4 Dic. 2019 - Alrededor de las 3:30 de la mañana efectivos de la Policía Bonaerense ingresaron por la fuerza a la fábrica ubicada en Bernal para desalojar a los trabajadores que ocupan el predio de manera pacífica desde que los directivos de la multinacional norteamericana decidieron cerrar las puertas.

“Entraron con armas 9 mm apuntando directamente al pecho de los trabajadores”, contó Diego, uno de los delegados, quien aseguró que en ningún momento hubo intenciones de resistirse al operativo. “Nos desalojaron como si fuésemos delincuentes”, manifestó y relató que junto a dieciséis compañeros pasó la noche detenido en la Comisaría Octava.

En ese marco, los trabajadores denunciaron que el desalojo se produjo de manera ilegal y con el amparo del poder político local. Según contaron, el juez Martín Nolfi, a cargo de la causa, no firmó el acta de desocupación del predio y el mismo se hizo solo con la firma de la fiscal Ximena Santoro.

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Por otra parte, aseguraron que el Estado jugó un rol clave en el desarrollo de los hechos ya que “se dedicó a garantizar la impunidad de la empresa”. En diálogo con Notas, Ezequiel, uno de los trabajadores detenidos, contó que durante los dos meses de ocupación de la empresa se concretaron seis audiencias en el Ministerio de Trabajo, donde “el gobierno nacional se posicionó del lado de la empresa omitiendo nuestro reclamo legítimo de llevar un plato de comida a nuestra casa”.

Si bien ya fueron liberados, ahora los trabajadores que fueron detenidos tienen causas judiciales por usurpación de propiedad privada.

La toma pacífica comenzó después de que el 25 de septiembre los dueños de la empresa decidieran cerrarla y dejar en la calle a más de 200 trabajadores. Después de 22 años de manejar la fábrica, las autoridades justificaron la decisión bajo un “programa de reestructuración global anunciado a principios de 2018”, que implica el cierre de la planta de Bernal y la continuidad de las plantas de Pilar y San Luis.

Sin embargo, a comienzos de octubre la patronal presentó ante el Ministerio de Producción y Trabajo un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para justificar los despidos. Maniobra que los trabajadores denuncian como ilegal, ya que la empresa no tiene problemas económicos ni fue a pérdida durante la crisis de los últimos cuatro años. En un comunicado publicado horas antes del desalojo, los trabajadores informaron que “en estos últimos días hemos puesto la planta en marcha demostrando la viabilidad de la fábrica, realizando donaciones con los productos que se elaboran a decenas de comedores, escuelas y hospitales desabastecidos por el propio Estado”.

Si bien algunos trabajadores y trabajadoras firmaron retiros voluntarios y llegaron a un acuerdo económico, otra parte busca sostener sus fuentes de trabajo. En ese marco se realizaron “papelazos” en Plaza de Mayo y Quilmes. “Nos dirigimos a Alberto Fernández, presidente electo recientemente, y a Axel Kicillof, gobernador electo, para pedirles que nos reciban de manera urgente y buscar una salida positiva que ponga en funcionamiento la fábrica”, expresaron en un comunicado publicado en noviembre.

Ante la falta de respuesta y el desalojo efectivo aseguraron que hay una complicidad entre el gobierno saliente y el entrante. “Tuvimos reuniones con la secretaria de Mayra Mendoza y con Augusto Costa que es cercano a Kicillof pero no nos dieron respuesta. Les pedimos que se comuniquen con el juez Nolfi para frenar el desalojo pero ninguno le dio importancia”, concluyó.