10-08-19.-De las estanterías de bibliotecas y escuelas... a la hoguera. Ese ha sido el destino de más de 300.000 libros que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha mandado quemar, ya que han sido publicados por editoriales vinculadas, según el ejecutivo, al clérigo musulmán Fethullah Gülen, considerado el instigador del golpe de estado fallido que tuvo lugar en 2016., reseñó el portal La Vanguardia.
Según recogen los principales diarios turcos, el ministro de Educación del país, Ziya Selçuk, cifró la destrucción en 301.878 volúmenes, que engrosa la purga del ejecutivo de Erdogan contra todo contenido considerado subversivo y vinculado al sacerdote, que actualmente reside en Pensilvania (Estados Unidos).
El sitio web 'Turkey Purge' ("un pequeño grupo de jóvenes periodistas que intentan ser la voz del pueblo turco que sufre por un régimen opresivo") indica que en 2016 se prohibió un libro de matemáticas por incluir, en el enunciado de un ejercicio, los términos: "unir", "punto F" y "punto G", las mismas letras que las iniciales del instigador del golpe.
Otro periódico local, el 'BirGün', informó de que la paranoia de Erdogan llegó a su culmen cuando mandó destruir 1,8 millones de libros escolares, reimpresos después, porque contenían la palabra "Pensilvania", donde vive el clérigo; aún cuando esta aparecía en las biografías de personajes célebres que habían nacido en la ciudad. Si los materiales didácticos incluyen textos de algún articulista vetado por el gobierno también es retirado de las aulas.
Tras el intento de golpe, el gobierno de Ankara declaró un estado de emergencia bajo el que se ha detenido, despedido y obligado a huir del país a más de 150.000 personas -periodistas, estudiantes, intelectuales, profesores de universidad, funcionarios...-; buena parte de ellas por su mera filiación al gülenismo.
Según denuncia 'Turkey Purge', casi 900.000 volúmenes ya habían sido destruidos anteriormente por incluir un escrito de un columnista de un periódico cerrado por el ejecutivo del país. La persecución, denunciada por organizaciones de Derechos Humanos y asociaciones de defensa de la libertad de expresión, continúa incluso en las naciones en los que estos disidentes, considerados terroristas en su país, se refugian.
