Agricultores peruanos van a paro indefinido contra el proyecto minero Tía María

En la provincia de Islay alrededor de 300 habitantes realizaron una marcha pacífica contra el proyecto minero

En la provincia de Islay alrededor de 300 habitantes realizaron una marcha pacífica contra el proyecto minero

15 de julio de 2019.- Los agricultores del Valle de Tambo en Arequipa, Perú, inician este lunes un paro indefinido en rechazo al otorgamiento que hiciera el Estado de una licencia para explotación minera a la empresa Southern Perú Copper Corporation para la construcción del proyecto Tía María.

Las autoridades provinciales y distritales de Islay acordaron iniciar el paro indefinido, en coordinación con las juntas de riego y otras organizaciones sociales.

Los alcaldes de la provincia de Islay enviaron una carta al presidente de Perú, Martín Vizcarra, en la que reflejaron su malestar por la entrega de la licencia a la empresa minera y responsabilizan al Ejecutivo de cualquier acto que pueda ocurrir en esta provincia arequipeña, reseña Telesur.

En el distrito arequipeño de Cocachacra, varios vecinos desconfían de los estándares ambientales prometidos por la compañía Southern.

Filogenia Gómez Mayta, una agricultora de 60 años, recuerda su participación en las marchas que se realizaron el 2011 y 2015 contra la minera. “El valle es bien tranquilo, por eso no queremos la mina. Con tanta gente que ha muerto aquí, en las marchas, cómo va querer entrar Tía María”, dice.

La inversión del proyecto de Tía María será de 1400 millones de dólares. A diferencia de la aprobación de otros grandes proyectos mineros, esta vez ni el Ministerio ni el Ejecutivo informaron sobre Tía María, por lo que el Jefe del Estado peruano ha recibido críticas desde varios frentes.

Asimismo, congresistas de diversos partidos políticos le atribuyen al Mandatario falta de transparencia, mientras que el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, lo ha tildado de "traidor".

En 2011 Naciones Unidas encontró 136 observaciones al proyecto Tía María, entre ellas, la ausencia de un estudio hidrogeológico y el uso de la desembocadura de un río para procesar el mineral, mezclándolo con agua de mar a poca profundidad.

Sin embargo, en 2015, luego de los primeros conflictos sociales, Southern elaboró un nuevo estudio ambiental el cual fue aprobado tras superar las 14 observaciones que le hizo el Ministerio de Energía y Minas y con ello obtuvo la licencia de construcción que hoy está en polémica.


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