Para ubicarnos en el contexto de este tema, en nuestro primer artículo sobre el programa de gobierno de MCM, observamos que contiene dos novedosas intenciones: una, es el cambio de modelo económico, de capitalismo de Estado, ejecutado hasta ahora por la IV y V Repúblicas; a capitalismo puro, practicado por la mayoría de los países desarrollados. En el capitalismo de Estado, esta institución administra las rentas, los impuestos y los ingresos provenientes de las ganancias de las empresas del Estado. El capitalismo puro, sólo le otorga al Estado la potestad de administrar los ingresos por rentas e impuestos y privilegia al sector privado con las jugosas ganancias provenientes de todas las empresas productivas de las naciones donde impera este sistema. Las “poderosas razones” que se esgrimen para apoyar este obsceno privilegio es que el Estado es muy ineficiente, mal administrador de los fondos públicos y de fácil corrupción y, en contraposición, la administración privada es todo lo contrario. Por supuesto, este es uno de los grandes mitos de la teoría económica liberal, y para ponerlo en evidencia consideramos suficiente unos pocos ejemplos como: la estafa generalizada cometida por la empresa eléctrica Enron durante más de diez años, a más de 500 mil suscriptores, en California, el Estado más grande y rico de USA; tres de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, Huawei, China Mobil y China Telecom, son empresas estatales chinas; López Obrador, en Méjico, ha revitalizado a la empresa petrolera mejicana PEMEX, que la Administración de Peña Nieto pretendía privatizar; y Bukele, en El Salvador, ha hecho milagros en captación de recursos e inversiones en obras públicas, dándole concesiones al sector privado, eso no se puede negar, pero sin privatizar ningún bien nacional.
En el modelo de capitalismo puro que MCM promete, en su programa de gobierno, aplicar en Venezuela, propone de entrada, dos medidas muy conocidas que son: privatización de todas las empresas del Estado porque, en este modelo, repetimos, la función de empresario no le corresponde a esta institución; y la eufemísticamente llamada flexibilización laboral. Dos medidas que no sólo van de la mano, sino que son morochas. La flexibilización laboral no es otra cosa que restarle también al Estado la potestad de regular la relación obrero/patronal y dejar que el mercado regule también esta relación. A ese estado mínimo resultante de quitarle potestades al Estado, delegándolas a instancias inferiores, es lo que en este programa de gobierno se define como Estado Subsidiario. Pero en realidad esta es una caricatura que desdibuja el significado profundo y democrático del principio de subsidiariedad. Este principio no es tributario de las doctrinas de izquierda sino proveniente de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. La primera vez que me topé con él fue hace más de 30 años, en uno de esos tantos sueños frustrados que alguna vez hemos tenidos muchos venezolanos para con nuestro país, expuesto en el libro La derrota de la pobreza, del autor Carlos Urdaneta, de ideología socialcristiana. Luego, hace unos 5 años, lo vi expuesto como principio vital de las sociedades sostenibles, en una publicación del FIG (Foro Internacional para la Globalización con sede en Washington). Y hace unos 2 años lo incluí, en coautoría con un grupo de amigos, en una propuesta titulada Desarrollo sostenible para Venezuela. Por cierto, le entregué personalmente, una copia de esta publicación a Juan Barreto, con el ruego de que fuera considerada esta propuesta en el seno del partido REDES que él dirige, pero no le dio mucha importancia.
El principio de Subsidiariedad establece que el poder (o los poderes) debe ser ejercido por la instancia política más baja que tenga la capacidad y los medios para ejercerlo, saludable y eficientemente. Esto significa que una instancia superior como el Estado, debe otorgar o delegar el poder a las instancias inferiores como gobernaciones, alcaldías, juntas parroquiales, asociaciones de vecinos, agrupaciones gremiales, profesionales, hasta el núcleo fundamental que es la familia. Pero esa cesión tiene varios condicionantes como son: 1) La instancia superior se reserva el derecho de retomar el poder delegado si observa que la instancia inferior no lo está ejerciendo en forma eficiente o cuando viola derechos fundamentales de las personas. 2) La instancia superior delega subsidiariamente el poder a la instancia inferior. Esto significa que aquella debe proveer, subsidiariamente (a través de subsidios), los medios materiales e inmateriales (capacitación, etc.), para que ésta ejerza el poder satisfactoriamente. En el caso del programa de gobierno de MCM se ofrece una burda aplicación del principio de subsidiariedad; por ejemplo, en las privatizaciones, muchos trabajadores serán despedidos y el Estado les dará subsidios temporales para que se capaciten y encuentren trabajo en otras áreas o empresas; igual que con la flexibilización laboral.
Sin embargo, tanto en el caso del Estado Subsidiario como en el cambio a Sistema Federal de Estado, habría que darle al programa de gobierno de MCM, el beneficio de la duda, y exigirle mayor explicación respecto a estos temas. Pero, de honda preocupación para todos los venezolanos, debería ser la privatización de PDVSA. Cuando Teodoro Petkof, bajo el segundo gobierno de Caldera, privatizó varias empresas del Estado como la Cantv, Electricidad de Caracas, Conviasa, etc., el gobierno de Hugo Chávez tuvo suficiente capacidad adquisitiva y poder político para la recompra de esas empresas. Este no sería el caso actual: en un eventual gobierno dirigido por MCM la venta de PDVSA sería un acto irreversible, desde los puntos de vista económico, político y geopolítico. A través de ese acto, tan vergonzoso como ceder parte de nuestro territorio, Venezuela sería despojada para siempre de la gallina de los huevos de oro. Y llama la atención las razones profundas y aparentemente inexplicables de esa privatización si, según las encuestas que ellos manejan, su candidatura supera la del gobierno por 30 puntos porcentuales (50 a 20% respectivamente) y, en consecuencia, tomarían fácilmente el poder político y económico y la potestad de manejar a voluntad a PDVSA. Para entender esta aparente paradoja sólo hay que ubicarse en el plano geopolítico. El programa de MCM plantea alinearse irrestrictamente con los intereses geopolíticos de USA. Este alineamiento, además de ser contrario a los intereses nacionales, los cuales exigen apoyar la multipolaridad para el balance de poderes mundiales; explica la venta de PDVSA a los capitales privados.