones gubernamentales del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

El fallo de la inconstitucionalidad de la Ley 406 fue recibido con júbilo por los distintos sectores que por un poco más de un mes mantuvieron manifestaciones de protestas contra del contrato.

Inmediatamente, los grupos indígenas abandonaron las calles en la provincia de Chiriquí y se colocaban en las aceras. Las imágenes de los camiones de carga circulando libremente en el Occidente panameño eran un símbolo del regreso a la normalidad del país, después de más de mes en una profunda crisis social.

La celebración de los indígenas estuvo acompañada de un pastel de cumpleaños. Pero, no todos los manifestantes estaban en la misma sintonía de los indígenas.

Santiago, otro bastión de la lucha antiminería, abrió brevemente la vía Interamericana y en cuestión de segundos, otro grupo de manifestantes la bloqueó.

Un breve enfrentamiento entre quienes deseaban abrir la vía, por donde pasan gran parte de los insumos y alimentos hacia Panamá, empañó el momento.

Los gremios docentes, que también han sido protagonistas de las manifestaciones, hicieron lo propio. Salieron a las calles con sus tradicionales tamboritos y empezaron a cantar y bailar. Pero, advirtieron que no regresaran a las aulas hasta que no se cancele la segunda quincena de noviembre a 17,495 educadores y se instaure una mesa de diálogo con la autoridad para finiquitar el paro de labores.

El pleno de la CSJ determinó que el contrato violaba 25 artículos de la Constitución. A la máxima corporación de justicia no le quedó duda que el contrato ley era un conflicto constitucional porque atentaba contra derechos fundamentales de la población panameña como la vida, la salud y un ambiente sano, libre de contaminación.

Entre los argumentos de los nueve magistrados estaba que el contrato ley se contraponía a los valores de bienestar social sobre el interés particular que promulga la Constitución en sus artículos 50, 257, 258 y 259.

Minera Panamá también reaccionó a la decisión de la corporación de justicia. En un corto comunicado expresó que respeta las leyes panameñas y que revisará el contenido del fallo para entender sus fundamentos.

Las celebraciones continuaron durante todo el día y los jóvenes que estuvieron en las protestas en contra del contrato volvieron a concentrarse en horas de la tarde en la calle 50 y esta vez, a diferencia de los días anteriores, las expresiones eran de alegría.

Cortizo anuncia cierre ordenado de mina tras fallo de la Corte

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció que en cuanto reciban la comunicación formal del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró “inconstitucional” el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), lo publicarán en la Gaceta Oficial y se iniciará el proceso para “un cierre ordenado y seguro” de la mina.

“Tan pronto se reciba la comunicación formal del fallo (…) se procederá de inmediato a su publicación en la Gaceta Oficial, y se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina”, afirmó Cortizo en una nueva declaración televisada a la nación durante esta crisis por la ratificación exprés el pasado 20 de octubre del contrato ley, que desencadenó las mayores protestas en décadas en el país.