11 de Julio - Las pandillas de Haití han sido financiadas desde hace tiempo por poderosos políticos y sus aliados, y muchos de ellos sienten que están perdiendo el control de los grupos armados que cada vez son más fuertes y que han desplazado a miles de personas de sus viviendas mientras libran luchas territoriales, matan civiles y allanan almacenes de comida.
La intensificación de la violencia de pandillas podría agravarse y también amenaza con complicar los esfuerzos políticos para que la nación se recupere del asesinato del presidente Jovenel Moïse cometido hace unos días. El gobierno de Haití está desorganizado: no hay Parlamento, ni presidente, existe una disputa en torno a quién es el primer ministro y su cuerpo policial es débil. Sin embargo, las pandillas parecen estar más organizadas y fuertes que nunca.
Aunque la violencia se ha concentrado en la capital Puerto Príncipe, ha afectado la vida a lo largo y ancho de Haití, paralizando la frágil economía, cerrando escuelas, abrumando a la policía e irrumpiendo las labores para luchar contra la pandemia de COVID-19.
"El país está transformado en un amplio desierto en el que los animales salvajes nos engullen", dijo la Conferencia Haitiana de Religiosos en un comunicado emitido recientemente en el que denunció el aumento de la delincuencia violenta. "Somos refugiados y exiliados en nuestro propio país".
Las pandillas han robado recientemente miles de sacos de azúcar, arroz y harina, además de que han saqueado y quemado casas en la capital. Ello ha provocado que miles de personas busquen refugio en iglesias, campos y en un gimnasio, donde el gobierno y los donantes internacionales batallan para alimentarlos y encontrarles un alojamiento a largo plazo.
Entre los desplazados hay personas discapacitadas que se vieron obligadas a huir el mes pasado cuando las pandillas prendieron fuego a un campamento donde se habían asentado luego de resultar heridos en el catastrófico sismo de 2010.
"Corría por mi vida en el campo con estas muletas", dijo Obas Woylky, de 44 años y quien perdió una pierna en el sismo. "Las balas volaban desde distintas direcciones... Lo único que pude ver fue el fuego en las casas".
Woylky era una de las más de 350 personas hacinadas en una escuela convertida en refugio improvisado, donde casi nadie portaba mascarillas para protegerse de enfermedades, en particular del COVID-19.
Los expertos señalaron que la violencia está en su peor nivel en casi dos décadas, desde antes de la creación de una segunda misión de mantenimiento de paz de la ONU en 2004.
Los programas dirigidos a reducir las actividades de pandillas y un flujo de ayuda luego del sismo ayudaron a reducir parte del problema, pero una vez que el dinero se acabó y los programas de ayuda se terminaron, las pandillas recurrieron a los secuestros y a extorsionar negocios y vecindarios que controlaban.
