La cincuentenaria lucha amazónica contra el petróleo en el Perú

16 diciembre, 2022

David Roca Basadre

Entrevista con James Pérez Pacaya, presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (AIDECOBAP), en pleno proceso de lucha dentro de su territorio

Hace ya más de cincuenta años que se dio inicio a las actividades de extrac­ción petrolera en lo que se llama el circuito petrolero de Loreto, en el Perú, que abarca las provincias de Maynas, Loreto, Alto Amazonas, Requena, y Datem del Marañón. Es decir, la mayor parte del departamento –re­gión– más grande del Perú, y sobrepuesto en gran medida a territorios indígenas.

La historia

Las primeras empresas llegaron en masa ante el anuncio de que había mucho petróleo en la zona en 1970. Hasta 14 empresas reali­zaron exploraciones en la zona, incluyendo a la estatal Petroperú. Afortunadamente no era tanto el botín, y el petróleo que había era muy pesado. Y para la época, con precios bajos, no muy rentable.

Las concesiones se habían dado sin mira­mientos. Y dejaban poco espacio en la región libre, incluso se habilitó la exploración en zonas protegidas, sin el menor reparo. En muchas ocasiones, las poblaciones indígenas fueron desalojadas ("reubicadas") sin pregun­tar demasiado. Aún no había Convenio 169. La invisibilización de las poblaciones indígenas es un hábito colonial que los neo-europeos criollos han heredado para seguir en la misma lógica extractiva sin limitaciones. Hasta hoy.

Esos inicios de actividad fueron también el inicio de los desastres. Contra lo que se suele mencionar sobre los derrames de petróleo, estos no son los únicos responsables de la devastación. La agresión peor, destructiva sin miramientos, fue desde el inicio cuando –por ahorrar costos– las empresas arrojaron miles de litros de aguas de formación en la tierra, y en ríos y lagunas, sin el menor cuidado.

Las aguas de formación, también llamadas de producción, brotan juntas con el petróleo, a una temperatura de 90ºC. Son dos veces más saladas que las del mar y contienen hidrocar­buros, cloruros y metales pesados, como plo­mo, cadmio, bario, mercurio, arsénico y otros. Su capacidad devastadora es feroz.

Por esos vertimientos y por los derrames, los habitantes indígenas de esas regiones han sufrido durante décadas las consecuen­cias de la destrucción de sus entornos. Se ha ocasionado el envenenamiento de sus fuen­tes de vida, y en consecuencia se dan hasta hoy problemas graves de salud, con miles de víctimas, pobreza que no conocían hasta en­tonces, y la desaparición de sus instrumentos culturales.

No fue sino hasta entrado el siglo XXI que el Estado y las empresas aceptaron reinyectar las aguas de producción, gracias a las movilizaciones y presión indígena.

Y otra vez…

En 2009, explica el antropólogo Alberto Chirif, se volvió a una fiebre de licitaciones. Existían 64 lotes licitados que cubrían el 72% de la Amazonía peruana (490.000 km2). De los cuales "veinte se superponen a once reservas comunales y a zonas reservadas, mientras que 58 de ellos se traslapan con territorios titulados de comunidades nativas. Además, 17 lotes se yuxtaponen a áreas donde existen propuestas para crear reservas territoriales para proteger a grupos indígenas en aislamiento voluntario."

El Estado nunca se ha preocupado por realizar estudios toxicológicos y de salud en general entre las poblaciones afectadas, y me­nos se las ha atendido con eficacia. Tampoco se han desarrollado jamás alternativas educati­vas que permitan la integración de los nuevos pobres. El extractivismo petrolero se suma así, en el proceso destructivo, a las invasiones de taladores de madera, minería informal y la invasión de pequeña agricultura no adecuada a los ecosistemas del bosque húmedo, por obra de los otros pobres andinos que huyen en bus­ca de una salida a su propia desgracia.

Estudios e investigaciones

Sirva, como referencis y la recopilación de más de 2700 documentos, el equipo del ETI constató la contaminación por hidrocarburos de 85 de los 130 sitios visitados en el lote 8. Asimismo, el 88,5% de personas entrevista­das aseguró que la actividad petrolera es la principal causa de la contaminación de aguas y suelos; y la desaparición de animales."1 Esa conclusión es la que se puede encontrar en todos los territorios ocupados para actividad extractiva petrolera.

Los derrames recientes, y de varios años, de petróleo, producidos en su mayor parte por ro­turas en el oleoducto que atraviesa buena parte de la Amazonía hacia su destino en la costa peruana, no hacen sino agravar el problema.

La empresa estatal Petroperú, responsable del oleoducto, echa la culpa a los mismos indíge­nas de esas roturas. Sin embargo, una investigación congresal del año 2018 ya había concluido que hubo irre­gularidades en la contratación de empresas que limpiaron los derrames. Se evidenciaron "po­sibles delitos y hechos de corrupción o cuando menos intolerable incapacidad de funcionarios de Petroperú".

Achacar la responsabilidad de los derrames a los indígenas, es fake news de funcionarios de Petroperú. Lo que hay son "emprendedores" con empresas que luego contratan con el Esta­do para refaccionar oleoductos. Sin dudas, gra­cias a la corrupción, como indicaba el informe congresal de 2018. Para eso contratan mano de obra que sí, en efecto, suele ser indígena. Sin bosque, con aguas envenenadas, instalada la pobreza, hay indígenas que aceptan lo que haya para sobrevivir.

Luchas y logros

Desde hace cerca de veinte años se empe­zaron a dar muchas protestas dispersas. Luego, las movilizaciones indígenas empezaron a cobrar fuerza y consistencia y hubo intentos de unificación. La historia está marcada por diversos intentos unitarios, la estrategia de tomas de instalaciones para presionar, el logro de sentar a dialogar a los sucesivos gobiernos y a las empresas, el logro de acuerdos con concesiones diversas por parte del Estado y las empresas, pero que se cumplen en lo menos. Y vuelta a lo mismo.

Fue en 2006, recién, que mediante el Acta de Dorissa se logró la obligación de reinyectar las aguas de producción. Esa tecnología es an­tigua, data de los años 20 del siglo pasado, pero jamás se había utilizado, vertiendo esas aguas contaminadas a todo lo largo de las zonas de explotación. Se agregó al acta el cumplimiento de demandas sociales.

En 2016, el gobierno de Ollanta Humala declaró en emergencia ambiental a varias co­munidades de Datem del Marañón, provincia loretana en la frontera con Ecuador. Aparte de esa declaratoria, no hubo efectos concretos. Por esos tiempos se dieron los Acuerdos de Saramurillo, que requirieron luego, ante su incumplimiento, lo que se llamó la firma de una Hoja de Ruta para su ejecución durante el siguiente gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, esta vez con las comunidades kukama de los distritos de Urarinas, Trompeteros, Parinari y otros más.

El pueblo achuar, en 2019, tomó las insta­laciones de la empresa Frontera Energy, en la localidad de Dorissa, correspondiente al lote 192, para reclamar por daños debido a derra­mes y vertidos. Tras larga lucha, se lograron nuevos acuerdos indemnizatorios. Sin cumpli­miento total de lo acordado.

Tras grandes y persistentes movilizaciones de una gran mayoría de comunidades agru­padas en la flamante asociación de Pueblos Afectados por la Actividad Extractiva Petrole­ra (PAAE), en 2020, el gobierno del presidente Martín Vizcarra emitió el Decreto Supremo 145-PCM 2020 que crea un fondo de 6 mil mi­llones de soles (aproximadamente mil millones de dólares, algo más) para un llamado Plan de Cierre de Brechas, destinado a salud, educa­ción, infraestructura, y –lo indispensable– re­mediación ambiental, que debe beneficiar a las comunidades indígenas de las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas. Ese compromiso es aún motivo de debate y discusión sobre sus pro­cedimientos y ejecución, a pesar de que ya se ha aprobado un fideicomiso para que dichos fondos no se queden en los sectores del Estado donde, con toda probabilidad, se perderían en pagos de personal, consultorías y demás simi­lares. Pero aún no procede.

Las comunidades kukama, luego de inci­dentes graves en agosto de 2020, llegaron a un arreglo con la empresa PetroTal, sobre cuida­dos ambientales, indemnizaciones, y –la nove­dad– una participación del 2,5% de los benefi­cios de la empresa para administración directa de las poblaciones afectadas, también median­te la creación de un fideicomiso. A pesar de las idas y venidas, eso aún no se concreta.

El lote 95: una lucha en progreso

James Pérez Pacaya es presidente de la Aso­ciación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (AIDECOBAP) integrada por poblaciones de la nación kukama, una de las más de 60 etnias amazónicas en el Perú. Parte de su territorio está concesionado a la empresa norteamericana PetroTal.

El lote 95, como se denomina a la zona de extracción, se encuentra ubicado en la loca­lidad de Bretaña, al lado de una comunidad indígena kukama, pero la afectación de la actividad llega hasta cientos de kilómetros a la redonda, y a muchas otras comunidades, sobre todo kukamas. El Lote 95 tiene poco tiempo de producción, pero ya está produciendo el ma­yor volumen de petróleo de toda la selva norte.

Las movilizaciones tienen que ver, sobre todo, con el aprendizaje obtenido en los otros lotes, y las reivindicaciones para que no se repitan los daños causados. Tienen algunos años las movilizaciones del pueblo kukama. Tuvieron un momento culminante y trágico en aquel agosto de 2020 cuando, tras una mani­festación pacífica, la empresa PetroTal respon­dió con fuerzas de choque y policía nacional a su servicio –algo habitual en el Perú es que la policía se ponga del lado de las empresas– lo que ocasionó múltiples heridos, algunos con males permanentes, y tres indígenas fallecidos.

En noviembre de ese mismo año 2020 se produjeron movilizaciones en todo el país, sobre todo en las ciudades. Movilizaciones contra un gobierno de facto que la extrema derecha impuso. Como consecuencia de la represión hubo muchas víctimas y dos jóvenes asesinados, por los que permanentemente se pide –con razón– justicia. No hay justicia para estos asesinados en Lima.

Pero para los indígenas asesinados en la Ama­zonía, además de no haber justicia, hay silencio.

Una fecha y una conversación

Estamos a 31 de octubre de 2020 al mo­mento de hacer la entrevista. Marcamos la fecha, pero este tipo de acciones son repetitivas desde que los pueblos indígenas empezaron a reclamar por sus derechos. Parecen a veces fotogramas del mismo evento, que se repiten en el tiempo. Un tiempo invisible, incontable, inasible, como las vidas que se va llevando.

Y en la capital del país, el gobierno ignora, u observa con distancia lo que ocurre, mien­tras negocia con las empresas o, a lo más, y en el mejor de los casos, piensa en la prosperidad nacional, sin indios claro.

–¿Ya ha empezado una movilización?

Todavía no, la estamos programando para mañana. En realidad, el tema es organizativo y ya arranca mañana.

–¿Pero la decisión ya está tomada?

Sí, ya está tomada la decisión, está todo hecho.

–¿Cuál es la situación actual en la zona?

Los pueblos kukama han retomado sus me­didas de fuerza, han iniciado su movilización. El pueblo indígena en Loreto se ha declarado en movilización permanente, en defensa de nuestros derechos y de nuestro territorio.

–¿Cuáles son las demandas específicas, aho­ra? Puesto que se trata de una lucha que tiene décadas.

Ante la deuda histórica de la actividad petrolera en Loreto se han demandado muchas cosas como, por ejemplo, servicios básicos de atención inmediata, como lo referido a alimen­tación, salud, educación. Y agua, sobre todo, muy importante en zonas altamente conta­minadas. Hay que recordar que en las zonas de los lotes 192 y lote 8, nuestros hermanos llevan metales pesados en su sangre, en todo su organismo y eso hace que tengan enferme­dades que aparecen de un momento a otro y se cobran vidas también. Eso es lo más preo­cupante en nuestra realidad cotidiana, que no debe volver a ocurrir.

–¿Y sobre el lote 95?

Hablando en específico del lote 95, aquí hemos empezado la lucha en 2018 a 2019, con un paro amazónico. Y en 2020, el 8 de agosto, como consecuencia de esa protesta, donde se pidió que se reconozcan nuestros derechos, hubo tres muertos y diez heridos, trágico de­rramamiento de sangre. Solo demandábamos servicios básicos que la actividad petrolera nos ha arrebatado, y también, como derecho, exigíamos ser parte de los beneficios de las actividades extractivas que promueve el Estado en nuestro territorio.

–¿A qué se refiere con demanda histórica?

Son cincuenta años de actividad petrolera en toda la zona, que lo único que ha dejado es más pobreza, pueblos sin una buena educa­ción, sin buena salud y, sobre todo, sin ali­mentación, que es lo básico. Los ríos, los lagos, las quebradas y los bosques están totalmente contaminados, y así obviamente ya no hay alimentación. Eso es lo que deja como saldo la actividad petrolera, pero al mismo tiempo ge­nera muchos recursos, mucha economía para el sector empresarial, para el sector privado, y también para el Estado que se beneficia con esta actividad. Sin embargo, esto no se ha plas­mado en algún beneficio para la zona de donde sale este recurso. Lo único que está dejando es pobreza, enfermedades, que han sido causadas por esa actividad que inventa la pobreza donde antes no existía. Problemas como la anemia, la desnutrición, llegan a cifras alarmantes con situaciones terribles en nuestras zonas.

–¿Esas demandas no son atendidas?

No, pura promesa, papel firmado. Y sobre eso son nuestras demandas, que llamamos históricas. Es lo que vivimos nosotros aho­ra, y no olvidamos que lo mismo ocurrió en tiempos de la explotación del caucho, donde hubo la esclavitud del pueblo indígena, abusos crueles donde han muerto nuestros hermanos, que fueron torturados y a los que les ocurrie­ron muchas cosas indignantes que son parte de nuestra historia.

–Pero, hoy no ocurre eso…

Hoy no hay esos tratos crueles directos, pero existe un asesinato silencioso que gene­ra muerte, miles de muertes. Que destruye también a los peces y a todos los animales, las plantas, la tierra, todo lo que nos da para vivir, todo está totalmente contaminado. Y entonces no hay forma de evitar el envenenamiento si no es que el Estado ponga de su parte y haga la remediación de los lagos, de los bosques. Sabemos que eso ya no se va a recuperar en su totalidad, pero por lo menos que haya la alter­nativa de una actividad responsable en el cum­plimiento del respeto a la naturaleza. Además, al arrebatarnos nuestro entorno, nuestro modo de vida, también nos han arranchado nuestra cultura. Entonces necesitamos educación para adaptarnos a la cultura que nos imponen, pero tampoco eso nos dan.

–Hay entre ustedes una historia de duelo permanente. Hay testimonios de personas que hablan sobre la pérdida de sus familiares. Esto conmueve mucho, pero además suscita una inte­rrogante acerca de por qué es que no ha habido una reacción más intensa de los pueblos desde antes. ¿Qué ha pasado?

Lo que ha ocurrido es que cuando llegaron las empresas crearon muchas expectativas de mejora de vida, y la gente ha sido inconsciente y ha aceptado esta actividad petrolera, sin ima­ginar las consecuencias. Además, ni siquiera han consultado a los pueblos, sino que han impuesto la actividad. Y nadie imaginó tampo­co que más tarde las consecuencias iban a ser totalmente fatales. Es el desconocimiento del hombre del bosque de esa tecnología, lo que ha permitido esta situación. Y como las empresas manejaban la economía, han puesto a nuestros hermanos de rodillas. Hasta que han nacido otras generaciones que despiertan y reclaman sus derechos.

–Suena terrible porque pareciera que hubieran naturalizado que se muera la gente, y el abando­no. Por otro lado, mucho se habla de lo referido a salud, educación, y todo lo que está contenido en el Plan de Cierre de Brechas –del que hablaremos más adelante– pero, sin embargo, la madre de todo es el entorno ambiental, el cuidado y reme­diación del ambiente. Eso lo escucho poco.

Es que el Estado mismo es cómplice de ese ecocidio, porque el Estado siempre se preocu­pa por la rentabilidad y no por la salud de los pueblos, de los que viven en la zona de explo­tación. Al Estado, a los gestores del Estado, solo les interesa lo que pasa en la actividad y no piensan en la salud, en el bienestar de sus compatriotas, porque no les interesa. Por eso es que nunca se ha interesado el Estado en hacer que se cumplan las normativas, sobre todo por lo que se refiere al cuidado del ambiente.

–¿No hay organismos para velar por eso?

Aprovecho su pregunta para decir que las instituciones del Estado que supervisan actividades de afectación ambiental, como el OEFA (Organismo de Evaluación y Fisca­lización Ambiental) es cómplice de todo lo que ocurre. Nunca OEFA ha elaborado un informe real sobre los daños y perjuicios que ha causado la actividad petrolera, sus infor­mes son siempre favorables para la actividad. Y nunca señalan los desmanes en contra del ambiente, de la naturaleza. Siempre han apañado a la actividad y no han visto las des­gracias que eso ha traído. Yo soy testigo. En mi zona, por ejemplo, donde está mi comuni­dad, ya ha habido hasta cinco derrames, pero OEFA se va diciendo que no hubo derrames. Dice que PetroTal –la empresa que extrae en mi zona– es la única empresa que está cumpliendo con la ley, pero eso es mentira. Y OEFA es por eso cómplice.

–Esta responsabilidad del Estado es, sin em­bargo, cincuentenaria, pues el arrojo explícito, voluntario y además sin ninguna preocupación por el daño, de las aguas de producción en la tierra, ríos y lagunas, es finalmente el origen de la mayor parte del envenenamiento, a lo que se suman ahora los derrames.

Así es. Ha sido todo a propósito. Sin que les importe la gente han arrojado estas aguas envenenadas al entorno. Ocurre que con esta llamada civilización se ha creado una espe­cie de idea del más y el menos. Por ejemplo, cuando ahora los indígenas comenzamos a reclamar nuestros derechos, y por allí te com­pras un polito2, un pantaloncito, te compras zapatos, entonces dicen "oye, mira, pero este ya no es indígena, mira cómo se viste". O sea que, en la percepción de ese sector de la sociedad, el indígena es un salvaje, es un animal más del monte, que no tiene ningún derecho y menos se merece el respeto ni el cuidado de su vida. Eso es lo que pasa. Existe un alto grado de racismo y odio al pueblo indígena. Entonces no les importa nuestra suerte.

–Y eso es lo que se manifiesta en la actitud de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, con el asunto de los PIACI.3

Así es. Y fíjese qué opinión tan desfasada que tienen las propias autoridades que pare­ciera que no saben por qué han sido elegidas, por qué están puestos allí. Tienen una idea atípica, atroz, anacrónica, del concepto de los pueblos en aislamiento voluntario. Es lamentable ver que ciudadanos que ejercen la función de autoridades, que tienen la res­ponsabilidad de proteger a sus pueblos, a su territorio, no lo están haciendo y solo ven el lado utilitario. Les preocupa la inversión que, dicen, trae desarrollo, y sin embargo de eso se percibe poco, y no ven el rol importante de los pueblos en aislamiento que son verdade­ros cuidadores del bosque, y que eso es lo más importante. Que ese sistema funciona mal ya nos lo ha demostrado la pandemia que ha desnudado a nuestro país de cuerpo entero sobre todo en la salud.

–Existe un Plan de Cierre de Brechas al que el Estado le asignó 6 mil millones de soles, median­te Decreto Supremo N° 145-2020-PCM. Y esto es oficial. ¿Qué ha sido de este recurso?

Ese famoso plan de cierre de brechas fue generado, impulsado desde nuestra lógica, des­de nuestra visión de pueblo indígena. Esa ini­ciativa nunca hubiera surgido desde el Estado. A ese plan nosotros lo llamamos plan post-pe­tróleo, y el Estado se ha agarrado de nuestra iniciativa, y lo ha llamado Plan de Cierre de Brechas, pero reduciendo los alcances. Con esa iniciativa le demostramos al Estado que nosotros, los indígenas, sí tenemos visión de desarrollo, queremos mejorar nuestra calidad de vida porque ese proyecto lo hemos llevado nosotros al Estado, que lo ha hecho suyo. Y ni siquiera nos toman en cuenta.

–¿Y cumplen?

No cumplen. Se ha comenzado a hacer un diagnóstico a las propuestas, al sustento técni­co de nuestra propuesta que se ha presentado en múltiples reuniones, y no han podido re­futar a nada de lo que hemos elaborado desde nuestra visión política de desarrollo, desde la visión del pueblo indígena. Y si el gobierno no cumple, el legislativo que debía aprobar la ley, ha sacado una que es completamente discrimi­natoria pese a que se trata de nuestro proyecto: no nos toman en cuenta en el proceso para la ejecución de ese plan. Es totalmente decepcio­nante lo que hace el Estado.

–¿Esa marginación que señala, a qué se debe?

Recuerdo que a los hermanos de los pue­blos ashuar, awajún, wampís, para ir a la guerra cuando hubo el conflicto con el Ecuador, sí los llamaban, pero cuando se trata de cumplir con ellos, no. Para ir a pelear y a morir, sí. Pero para cumplir con los pueblos indígenas, no. Simplemente nos utilizan como herramienta útil, cuando el Estado lo requiere. Pero, luego de eso, seguimos siendo los mismos animales salvajes que no necesitan nada porque viven del monte. Esa es la visión que tiene ese sector minoritario de la sociedad que, desafortunada­mente, es el que toma las decisiones.

–Monte que además están destruyendo…

Así es. Hay que sumar a todo que, luego de lo del caucho, empezaron los problemas ge­nerados por las actividades de tala de bosques para comerciar madera, la minería ilegal, la agricultura extensiva, a todo lo que se agregan los problemas del cambio climático.

–¿Qué perspectivas tiene esta movilización de ahora? Porque yo veo permanentemente movi­lizaciones y no hay el efecto necesario, el Estado no responde. ¿Qué medidas van a tomar para que el Estado responda?

En esta movilización en particular del pue­blo kukama en el lote 95, estamos exigiéndole al Estado, y a la empresa PetroTal específica­mente, que se cumpla con la modificación del contrato con esta empresa mediante la Resolu­ción Ministerial 144 del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que ha creado una mesa técnica en torno al lote 95, donde participan MINEM, la Presidencia del Consejo de Mi­nistros (PCM), Perupetro, PetroTal, nosotros como Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (AIDECO­BAP), y una organización que ha creado la empresa PetroTal para hacer paralelismo con nosotros llamado Junta de Autoridades, que es el grupo de choque de la petrolera, para contrarrestar nuestras demandas. Con todos ellos estamos sentados trabajando, analizando, modificando el contrato, que ya se modificó y se ha incluido una adenda que acepta que el 2,5% de los barriles fiscalizados sea para bene­ficio de las comunidades.

–¿Qué faltaría?

Ya Perupetro ha cumplido su labor como empresa del Estado, que es quien hace las con­trataciones para este tipo de actividades, y ahora ya solo queda que PetroTal le dé el visto bueno para que eso ya corra y el Estado pueda emitir el decreto supremo respectivo. Han transcurrido más de treinta días desde la última firma que ha validado esa modificación, y hasta la fecha la empresa no ha respondido. Ya le ha envia­do Perupetro la tercera carta de notificación diciéndoles que se pronuncien de una vez con la propuesta de modificación, porque allí ya no hay nada que revisar, los actores hemos con­sensuado y firmado. Para exigir que PetroTal y el Estado cumplan con su compromiso es que estamos entrando en esta movilización.

–¿Ven alguna perspectiva de buen resultado? Porque tantas cosas les han prometido…

Creo que el resultado estaría garantizado, pues permitiría la paz social y las comunidades se beneficiarían de lo que se produzca con ese porcentaje, que estaría destinado a mejorar la calidad de vida de los pobladores en nuestra zona, donde se tiene pensado promover di­versos proyectos, empezando por garantizar seguridad alimentaria, combatir la anemia, la desnutrición, la parasitosis, entre otros males y enfermedades. En particular la anemia. Por ello queremos asegurarnos con estos beneficios. Ya hemos demostrado que sabemos administrar. Y vamos a demostrar de nuevo que sí somos capaces de impulsar nuestro propio desarrollo.

–Tras las movilizaciones de 2020, en agosto, hubo víctimas. ¿Cómo se ha resuelto esto?

El Estado, a través del ministerio público, no ha avanzado en absoluto en la investigación preparatoria, no se ha identificado hasta la fe­cha a los responsables de ese crimen de Estado, pues hubo muchos heridos y tres fallecidos por bala. Pero, contrariamente, han avanzado muy rápido las investigaciones y denuncias en nuestra contra, de los dirigentes indígenas del circuito petrolero, que estamos siendo perse­guidos por el Estado brutalmente. Estamos siendo acosados por la justicia peruana, pues nos están abriendo investigaciones a cada rato. Nos llegan notificaciones y denuncias y eso con el afán de neutralizar nuestras moviliza­ciones e intimidarnos.

–¿Por qué hacen eso?

Es una estrategia de las grandes empresas que tienen a sus abogados para dedicarse a eso. Lo usan especialmente para neutralizar las luchas. Si estás yendo a juicio a cada rato, no hay manera de que estés yendo a base. Yo mismo he sido muchas veces amenazado de muerte. Están buscando intimidarnos para que abandonemos nuestras luchas. Pero nosotros hemos hecho juramento ante el pueblo de que, si vamos a morir, vamos a morir de pie.

–¿Qué plantean ante eso?

Queremos hacer un llamado muy especial a los organismos internacionales que protegen el derecho y la vida de los pueblos indígenas, porque es allí que tenemos que ampararnos. Por ejemplo, vamos a entrar a una nueva protesta y el grupo de choque de PetroTal está armado con armas de fuego automáticas, como revólveres, pistolas, entre otras armas. Eso es por un plan de PetroTal.

–¿Han hecho denuncias?

Nosotros denunciamos abiertamente todo eso. Ya hemos acudido a la Defensoría del Pueblo. También al comandante general de la 4ta. Región al que, personalmente, le hice llegar a su WhatsApp fotos de un muchacho que estaba portando una pistola, y nunca hubo investigación. Ni siquiera les han llamado la atención, y sin embargo a nosotros nos han decepcionante el no tener una justicia que no se parcialice con ningún lado. Y eso es lo que se está viendo: una justicia muy parcializada y direccionada en contra nuestra, y en favor de ese grupo parapolicial o paramilitar que ha armado PetroTal bajo el nombre de "Junta de Autoridades".

–Además, habría que hacer un llamado para que se suscriba el Acuerdo de Escazú que daría alguna protección a los pueblos, ¿verdad?

Por supuesto. El Acuerdo de Escazú tiene que ir. Eso no tiene que quedarse así. Por­que eso nos abre muchas posibilidades a los pueblos indígenas; eso tiene que ir. Para que no vaya Escazú ha habido una muy elaborada estrategia por parte de los grupos de poder económico, han hecho un plan y nosotros nos quedamos allí un poco atónitos. Eso pasa por la falta de logística y de capacidad económica para mover, para llegar muchas veces a la pren­sa. Porque esta guerra nos la están ganando, sobre todo, a través de los medios de comuni­cación y la opinión pública. Ellos tienen todas las facilidades para comprárselos y direccionar todo lo que puedan hacer.

–Y el pueblo muchas veces desconoce las venta­jas que le ofrecería el Acuerdo de Escazú, y por eso no se moviliza.

Por eso es que la gente no se moviliza. Por ejemplo, aquí en Iquitos, todos los grupos de poder económico se han juntado para armar un plan que lo que ha hecho es detener lo de Escazú. Tenemos que superar eso.

Nota sobre un impase anunciado. A lo de siempre…

"Y bueno, comencemos de nuevo"

Frase final de "A puerta cerrada", Jean-Paul Sartre

1. La Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (AIDECO­BAP), llegó el 11 de noviembre a un acuerdo con la asociación Junta de Autoridades y la Municipalidad de Puinahua "para establecer una fecha para la nueva Mesa Técnica del Lote 95, donde ambas organizaciones participan junto a PetroTal y el gobierno, que definirá el manejo del Fondo de Desarrollo del Distrito de Puinahua. También se definirá una fecha para la firma de la adenda al contrato del Lote 95 que crea formalmente el fondo que destina el 2,5% de la producción fiscalizada de petró­leo para financiar proyectos e intervenciones en beneficio del distrito.

El acta del encuentro, que permitiría dar pase la solución del conflicto, fue suscrita por el presidente de la JAP, Julio Sampaya, el vice­presidente de AIDECOBAP, Percy Ramírez, y los demás actores que participaron."

2. 1° de noviembre: la empresa PetroTal condiciona la suscripción del documento de acuerdo a que se incluya una cláusula que impida a las comunidades protestar, en ade­lante, ante cualquier caso que consideren. Eso implicaría aceptar la vulneración de derechos por parte de la empresa. La dirigencia de AIDECOBAP se niega a aceptar tak condicio­namiento.

3. La empresa PetroTal decide que el 2,5% sea parte de su compromiso de responsa­bilidad social, es decir, que se implemente de acuerdo a su voluntad. En AIDECOBAP tienen claro que, por antecedentes, la respon­sabilidad social o aportes voluntariosos de las empresas ha sido la fórmula empleada por las empresas para controlar, manipular y silenciar a los pueblos frente a los graves impactos de la actividad petrolera. Lo conversado en los acuerdos establecía un fondo de desarrollo a partir del aporte del 2,5% de la producción fiscalizada de petróleo, para administración directa de las comunidades, a modo de partici­pación en los beneficios.

4. Campaña en la prensa regional –en Lima nadie se entera de nada– que da amplio espacio a la organización paralela formada por Petro­Tal, la llamada Junta de Autoridades, acusando de actos violentos a la organización indígena en lucha, agrupada en AIDECOBAP.

Notas

1. Estudio revela el impacto de más de 50 años de actividad petrolera ...
2. Polo: remera, camiseta.


3. Los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto ini­cial (PIACI) son, en su mayoría, aquellos que desde los tiempos del caucho decidieron romper todo contacto con la llamada civilización. Incluyendo a aquellos que efectivamente jamás tuvieron contacto alguno. Estos pueblos ocupan territorios generalmente protegidos. Como, obviamente, no tienen capacidad de interlocu­ción con las autoridades, esta representación la asumen las organizaciones indígenas reconocidas

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David Roca Basadre es un periodista ambiental peruano, analista político y activista ecologista. Se le puede seguir en Twitter en: @drocabas Todas las fotografías corresponden a la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (AIDECOBAP), desde su página en Facebook.

Publicado en la web Palabra Salvaje el 14 diciembre 2022.La versión completa, con todas las imágenes, publicada en la revista Palabra Salvaje No 3 (diciembre 2022) se descarga aquí….