Autonomía universitaria. Un difícil problema político

Todo el mundo sabe que la autonomía universitaria es un problema político. Pero esta caracterización general debe especificarse para evitar caer en una simple fórmula que, de tantas interpretaciones posibles, puede terminar significando cualquier cosa o casi nada. Hoy, el debate sobre la autonomía universitaria está determinado por el agudo conflicto político que se ha mantenido en el país durante los últimos 14 años. Es lógico que, por esa característica iterativa que tienen los enunciados políticos, se descontextualicen y se traigan a colación argumentos y posturas que establecen analogías entre las diversas coyunturas históricas, sin atender a las especificidades de cada una. Las analogías son útiles, pero si se les considera sin contrastarlas con las diferencias históricas, sirven a la confusión o, peor, la distorsión del conocimiento de la realidad y la justificación ideológica de posturas que se encubren en un discurso aparentemente compartido por todos.

Lo primero que habría que hacerse es ubicar el concepto en situaciones históricas y políticas concretas, para, mediante comparaciones y contrastaciones, examinar su significado en nuestro presente. Esta es la condición metodológica para poder establecer un diálogo racional con todas nuestras tradiciones políticas y poder interpretarlas de la mejor manera. Si bien la autonomía universitaria es un principio, en el sentido de que es una formulación de validez indefinida, que ha de mantenerse con firmeza como esencial al orden democrático (entendiéndose por tal todo aquel que afirma la soberanía en el pueblo y en su expresión política a través de mecanismos institucionales permanentes), ha sido y es un instrumento legal y político cuyo uso y utilidad se ha contextualizado en diversas situaciones históricas.

De modo que cabe precisar dos niveles de la historicidad del concepto: a) el nivel de las luchas de los pueblos por su soberanía, contra todo autoritarismo, totalitarismo o elitismo; b) el de su significación en procesos históricos concretos, en donde se hacen visibles las contradicciones de intereses políticos y sociales, de clases, fuerzas sociales y partidos concretos. Veamos cada uno de estos niveles con mayor detalle.

En Venezuela, nuestra tradición política ubica a la autonomía del lado de la lucha popular y democrática contra los regímenes autoritarios de Gómez y los gomecistas, el de Pérez Jiménez y los abusos represivos de los gobiernos de la IV República. Es por esa tradición política, que se le incorporó como principio constitucional en el artículo 109 de la Constitución de la RBV de 1999.

Es importante resaltar que el concepto de autonomía universitaria, presente en esa tradición democrática, influida ideológicamente por la Reforma universitaria de Córdoba de 1918, siempre implicó al menos otros dos elementos intrínsecos y definitorios. Uno, es el principio de la responsabilidad de la universidad con el pueblo venezolano; el otro, es el rechazo a la utilización del principio como privilegios para formar una élite de intereses creados, diferentes a los de la Nación. Veámoslo en dos intervenciones de universitarios insignes, cuyos nombres figuran entre los principales representantes de la universidad venezolana: Rafael Pizani, Ministro de Educación del gobierno surgido del movimiento antidictatorial del23 de enero, y Francisco de Venanzi, rector de la UCV, para entonces.

Porque la autonomía no significa solamente prerrogativa académica que configura el devenir histórico de las Universidades, sino que, especialmente en nuestra hora y para los hombres de nuestro tiempo, la autonomía de la Universidad venezolana debe significar el ejercicio de la responsabilidad que esas Universidades tienen adquirida ante su propio pueblo (Rafael Pizani, 1958)

La autonomía no es privilegio que recibe la institución para aislarse de los dolores del pueblo y convertirse en círculo de intereses creados, cerrado al llamado de la Nación. Es al contrario, instrumento de superación técnica para cumplir con toda efectividad la tarea de convertir a la Universidad en el factor principal del progreso de la comunidad y en símbolo unitario esencial en la vertebración de una sociedad pujante, aguijoneada por el hondo deseo de satisfacer plenamente sus grandes necesidades espirituales y materiales (Francisco De Venanzi, 1959)

Es importante resaltar estos dos filos de la autonomía universitaria tradicional, el de la responsabilidad con el pueblo y la nación, y el anti-elitesco y contrario a todo privilegio, porque se vinculan a otros dos principios político-institucionales que a veces aparecen en el debate, pero sin la debida atención. Uno, es el de la necesaria vinculación de la educación universitaria con el resto del sistema educativo. Esta consideración ya aparecía de pasada en el Estatuto Universitario de 1959 y justificará posteriormente (en la ley de 1970) la institución del CNU. El otro, es el de la responsabilidad estatal en la regulación, promoción, desarrollo, planificación y control del estado sobre la educación. En otras palabras, la tesis del Estado-Docente.

En aquellos momentos de auge popular en la lucha por la democracia, los dos aspectos más resaltantes de la recién conquistada autonomía universitaria, fueron la libertad de cátedra y la inviolabilidad del recinto. La segunda, fue repetidas veces afectada por el intervencionismo de los gobiernos de la IV República; especialmente durante el auge represivo del gobierno de Raúl Leoni, sobre todo en diciembre de 1966, cuando se suspendieron nuevamente las garantías constitucionales, y el recinto universitario fue víctima de varias violaciones, y en 1969, con la llamada “Operación Kanguro” del entonces presidente Rafael Caldera, intervención que culminó con la reforma de la Ley de Universidades, según la cual éstas quedaban bajo la égida del CNU. Pero también la agresión contra la Universidad se observó en los conflictos universitarios de la década de los 80.

No ha habido una discusión o balance general de la libertad de cátedra en la Universidad venezolana. En términos generales, se aprecia que, como principio, ha sido fundamental para el desarrollo de las diversas tendencias científicas, teóricas e ideológicas. Se reafirma, por parte de todas las posturas políticas, su conveniencia y relevancia; pero no se ha analizado, que yo sepa, cómo se ha aplicado y si realmente ha garantizado el florecimiento del debate científico-filosófico mediante una diversidad importante de posturas. En este punto, resulta de interés los estudios históricos acerca de tendencias concretas (el marxismo, el neoliberalismo, el postmodernismo y el pensamiento complejo, entre otras) en el medio de las universidades venezolanas.

Volviendo a las intervenciones y violaciones del recinto universitario, cabe retomar las consideraciones acerca de si específicamente la izquierda de aquellos tiempos, embarcada en la estrategia guerrillera, utilizó ese aspecto de la autonomía universitaria, desnaturalizándola en cierto modo hasta convertirla en argumento de cobertura a otra intención: que la universidad sirviera de retaguardia para la supervivencia y reorganización de sus filas golpeadas por la represión. Esta consideración sirvió en aquello momentos para justificar las intervenciones. Por ejemplo, el profesor Orlando Albornoz hablaba de la violación de la autonomía por parte de la izquierda marxista, parapetada en el acceso a ciertos espacios de poder a lo interno de las universidades, en aquellos años. Lo curioso es que hoy, actualizándola, puede servir de justificación a otras intervenciones sobre la autonomía universitaria. Habría que, en este sentido, distinguir la libertad académica, que garantiza la existencia y libre desarrollo de las diversas tendencias de pensamiento, del uso abusivo de los recursos universitarios, incluidos sus espacios, para fines extra-universitarios, especialmente los relacionados con la delincuencia y los subversivos.

Otro elemento, que fue adquiriendo importancia en todos estos años, es el presupuestario. La autonomía contempla el aspecto administrativo y político, en el sentido de que las instituciones universitarias administran sus patrimonios y presupuestos, y se dan sus propias normas de funcionamiento y gestión, y eligen sus propias autoridades. Pero estos “principios” se han visto complementados con el de la “presentación y control de cuentas”, articulándolos con el principio de la responsabilidad social de las universidades ante la nación, a través de una institucionalidad que cumple con el otro principio, el del Estado-Docente. La cuestión e la “autonomía presupuestaria”, más allá de ello, se replantea con la de la sustentabilidad financiera y el rendimiento de las gestiones.

Con las anteriores consideraciones, lo que queremos resaltar es que el principio de la autonomía universitaria, más allá de ser esencial a la tradición democrática, está entretejido y articulado con otros principios sustanciales de esa misma tradición: la responsabilidad social y nacional, solidaria con el Estado-Docente; el filo anti-elitesco y anti-privilegio, la inviolabilidad del recinto universitario delimitada por el uso adecuado de sus recursos y espacios, la libertad de cátedra (que implica un trato justo a todas las tendencias), la autonomía política y administrativa unida al principio de presentación de cuentas y la cuestión de la sustentabilidad financiera y el rendimiento.

El otro gran elemento principista de la tradición universitaria democrática, es el de la democracia interna, especificada en la elección de las autoridades universitarias. El claustro universitario se definió desde 1958, como una comunidad de estudiantes y profesores, donde éstos últimos constituían el componente principal, a juzgar por el peso electoral de cada sector en la elección de las autoridades. Por otro lado, no se previeron otros organismos de relación de la Universidad con el Pueblo y la Nación, salvo su participación en otros órganos del estado-docente (CNU), y la natural relación jerárquica de las normas auto-producidas por las universidades en relación a las leyes de la República y la Constitución. Pero el devenir histórico puso de relieve otros actores: los empleados y los obreros, especialmente en las luchas reivindicativas de los gremios universitarios durante las décadas de los ochenta y noventa.

El punto de discusión principista, de definición filosófica por decirlo así, reside en analizar con detalle esa “comunidad de intereses en búsqueda de la verdad” que es la universidad en las formulaciones tradicionales (y legales).

Un argumento que se ha esgrimido en contra de la participación de obreros y empleados en la elección de las autoridades, es que la cualidad científica y académica de la institución deja por fuera los intereses meramente gremiales de los obreros y empleados. En un primer análisis esto pareciera obvio y evidente. La cuestión es que los gremios de los “académicos” (específicamente, los profesores) siempre han argumentado que el logro de los objetivos específicamente académicos de la universidad, depende de condiciones económicas (presupuesto, sueldos, reivindicaciones laborales en general) que, para lograrse, se debe apelar a la alianza con los otros gremios, precisamente a obreros y empleados. Esta consideración arroja nueva luz sobre los intereses que concurren en una universidad y la hacen una “comunidad”. En realidad, obreros y empleados están socialmente interesados en el logro de las condiciones mínimas para que la universidad persista y cumpla con sus objetivos.

Por otra parte, el lugar privilegiado de los profesores sobre el de los estudiantes, a la hora de establecer el claustro elector, se justifica por la permanencia de los primeros, en oposición a lo temporal y hasta circunstancial de la presencia de los segundos en la institución. La cuestión es que una de las “misiones” de la institución misma es la formación de esa población fluyente de los estudiantes. Dicho de otra manera, a este nivel de formulación filosófica, los estudiantes no son únicamente los que en este momento y durante, digamos, unos 5 años, están en la universidad, sino todos aquellos que están en el rol social de estudiante. Lo mismo puede decirse de los profesores. No es el tiempo que estén en la institución lo que fundamenta su participación en el claustro. Es lo esencial de su rol o función.

La cualidad académica y científica de la universidad tiene pertinencia filosófica, en el sentido de que puede fundamentar criterios para la gestión de las mismas universidades y el logro de sus misiones. Es decir, que la definición de esa “comunidad” tiene que ver, más bien, con los vínculos de la institución con su entorno, más allá de sus conexiones institucionales con el Estado. En este sentido, el proyecto de las Comunas, como nueva institucionalidad de participación popular, tiene pertinencia en cuanto a la necesidad de que las universidades se vinculen a ese nivel.

Se notará que estoy pasando, poco a poco, de la discusión a nivel principista de la autonomía universitaria, a la discusión situada en la actual etapa y coyuntura de la historia del país. En efecto, ha sido durante el gobierno bolivariano, a propósito de la tan llevada y traída “transformación universitaria”, que se ha planteado la participación de los empleados y obreros y la equivalencia del voto de los estudiantes respecto al de los profesores en el claustro que elegiría las autoridades universitarias. Esto ya aparece en la actual Ley Orgánica de Educación.

Ahora que ya estamos situados a un nivel coyuntural de la discusión, cabe arrancar diciendo que me parece incorrecto plantearse los cambios, especialmente este último de darle voto a los empleados y obreros y voto equivalente a los estudiantes, como un modo (tal vez el único a corto plazo) de cambiar la correlación de las fuerzas políticas a lo interno de las universidades. La cosa es mucho más complicada.

Hay razones psicosociales, históricas, políticas y hasta teóricas, para explicar la postura política de oposición que hoy asume la inmensa mayoría del profesorado universitario y parte importante del estudiantado. Y esto tiene que ver con la inclinación clasista de los dos grandes bloques políticos que hoy se enfrentan en Venezuela. La lucha de clases en Venezuela es, en primer lugar, la disputa por el uso y destino de la renta petrolera en la distribución de ese recurso por parte del estado. La orientación principal en esa distribución, que ha privado durante los últimos 14 años en el país, ha sido el de pagar la inmensa deuda social acumulada desde por lo menos la década de los ochenta, con el sector más empobrecido del país. No se niega que el gobierno bolivariano (el de Chávez y el de Maduro), durante todos estos años, no hayan tomado medidas que beneficien a la llamada “clase media” (donde se incluye a los profesores universitarios y gran parte de los estudiantes); se trata de que su discurso y significación ha apelado fundamentalmente a los sectores más pobres de la nación.

Las aspiraciones socioeconómicas de las clases medias tienden a identificarse con las del ascenso social en términos estrictamente burgueses. Por eso, tal vez, la categoría más apropiada a usarse, sería la de “pequeña burguesía”. Me refiero a expectativas de consumo, de propiedad, de seguridad, de reconocimiento y distinción social que, incluso, son compartidas por personas de extracción social obrera, campesina o pobre en general. Tal ideología del ascenso social hace que se niegue cualquier identificación con los sectores más bajos (esto incluso puede dar paso a sentimientos de rechazo y desprecio) y, en contraste, se asuma como propios, elementos fundamentales de la ideología burguesa, de derecha.

Cabe destacar que esto no siempre fue así. Las “clases medias” en Venezuela, especialmente la generación de los sesenta de los universitarios, estudiantes y profesores, fueron los hijos de las clases campesinas y trabajadoras que ascendieron socialmente en esos años y se colocaron en el protagonismo de la lucha social y política de aquella década. Ya, a finales de los 70 y la década de los ochenta, estos sectores sintieron con especial sensibilidad su decadencia social y económica por la crisis de todas las dimensiones, que tuvo su culminación en 1989 y 1992. La pauperización masiva de la población, tuvo su contrapartida en la privatización de la educación y la proliferación de las áreas protegidas, los conjuntos residenciales cerrados, etc., que materializaron, en la práctica, un régimen social de apartheid social, con su correspondiente componente ideológico de discriminación racial y social. Políticamente, esos sectores sociales pasaron por la llamada “antipolítica” (perezjimenismo, Renny Ottolina, Irene Sáenz) y hasta hicieron su pasantía por el chavismo inicial.

Pero además, para la explicación de estos cambios en las inclinaciones políticas de todo un sector social, hay que referirse a la decadencia del pensamiento crítico, y específicamente del marxismo, en las universidades, que dio la oportunidad a la agresiva hegemonía neoliberal para lograr la hegemonía en planes de estudio, postgrados y centros de investigación. No se trata de que no hubiera derecha ideológica en las universidades en los 60 y 70; sino que se vio fortalecida por la crisis política, y también teórica, de la izquierda, durante la década siguiente, y especialmente cuando, a finales de ésta, el derrumbe del bloque soviético y las sucesivas derrotas (las eleciones en Nicaragua), pusieron en cuestión la validez de todo pensamiento crítico. El “fin de la historia” fukuyamista se impuso como el clima ideológico definitivo en las universidades. A esto habría que agregarse el efecto de la hegemonía ideológica del neoliberalismo en los centros académicos que siempre fueron referencia para los académicos venezolanos.

Cuando se da el giro hacia la izquierda en todo el continente, esos sectores medios pasaron, rápidamente, de un apoyo emocional al presidente Chávez, a un rechazo furioso y la adscripción a la agresiva política subversiva de la derecha opositora.

Este proceso de adscripción política a la derecha, pasó por sus momentos específicos en, por ejemplo, el estudiantado. La izquierda venezolana, en su conjunto, atravesó un período de auto-liquidación durante la década de los 80, expresada en el surgimiento de grupos estudiantiles, genéricamente de izquierda, pero desconectados de organizaciones nacionales, las cuales se reconfiguraban, en el marco de la legalidad democrática-representativa, en partidos que buscaban adaptarse a la práctica política de negociación a base de cierta exigua potencia electoral. Esas expresiones estudiantiles, si bien tuvieron una destacada actuación en las luchas callejeras universitarias por presupuesto en esa década (seguimos hablando de los 80), terminaron limitándose al clientelismo permitido por las elecciones universitarias. Se convirtieron en clientes de los grupos de poder fácticos enquistados en las estructuras universitarias. Esto dio las condiciones necesarias para su posterior derechización masiva.

Esta es la dificultad del problema del cambio de correlación de fuerzas políticas en las universidades, aparte de las grandes carencias y errores de parte del gobierno bolivariano: se trata de la inclinación política predominante de toda una clase social. Las carencias bolivarianas están a la vista: incapacidad de organizar un movimiento estudiantil vinculado al proceso, falta de estímulo a los pequeños núcleos de pensamiento crítico que aún quedaban dentro de las universidades, desarticulación con los movimientos profesorales cercanos, oscilación entre la negociación tradicional con las autoridades y la confrontación puramente propagandística, retraso en el impulso a una nueva Ley de Universidades, presencia de enfoques autoritarios y sectarios de la problemática universitaria (visible en el proyecto de Ley vetada por el presidente Chávez).

Hoy, con un conflicto universitario que no se le ve término fácil, se evidencia la aún vigente legitimidad de la FAPUV entre los profesores de las universidades autónomas. De hecho, distintos voceros de esa “dirigencia universitaria”, naturalmente de oposición, han señalado que ya el conflicto no es reivindicativo y económico; sino claramente político: es por el reconocimiento de la FAPUV y asociaciones federadas en ella, es por el reconocimiento de las Normas de Homologación contra un convenimiento colectivo firmado por organizaciones sindicales ilegítimas y “gobierneras”.

Un escenario probable es el del “enfriamiento” del colectivo, la reincorporación gradual del profesorado a sus actividades, contraviniendo a la directiva de FAPUV, en medio de un conflicto sin finalizar formalmente. Algo parecido al “Paro Nacional” de 2002-2003. Esto plantearía un reto gigantesco para el chavismo: convencer a los profesores de adscribirse a sindicatos cuya organización demanda un personal que, a su vez, exigirá un apoyo político oficial. Esta identificación “gobiernera” sería, de entrada, una gran dificultad.

Un escenario menos probable es el “calculado” por la subversión de derecha: el conflicto universitario sería el núcleo de un “levantamiento social” que, a la manera de Brasil, ponga al gobierno de Maduro en jaque y mejore las condiciones para un avance electoral plebiscitario de la oposición en los comicios municipales próximos, y fortalezca la posibilidad de éxito opositor en un posible referendo revocatorio.

Otro posible escenario es que el gobierno dialogue con la FAPUV y le reconozca al gremio una compensación a la pérdida real de poder adquisitivo, mediante un bono, que, además, deje vigente las normas de homologación. Este escenario sería, hoy por hoy, el óptimo para la FAPUV, aunque no cubriría las expectativas subversivas de la derecha más extrema. El gobierno de Maduro podría presentarse como abierto al diálogo; pero dejaría la correlación de fuerzas más o menos igual.

Mientras tanto, el gobierno no termina de resolver el asunto de la vigencia de las Normas de Homologación. Si bien hay decisiones judiciales que limitan su carácter obligante y vinculante para el gobierno, ellas “aún están allí”, cual dinosaurio del conocido micro-cuento. Si el gobierno decide, mediante un cálculo estratégico, descartar absolutamente el diálogo con la FAPUV y “quebrarla”, es hora de que considere la derogación ejecutiva de esas Normas.

Otro asunto a considerar es el de la nueva Ley de Universidades. La pregunta estratégica es ¿cuáles serán sus enunciados más novedosos y de mayor “potencialidad conflictiva”? ¿En cuáles condiciones conviene dar la discusión? Un examen rápido evidencia que el punto más conflictivo es el del voto de estudiantes, empleados y obreros en la elección de las autoridades y la definición de las condiciones de éstas. En cuanto a las condiciones para dar la discusión, es obvio que un fracaso del conflicto universitario, comandado por FAPUV, serían las óptimas, desde el punto e vista del gobierno.

Pero ésta no es la discusión sustantiva. Más allá de la extensión masiva de la matrícula universitaria y la ampliación del claustro elector universitario, el gobierno no muestra coherentemente un pensamiento universitario. Esto es lamentable, puesto que hay antecedentes de lo que pudiera ser uno: ahí está el documento constitutivo de la Universidad Bolivariana, con su aplicación del pensamiento complejo y crítico. En esas carencias del gobierno bolivariano en el tema universitario, tal vez esté pesando cierto prejuicio anti-intelectual y anti-académico que a veces aparece en las declaraciones de ciertos representantes gubernamentales, junto a expresiones del más puro sectarismo. El problema de la calidad en la Misión Sucre, en la UNEFA y demás iniciativas universitarias del gobierno (las Universidades politécnicas, por ejemplo), no es un asunto desdeñable ni de fácil abordaje. La cuestión de la democratización de esas instancias, es decir, de introducir la autonomía en esas nuevas instituciones, tampoco debe despacharse con arrogancia.

Hace falta una visión mucho más elaborada, pensada, discutida, para enfrentar la tarea de una nueva Ley de Universidades, más allá del enfrentamiento coyuntural con una derecha que, hoy, debido a todo un complejo proceso histórico, tiene en los profesores y estudiantes universitarios su “masa de maniobra” más importante.



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Jesús Puerta


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