Milei logra la aprobación del Senado para la ley con la que pretende desmantelar el Estado en medio de amenazas y represión
Los senadores se protegieron los ojos y la boca porque los gases lacrimógenos que la Policía utilizó sobre los manifestantes concentrados a las puertas de la Cámara Alta entraron en el recinto.
En medio de amenazas, cambio de votos por cargos y represión a los manifestantes en las afueras del Congreso, el Gobierno de Javier Milei en Argentina logró la aprobación en general de la ley Bases en el Senado, aunque con algunas modificaciones en las privatizaciones y la continuidad de la moratoria previsional.
La norma incluye privatizaciones sobre los servicios de energía, sanidad, transportes, defensa, finanzas y fiscalidad, entre otras materias. Para ello, contempla la declaración de emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, con lo que el Ejecutivo asumiría competencias legislativas que le corresponden al Congreso en su conjunto.
Además, el proyecto de ley que Milei anunció en diciembre contemplaba, además de la desregularización de la economía y varios mercados, eliminar las primarias del sistema electoral, aumentar el control sobre las manifestaciones y protestas, privatizar empresas públicas, autorizar la entrada de tropas extranjeras o retirar fondos para música, cine y bibliotecas. Todo ello supone un desmantelamiento del Estado similar al fallido experimento de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.
La votación terminó el miércoles 36 a 36, pero desempató la vicepresidenta Victoria Villarruel, que justificó la represión callejera. Después comenzó el debate sobre los numerosos artículos. Los proyectos deberán volver a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo podrá insistir en su versión original. Javier Milei tenía que subirse al ARG 01 para participar en el G7, pero decidió demorar la partida para poder viajar con la sesión resuelta.
El interbloque progresista de Unión por la Patria (UxP) aportó 33 votos en contra. A ellos se sumaron los dos senadores de Santa Cruz: José María Carambia y Natalia Gadano y también el presidente de Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau. La santacruceña cometió un error al votar y apareció apoyando el proyecto. A viva voz pidió el cambio del sentido de su voto y se lo concedieron.
Los 36 votos positivos se alcanzaron con los siete de La Libertad Avanza (LLA) –el partido ultraderechista de Milei–, seis de Propuesta Republicana, 12 de la UCR y 11 de distintos bloques provinciales. Como indica el reglamento, los senadores volvieron a votar y como la paridad se mantenía, llegó el turno de Villarruel, que desempató en favor del Gobierno.
Antes de anunciar su voto, la vicepresidenta dio un discurso, no permitido por reglamento, donde afirmó que apoyaba el proyecto «por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos». Los senadores de la oposición quisieron impedir que hable. «Si quiere hablar se puede postular como senadora», le gritó Anabel Fernández Sagasti, de UxP.
La delegación de facultades legislativas finalmente salieron adelante. Los senadores de Santa Cruz, Natalia Gadano y José María Carambia, se fueron del recinto tras emitir el voto. Pablo Blanco, que se esperaba que votara en contra de las facultades delegadas, votó a favor. Martín Lousteau y Maximiliano Abad (UCR), tal como habían adelantado, votaron en contra. La votación quedó 35 a 35 y volvió a desempatar Villarruel. En los palcos, miraba con atención el vicejefe de gabinete, José Rolandi. Uno de los principales negociadores durante los últimos meses.
La jornada fue intensa. Por la tarde, los senadores caminaban por los pasillos de la Cámara Alta tapándose la cara con pañuelos y algunos llevaban gafas y cubrebocas de tela. Los gases lacrimógenos de la represión en las puertas del Congreso llegaron hasta el recinto.
«Es como si se hubiera normalizado que las extorsiones que han recibido muchos senadores fueran normales. No es normal», expresó la senadora Juliana Di Tullio durante su intervención, haciendo referencia al cambio de voto que realizó la senadora Lucila Crexell, por la embajada de la Unesco en Francia.
«Tampoco es normal lo que sucedió en la calle. Mi solidaridad con los diputados que fueron reprimidos abiertamente por la policía», subrayó y continuó: «Una senadora, que no es de mi bloque, hoy sufrió una intimidación a su familia. La senadora Gadano. Esto tampoco es normal». «Sentimos que no es que nos están pidiendo herramientas. Nos están extorsionando para que le votemos herramientas a un presidente que quiere destruir el Estado», concluyó.
El martes los dos senadores de Santa Cruz habían hecho tambalear la sesión y hubo peligro de que el oficialismo no tuviera quórum. Sin embargo, el presidente de la UCR y el único senador que había presentado un dictamen propio, Martín Lousteau, terminó por garantizarlo. Al tomar la palabra, anunció que iba a votar en contra y advirtió que el proyecto tiene «más vicios que virtudes» y finalizó: «Ni máquina de impedir, ni seguidismo bobo».
La senadora Juliana Di Tullio denunció las intimidaciones que han sufrido algunos senadores para cambiar su voto
Al principio de la sesión, y para evitar que se le caigan varios capítulos, el presidente previsional del Senado, Bartolomé Abdala, anunció que el Gobierno había concedido varios cambios tras las negociaciones con la oposición dialoguista. Dijo que en el artículo tres incorporaría que no se podrán disolver los organismos vinculados a la cultura; que en el artículo 6 incorporaría a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como organismo excluido de la facultad de intervenir; que eliminarían de las privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Por último, el gobierno aceptó suprimir el capítulo que eliminaba la moratoria previsional.
Más tarde, Abdala sumó nuevas modificaciones vinculadas al RIGI –Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones–, aunque ninguna de fondo. Con poca claridad, informó que el régimen se recortará a los siguientes sectores: Minería, Energía, Tecnología, Agroforestal e infraestructura. También habrá un plan de desarrollo para proveedores locales con un compromiso de contratación de por, al menos, el 20%, y las modificaciones en los plazos del artículo 196.
«Los cobros de exportaciones de productos del Proyecto Adherido al RIGI quedan exceptuados en los porcentajes descritos a continuación de la obligación de ingreso y/o negociación y liquidación en el mercado de cambios», declaró. El 20% después de un año pasó a ser a dos, el 40% pasó de dos a tres y el 100% pasó de tres a cuatro. Los legisladores de UxP se enteraban de los cambios en el mismo momento que Abdala los anunciaba.
La jornada en el recinto estuvo marcada por la represión que ordenó la ministra Patricia Bullrich y que, por la noche, fue celebrada por el Gobierno nacional. Cerca de las 16.00 de la tarde, cuando los camiones y los gases lastimaban a los manifestantes, hubo varias detenciones. Fue por eso que el bloque de Unión por la Patria propuso crear una comisión de senadores que salgan a ver qué ocurría en la plaza. Maximiliano Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Flavio Fama (UCR) estuvieron de acuerdo, pero sin suspender la sesión. El senador Vischi (UCR) hizo una moción para armar una comisión de dos senadores por bloque para hablar con las fuerzas de seguridad.
Varios senadores propusieron salir del recinto para atender la violencia represiva perpetrada contra los manifestantes
Villarruel no quería escuchar la petición y Eduardo Wado de Pedro le reclamó: «¡Usted me sacó la palabra!». «Expresé la moción, discúlpeme. Yo sé que usted reivindica un régimen distinto, pero esto es un sistema republicano». Villarruel, enfurecida, lo amenazó: «el que quiera retirarse puede hacerlo. No me haga entrar en su historia personal, el que necesita ver qué pasa se retira». Finalmente la vicepresidenta sometió la moción de De Pedro a una votación a mano alzada para pasar a un cuarto intermedio, pero fue rechazada.
En su intervención, Abad dio una sorpresa al adelantar que no votaría la delegación de competencias legislativas. «El Gobierno pide facultades delegadas, para eso hay que tener madurez. Este Gobierno se caracteriza por los insultos. Vengo de un partido que no le dio facultades extraordinarias a Kirchner, a Mauricio Macri ni a Alberto Fernández. Tampoco lo voy a hacer ahora», dijo. A él se sumó Lousteau, pero por la ausencia de los dos de Santa Cruz, más el senador Pablo Blanco, que terminó a favor, las facultades delegadas fueron aprobadas.
Se esperaba que, después de la medianoche, sin un cuarto intermedio, se votara también el paquete fiscal. Si ese objetivo se cumple, la idea es que haya sesión en diputados el miércoles 26. Allí se corre el riesgo de que el oficialismo vuelva a insistir con la versión original de los proyectos.
En los discursos de clausura, el titular del interbloque de UxP, José Mayans ironizó sobre el presidente Milei al recordar que «dice que es Terminator, pero me gustaría que le cuenten cómo terminan las tres películas. En la primera termina, con la cabeza aplastada. Se ve que no la vio bien, no la entendió o se la contaron mal», comenzó y enumeró: «El segundo Terminator termina derretido y el tercero con una modelo avanzada, no sé si es Karina o quién, los dos terminan matándose. Terminan aplastados los dos. Cuéntenle un poco como es el tema de Terminator a este muchacho».
El último en hablar fue Ezequiel Atauche, de LLA: «El RIGI es el corazón de esta ley. Ahora, con las inversiones, cada argentino va a ser más rico», dijo y logró la risa de todo el recinto. Por último gritó: «La vieja política le busca el pelo al huevo para que no se sancione esta ley. El ciudadano tiene razón, si no fuese por la vieja política tendríamos un país increíble». «Andá cerrando», le pedía la propia Villarruel, que estaba apurada por protagonizar el momento más importante de la noche: el voto que desempató y salvó la ley de Javier Milei.13.06.24
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Victoria pírrica de Milei
Javier Lorca – El País
El presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei, ha podido, al fin, celebrar. Seis meses después de haber asumido, consiguió la aprobación en el Senado de su proyecto de Ley Bases, un marco legal con el que pretende avanzar en el desguace del Estado y la desregulación de la economía. El proyecto dista de aquel que presentó en enero y fue rechazado por una mayoría opositora en el Congreso. Milei ha mutilado desde entonces las aspiraciones fundacionales que había reunido en una sola ley de más de 600 artículos para rendirse ante una versión jibarizada que fuese aceptada por sus detractores. Los partidos opositores acompañaron el gesto con una aprobación en Diputados en mayo y ahora repitieron en el Senado. No la tuvo fácil el Gobierno. Pese a las concesiones, el proyecto obtuvo 36 votos a favor y 36 en contra, un empate que definió la vicepresidenta, Victoria Villarruel, a favor del oficialismo.
El debate en el Senado duró más de 13 horas y estuvo acompañado por violentas manifestaciones en la calle, que la policía dispersó con gases lacrimógenos y balas de goma. La Casa Rosada tildó a los manifestantes de “terroristas” al frente de un “intento de golpe de Estado” que fue repelido por fuerzas de seguridad “desplegadas en defensa de la democracia”.
La Ley Bases volverá ahora a Diputados para su aprobación definitiva, un trámite que el Ejecutivo considera resuelto. Entre las concesiones que hizo Milei al Congreso estuvo la reducción de 40 a 8 las empresas estatales en condiciones de ser total o parcialmente privatizadas, la permanencia de una moratoria que hoy permite jubilarse a personas sin los años de aportes necesarios y el financiamiento de obras públicas que ya tengan un 80% de avance. El presidente tampoco podrá disolver organismos públicos vinculados con la ciencia y la cultura. Admitió además acotar los sectores productivos que podrán beneficiarse del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que prevé beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para intentar seducir a capitales extranjeros.
Milei tendrá, aunque acotadas, las herramientas que exigía a “la casta”,como considera a toda la clase política que no le responde, para avanzar en el desguace “del Estado criminal” que, según pregona por el mundo, es el responsable de empobrecer a los argentinos. Su ministro de Economía, Luis Caputo, ya anticipó que a la Ley Bases le seguirá una bajada de impuestos, la llegada de inversiones millonarias y menos pobreza. La oposición vaticina, en cambio, que el futuro será mucho peor que el presente.
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