Cuba cambia, ¿y los sindicatos?

Hablar en extenso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) actual, implicaría profundizar en temas como la estructura socioclasista, el denominado "proceso de actualización" y ahora —después del VII congreso del PCC— de la "conceptualización" del modelo de desarrollo cubano, la sociedad civil y el sistema político. Por esta vez, me concentraré en la relación de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y los sindicatos nacionales, y a su vez en la ausencia de vínculos realizados en la práctica entre estas entidades y algunos componentes del sector no estatal

Una de las dificultades que enfrenta el movimiento sindical cubano radica en la dinámica entre la CTC y los sindicatos nacionales. En la actualidad, desde el punto de vista estructural, esta reproduce un esquema verticalista que potencia el papel de la Central en detrimento de los sindicatos. Pero el problema va más allá: los sindicatos nacionales se organizan en función de los organismos e instituciones de la economía nacional. Es decir, se desarrollan subordinados a: 1) la organización económica definida por el Gobierno, y 2) la estructura definida por la central de trabajadores.

No creo que alguien piense que el esquema verticalista sea un patrimonio o se exprese exclusivamente en la CTC. Es consustancial al sistema político cubano en sus diversos componentes: organizaciones políticas, organizaciones de masas y asociaciones, organizaciones estatales; y se expresa en las jerarquías existentes entre los sujetos y actores del sistema.

Los estatutos de la organización de trabajadores reconocen como primer derecho de los sindicatos nacionales "Defender y representar los intereses y derechos de los trabajadores, así como propugnar el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y de vida", pero al referirse a los objetivos de la conferencia (órgano superior de cada sindicato nacional) se plantea "(…) examina la actividad sindical desarrollada para dar cumplimiento a las tareas priorizadas por la CTC en función del desarrollo económico del país y el funcionamiento del sindicato…". ¿Dónde quedó para el órgano superior del sindicato nacional la defensa y representación de los trabajadores?

Ciertamente, en el proyecto cubano posterior al 1ro. de enero de 1959 los períodos de crecimiento económico se han revertido en beneficio de la mayoría de la población, y pudiera asumirse que el desarrollo económico constituye el principal interés de los trabajadores. Pero esto es a nivel macro, implica —por la persistencia de las dificultades económicas que se magnificaron hace ya un cuarto de siglo— un crecimiento de la conciencia política y no pueden negarse las demandas específicas en medio de la diversificación y estratificación social que caracteriza hoy a Cuba.

Esta debilidad de los sindicatos nacionales frente a la central se manifiesta también en limitar el alcance de las relaciones entre la organización y las instituciones. La contrapartida para los sindicatos se reduce a los denominados "organismos de relación", precisamente cuando las principales preocupaciones de los trabajadores (el salario, los procesos de disponibilidad, los métodos burocráticos y verticales de dirección, etc.) tienen un alcance que supera las políticas ministeriales por ser competencia de la administración central.

Uno de los ejemplos actuales de esta funesta verticalidad se visibiliza en el contexto de las reformas, conocidas como actualización del modelo económico cubano. La consolidación del trabajador vinculado al sector privado y el surgimiento de las cooperativas no agropecuarias proponen nuevos temas a la agenda sindical y reclaman un grupo de acciones a corto plazo.

No existe, por ejemplo, un sindicato que agrupe de manera particular a los cuentapropistas, grupo que contiene nominalmente tanto a los propietarios como a los trabajadores contratados. Mientras, la vitalidad que alcanzan los negocios privados visibilizan ya la posibilidad de contradicciones entre ambos roles.

No obstante, esas contradicciones emergentes pueden y deben solucionarse desde la permanencia de estas formas de propiedad no estatales. La organización nacional (CTC) debe superar su pasividad y transitar a una práctica que reivindique disposiciones jurídicas aplicables a estos espacios y volcarse a un intercambio permanente con los trabajadores.

Para ello, el camino debe originarse desde la construcción en la base de la agenda constitutiva del sindicato nacional que agruparía a estos trabajadores. Es probable, que este proceso esté a la espera —expresión del camino inverso— de las indicaciones de la dirección nacional de la CTC.

Ciertamente esto no constituye un proceso sencillo, en primer orden porque la Central de Trabajadores de Cuba carece de liderazgo y reconocimiento; en segundo, porque el ingreso de los trabajadores del sector no estatal es muy superior al recibido por quienes laboran en instituciones del Estado, y ello puede difundir el criterio de que no es necesaria la mediación de la organización, además del temor al despido; y finalmente, por la resistencia de los propietarios a la organización sindical de los trabajadores.

Una idea presentada en el trabajo de Blas Roca y Lázaro Peña ("Las funciones y el papel de los sindicatos ante la Revolución"), podría resurgir desde el pasado en el sector privado cubano:

"Cuando cada trabajador reclamaba individualmente al patrono, éste podía no hacerle ningún caso, o amenazarlo con el despido, o realmente dejarlo sin empleo, pues siempre podría encontrar otro nuevo trabajador…".

Con algunas variantes en la actualidad, la esencia de esta contradicción existe hoy. Ciertamente, el propietario encontrará un grupo amplio de trabajadores que reciben una remuneración mucho menor.

Todas estas contradicciones se están presentando en el mapa cubano. Hasta ahora, el sector cuentapropista se ha encontrado alejado de las políticas y atención de la CTC.

Durante el XX Congreso de la CTC el presidente cubano Raúl Castro expresó que los cuentapropistas "(…) en su mayoría se han afiliado al movimiento sindical, se atienen a lo establecido y cumplen con sus obligaciones tributarias"; en la práctica, esta filiación es formal, no se traduce en acciones sindicales concretas, quedando apenas en el pago de la cuota establecida por la organización y la posibilidad de solicitar un aval a los dirigentes en los diferentes niveles.

Otros dos asuntos cobran fuerza: ¿qué hacer con los cooperativistas no agropecuarios? y ¿qué hacer con los propietarios? La asociación de estos actores se convierte en una necesidad impostergable en Cuba. La cuestión radica en definir el marco en que esta tendría lugar. En mi opinión, no considero que la alternativa esté en su sindicalización.

¿De qué podría ocuparse una asociación —según mi criterio no un sindicato— de cooperativistas? En primer lugar, velar por el cumplimiento de los principios del cooperativismo, pues como señala la investigadora Camila Piñeiro existe el "(…) riesgo de que la organización interna pierda el contenido del modelo de gestión cooperativa…".

Por otra parte, convendría dinamizar la apertura legal al cooperativismo y actuar contra las trabas a este proceso: a pesar de la aprobación del Decreto-Ley No. 305 De las cooperativas no agropecuarias, su carácter "experimental" se convierte en un mecanismo para limitar determinadas iniciativas.

En este sentido, se confirma el criterio de la investigadora cuando afirma que en el marco de las reformas se adoptan medidas que "(…) parecen indicar que ha sido menos complicado aceptar la creación de pequeñas empresas privadas no simples que la creación de cooperativas".

Este último sería un terreno de comunidad entre una asociación de cooperativistas y un sindicalismo revolucionario, pues apostarían por una forma de gestión que potencialmente frena la explotación laboral, la autoridad suprema radica en los asociados y tienen en cuenta la articulación de los intereses individuales y sociales.

En el entendido que las cooperativas no constituyan un espacio de acción directa de los sindicatos, apostar por su desarrollo implicaría —en la práctica— una disminución de los efectivos y los espacios de influencia de la organización de trabajadores, pero sería un servicio inestimable a la liberación de los mismos*.

La creación de una asociación de propietarios (empresario individual, propietario y gestor de las pequeñas y medianas empresas) también pudiera asumirse como una necesidad. Ahora bien, la actitud de la organización sindical en este caso difiere (o debe hacerlo) de la asumida en el caso de las cooperativas. Es incomprensible que coexistan en la misma sección sindical –bajo el homogeneizador y eufemístico calificativo de "trabajador por cuenta propia"— el trabajador contratado y el propietario que contrata su fuerza de trabajo. En rigor, aunque pueda ser visto como una "necesidad de país", la CTC no cometería agravio si se manifiesta en contra de la sindicalización de los propietarios o de la creación de una asociación de estos.

La esencia de las contradicciones que sobreviven en la articulación de la CTC y los trabajadores del sector no estatal son, en otra tesitura, similares a las que perduran en las instituciones estatales y se expresan en las dualidades trabajador-administración y trabajador-Estado.

El fondo de estos problemas, como de las distorsiones en la relación entre la CTC y los sindicatos nacionales, tiene que ver con el "destiempo" entre el desarrollo y transformación de las llamadas organizaciones de masas y las dinámicas que viven hoy la economía y sociedad cubanas.

Nota:

(*) Para profundizar en el estudio de las cooperativas y su papel en el socialismo cubano recomendamos: Piñeiro Harnecker, Camila. Ob.Cit. y Colectivo de autores. Cooperativismo, producción y reproducción de la vida y cultura ambiental. Editorial filosofi@.cu y Editorial Caminos, La Habana, 2014.

Fernando Luis Rojas (Moscú, 1982). Especialista del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello. Miembro de la Asociación Hermanos Saíz por la sección de Crítica e investigación. En 2014 recibió la Beca de Creación Che Guevara que otorga la AHS por el proyecto ¿Cambios en Cuba? La CTC ante la actualización del modelo económico cubano.



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