En vísperas de un nuevo 1 de mayo

El proceso revolucionario y la coyuntura política nacional

No hay duda que en Venezuela sigue abierto un profundo proceso revolucionario, que a su vez empalma y se retroalimenta de la rebelión social que se extiende por toda Latinoamérica, y que ahora también se manifiesta en los países capitalistas más desarrollados, tal como se ha expresado en el gran triunfo obrero-estudiantil en Francia contra el Contrato de Primer Empleo, así como en las gigantescas movilizaciones de inmigrantes en los Estados Unidos, donde se prepara una huelga general de trabajadores inmigrantes para el próximo 1 de mayo.

Por otra parte, este proceso aún vivo en nuestro país, tiene como trasfondo el hecho de que se mantiene la confrontación con el imperialismo norteamericano y la oposición golpista, pero con menos intensidad. Después del referéndum de 2004 y de las derrotas políticas del imperialismo y la burguesía en el golpe de abril de 2002 y en el paro-sabotaje petrolero, es evidente la disminución de la confrontación política en el país, lo que no significa que se hayan resuelto las grandes contradicciones existentes o que la burguesía golpista y el imperialismo no mantengan sus aspiraciones políticas, sin embargo, estas se mantienen pero en un marco defensivo, producto de las derrotas consecutivas propinadas por la movilización obrera y popular.

Se reafirman las contradicciones en el seno del proceso revolucionario
Nos encontramos en una fase en que cada vez son más frecuentes los choques y las confrontaciones de la población con los funcionarios del gobierno, con ministros, alcaldes, gobernadores, y en general con el gobierno. Igualmente, se profundiza el distanciamiento de sectores mayoritarios del pueblo respecto a los partidos del Bloque del Cambio. En el enfrentamiento cotidiano de lanceros, trabajadores de Mercal, de las Misiones, de la UBV, de los activistas de los comités de salud, de tierra y de las Mesas Técnicas de Agua, estos identifican cada vez con más claridad, a los funcionarios gubernamentales y a los representantes del MVR, del PPT y Podemos como agentes reproductores de las lacras de la IV República, como la expresión de la burocracia y la corrupción que campe a sus anchas por todas las instancias de gobierno. Esta situación choca con la sensación de la mayoría del pueblo que ha luchado tenazmente contra el imperialismo y la burguesía, de que aún no ve satisfechas sus aspiraciones económicas y sociales.

En la medida en que el pueblo y los trabajadores obtienen triunfos también esperan que estos se traduzcan en beneficios económicos y sociales, sin embargo, esto contrasta con una grave situación social, caracterizada por un desempleo del 11% de la población económicamente activa, cifra oficial probablemente inflada por la inclusión del empleo precario de las Misiones, donde el impacto original de estas tiende a disiparse, ahogado en el burocratismo, la corrupción y el limitado alcance de dichos programas sociales, ejemplo de esto es la huelga de más de 400 trabajadores de Mercal en el estado Bolívar. Mientras que los capitalistas se benefician de las concesiones que el gobierno les ha otorgado en el contexto del proceso de negociación y normalización de relaciones, y los burócratas de “boina roja” engordan sus bolsillos y los de sus familias, en una orgía de corrupción y nepotismo que envuelve a funcionarios civiles y militares, tal como se expresó en el caso del CAAEZ, que es apenas la punta de un gigantesco iceberg de negociados turbios.

Todo lo anterior se produce en momentos en que la economía atraviesa por una situación inmejorable, favorecida por la elevada recaudación fiscal y los altos precios del petróleo, los cuales sobrepasan los 70 dólares, mientras la cesta petrolera venezolana se ubica en más de 60.
En el 2004, la economía venezolana creció 17,9% y el pasado año llegó a 9,4%, siendo el crecimiento más alto en América Latina por dos años consecutivos. Y se espera que crezca 5,5% en el 2006. En la actualidad las reservas internacionales son las más altas de la historia del país, llegando a 30.368 millones de dólares, las cuales son más altas que la de todos los países andinos juntos.

“Normalización” de las relaciones gobierno-empresariado
Como hemos venido afirmando desde hace algún tiempo, a partir del triunfo en el referéndum de agosto de 2004, las tendencias conciliadoras del gobierno se han intensificado. Amparado en la bonanza económica, en la estabilidad política lograda gracias a la disminución o atenuación de la confrontación interna con la oligarquía y sus partidos, posibilitado todo por los triunfos reiterados del pueblo y los trabajadores contra las intenciones del imperialismo y sus acólitos nacionales, el gobierno ha profundizado este proceso llegándose a una situación en la que se concreta una progresiva normalización de las relaciones con el empresariado, incluyendo a las transnacionales, especialmente en las telecomunicaciones y en el sector petrolero. Este proceso de normalización de las relaciones entre el gobierno y la patronal, que se produce no sin contradicciones y discrepancias -no podemos perder de vista que persiste la situación revolucionaria-, está teniendo repercusiones concretas en la situación laboral de los trabajadores que se expresa en los numerosos conflictos que en la actualidad se desarrollan en el país.

¿Cuál es el eje de la lucha de clases? ¿Cuál es el sector social más dinámico? Como consecuencia de lo que hemos caracterizado como un proceso de normalización de las relaciones gobierno-patronal, se viene produciendo una cada vez mayor tensión entre los trabajadores y los empresarios. En la medida que el gobierno suaviza sus relaciones con los patronos, confiriéndole toda clase de prerrogativas, como créditos, eliminación del IVA en el caso de los industriales automotrices y de las transnacionales petroleras que migraron a las empresas mixtas, condonación de deudas a patronos que han entrado en procesos cogestionarios (Invetex), suspensión de la Solvencia Laboral, a solicitud de la patronal, y otra serie de facilidades para realizar sus negocios, estos se “envalentonan”, mientras desmejoran la situación de los trabajadores. Continúan despidiendo a pesar de la inamovilidad laboral, enfrentan a los nuevos sindicatos clasistas, y se niegan a cumplir con las demandas de los trabajadores. Esto está haciendo que sea el movimiento obrero el sector social más dinámico en la coyuntura política del país. Y creemos que este proceso tiende a agudizarse.

La situación antes descrita ha propiciado una ola de conflictos en todo el país y en distintos sectores productivos. La mayoría de estos conflictos son el resultado del desconocimiento de elementales reivindicaciones laborales, pésimas condiciones de higiene y seguridad, como es el caso de los petroleros, lo que ha ocasionado la muerte de varios trabajadores; despidos a dirigentes sindicales de sindicatos alternativos (Plumrose); desconocimiento de providencias de reenganche, y de incapacidad y poco interés de las inspectorías del trabajo por hacerlas cumplir, así como también negativa a aumentar salarios, como es el caso de los trabajadores de la Ford, empresa que se ha beneficiado del Programa Venezuela Móvil. En otros casos se trata del cambio repentino y unilateral de las condiciones de trabajo (aumento de horas de trabajo o disminución del tiempo de contrato), como fue el caso reciente de las trabajadoras de Sincor, transnacional petrolera que opera en el Criogénico de Jose en el estado Anzoátegui. En muchos de estos casos los patronos han contado con el apoyo de gobernadores y alcaldes, funcionarios policiales y de la Guardia Nacional, así como de inspectores del trabajo. En otros casos, como en la gobernación del estado Táchira, se trata de despidos como consecuencia de reformas administrativas inconsultas y contra la voluntad de los sindicatos.

Por otra parte, los conflictos no son sólo en empresas pequeñas, también estos se producen en grandes empresas y en trasnacionales, como sería el caso, entre otras, de Plumrose, Sincor, y el sector eléctrico, lo cual de profundizarse, le daría un giro cualitativo al proceso que venimos describiendo.

Igualmente, consideramos que la bonanza económica a la que hacíamos referencia más arriba, la disposición de lucha de los trabajadores, y el hecho de mantenerse vivo el proceso revolucionario, plantean la posibilidad que este dinamismo del movimiento obrero, y la independencia política que lo caracteriza respecto al gobierno a pesar del chavismo de la mayoría de los trabajadores, se mantenga y se exprese en nuevas luchas y movilizaciones.

La burguesía se organiza para enfrentar a los trabajadores
Simultáneamente, y como reacción al proceso antes mencionado, la patronal comienza a organizarse para enfrentar los reclamos laborales. En los hechos se viene conformando una especie de frente o de Santa Alianza contrarrevolucionaria y antiobrera, conformada por restos de la vieja burocracia de la IV República, en la cual además confluyen empresarios, bandas de sicarios, policías regionales y locales, grupos de choque de supuestos Círculos Bolivarianos, y organizaciones políticas como el MVR, PPT y Podemos, que actúan contra los trabajadores, en muchos casos utilizando la violencia al viejo estilo adeco del “puntofijismo”. Esto se ha manifestado muy claramente en el estado Aragua, pero podría estar desarrollándose en todo el país.

El clientelismo gubernamental y el movimiento popular
Mientras esto sucede en el movimiento obrero, en el seno de los sectores populares, que han sido la vanguardia de la movilización contra la burguesía y el imperialismo a lo largo del proceso revolucionario, se desarrolla un proceso en el cual, si bien se mantiene en términos generales la confrontación con muchos funcionarios y representantes de los partidos del chavismo oficial, así como la disposición a profundizar el proceso revolucionario y la conciencia antiimperialista, franjas importantes de estos sectores tienden a ser presa del clientelismo que desde el gobierno se expresa en las Misiones, en las cooperativas, así como en los empleos precarios de gobernaciones y alcaldías. Siendo estos los principales receptores de los recursos destinados a los programas sociales, los lazos socio-económicos establecidos por este medio con el gobierno, reafirman el liderazgo carismático que liga al pueblo con Chávez. Esta situación limita la posibilidad de independencia política de los sectores populares respecto al gobierno. Y en muchos casos terminan siendo utilizados por los partidos gubernamentales como fuerza de choque contra los trabajadores que luchan por sus derechos constantemente violados por la Santa Alianza a la que antes nos referíamos.

*Publicación del Partido Revolución y Socialismo (PRS)
prs_venezuela@yahoo.com
revolucionysocialismo@gmail.com


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Miguel Angel Hernández/Opción Socialista*

Profesor de Historia en la UCV y miembro del comité impulsor del Partido Revolución y Socialismo. Como marxista, Hernández aboga por el definitivo rompimiento con el capitalismo en Venezuela y por la construcción del socialismo.


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