Ley de Tierras y Formas de Violencia

Las raíces de la violencia en el campo están directamente relacionadas con la propiedad de la tierra. La violencia de clase surge a partir de la apropiación de grandes extensiones de tierra por un pequeño sector de la sociedad. La concentración de la propiedad dio origen a un sistema desigual, siendo la violencia un elemento fundamental en la estructura que organizará el sistema de tenencia de la tierra en Venezuela.

Con la invasión española se impone un modelo de propiedad sobre la tierra ajeno al existente en las culturas indígenas, en las que el uso de la tierra era colectivo. Los nuevos propietarios originan sus riquezas explotando a las comunidades indígenas y a los esclavos traídos de África. Rápidamente esta situación se consolida en relaciones feudales de producción que no terminarán con la Independencia en 1810. Estas relaciones de desigualdad y explotación se mantendrán a lo largo de toda la historia de Venezuela y de nuestro continente, conviviendo con la explotación capitalista de la tierra.

Las promesas independentistas no cumplidas se suman a la historia de injusticias que conducen al pueblo hacia la Guerra Federal en 1857, en la que se origina un movimiento popular autónomo bajo la consigna de “Tierra y hombres libres” lanzada por Ezequiel Zamora. Este conflicto duró más de cinco años y dejó más de cien mil muertos en una población de menos de un millón y medio de habitantes.

Entrado el siglo veinte, el petróleo se convirtió en un elemento fundamental de la economía nacional, distorsionando aún más el sistema de la producción agrícola. Cientos de miles de campesinos se ven obligados a emigrar hacia los campos petroleros, los nuevos centros industriales y urbanos que crecen por el auge de la explotación del petróleo.

Como consecuencia de la revolución cubana en 1959, y de la fuerza de los diversos movimientos sociales y guerrilleros en América Latina, Estados Unidos redefine sus políticas hacia el continente latinoamericano. En el marco de la Alianza para el Progreso establece, como requisito obligatorio para continuar las relaciones comerciales con el continente, llevar a cabo los procesos de reformas agrarias. Esas reformas consistían fundamentalmente en llevar el capitalismo al campo e intentar prevenir nuevos estallidos revolucionarios. Venezuela en 1960 es el primer país latinoamericano que materializa el llamado del país del norte. La Reforma Agraria de Rómulo Betancourt repartirá escasas tierras a los campesinos, casi todas de propiedad estatal. Los campesinos pronto se vieron forzados a vender las parcelas obtenidas con la Ley por cuanto en la misma no se había previsto un plan integral de atención al campesino ni se planteaba la necesidad de eliminar el latifundio y lograr un mercado agrícola equitativo.

Todas las instituciones del gobierno destinadas a la aplicación y ejecución de esa reforma agraria actuaron de manera corrupta contra los fundamentos de la ley y al servicio de los terratenientes y de los partidos políticos en el gobierno. El movimiento campesino, para ese entonces, carecía de organizaciones propias y era manipulado por las promesas populistas de la socialdemocracia betancourista.

Durante las siguientes cuatro décadas, la situación de injusticia no sólo se mantuvo, sino que se agravó. Mientras la ausencia de una política de repartición igualitaria de la tierra, con el apoyo y la asistencia hacia el campesino, profundizaba aún más la desigualdad y la explotación, los sucesivos gobiernos de Acción Democrática y de COPEI beneficiaban a los latifundistas con amplios créditos nunca cancelados, con el pretexto de lograr un desarrollo capitalista avanzado de la economía agraria. La mayoría de esos créditos fueron desviados hacia sectores financieros de más rápido rendimiento, a menudo en cuentas en el exterior, mientras el campo venezolano seguía improductivo. Eso fortaleció el sistema de tenencia latifundista y la desigualdad en el campo venezolano. De esta manera, se profundiza el abandono del campo y se agrava la situación del campesinado. A esta situación de injusticia se agregan las históricas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y la ausencia de un Estado que garantice el derecho a la vida, al trabajo y a los servicios básicos como la salud y la educación.

Desde esta condición histórica de marginación y explotación, que vive no sólo el sector rural del país sino la mayoría de los venezolanos, se empiezan a construir diversos procesos de organización y movilización social. Procesos de articulación y resistencia que van acumulándose, necesarios para sobrevivir y para construir la lucha emancipatoria.

La política económica de Carlos Andrés Pérez durante su segundo gobierno, que significó la entrega absoluta a los vaivenes del mercado, agudizó las difíciles condiciones de vida del pueblo venezolano que aumentaba sus protestas. El 27 de febrero de 1989 es de algún modo el estallido de esas fuerzas populares, que en su rebelión subvierten el orden. Fuerzas que poco a poco se irán profundizando para convertirse en diversos movimientos populares.

La creciente represión y persecución hacia el movimiento popular, expresado en la brutal represión del ejército no sólo en los días de febrero de 1989, se interrumpirá por el alzamiento militar del 4 de febrero de 1992. De aquí en adelante se comienza a hablar de una unión cívico-militar que irá consolidándose de algún modo y que llega al poder con Hugo Chávez en 1998.

En el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del nuevo proyecto político que el país comienza a vivir, se promulga la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario dentro de las cuarenta y nueve leyes habilitantes del 2001. A diferencia de la Reforma Agraria dicha Ley, aunque contiene políticas contradictorias que no satisfacen del todo las necesidades para lograr una revolución agraria, intenta incorporar diversos factores influyentes en lo referente a la propiedad y a la tenencia de la tierra.

A pesar de las debilidades y diferencias que podamos tener con la Ley, es incuestionable el hecho de que a través de ella se ha abierto un nuevo proceso de discusión y organización dentro del movimiento campesino. Estas movilizaciones han sufrido una cruenta e impune respuesta por parte de los terratenientes.

Desde la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en el 2001 se han asesinado de manera impune, más de ciento treinta campesinos, según las cifras de la Coordinadora Nacional Campesina Ezequiel Zamora. En la mayoría de los casos por medio de sicarios contratados por latifundistas de diversas zonas del país.

A través de estos hechos los grandes terratenientes buscan descabezar el movimiento campesino que ha venido profundizando su organización en los últimos años. Con ello tratan de frenar el intento por redistribuir de manera más justa la tierra venezolana.

Tenemos una extensa historia de sangre y fuego en el continente latinoamericano que nos entrega memoria y experiencia para conocer y predecir la reacción de las oligarquías frente a cualquier intento por transformar la realidad del campo en algo más igualitario.

En el nuevo escenario político y social que Venezuela está viviendo, en el que la lucha contra la corrupción y la burocracia endémicas ocupan sitios fundamentales, no podemos reducir la discusión de lo que sucede en el campo a la simple culpabilidad de la Contra latifundista.

Debemos construir una reflexión sobre la actitud asumida por el Estado y por sus instituciones. ¿Cómo han actuado las Fuerzas Armadas? ¿Qué han hecho las instituciones estatales encargadas de conducir el proceso de reforma agraria? ¿Qué ente gubernamental ha defendido realmente el derecho a la vida consagrado en la Constitución Nacional? ¿Qué ha pasado desde esta perspectiva con el pacto cívico-militar?

¿De qué ética política y revolucionaria hablamos si lanzamos una Ley de Tierras y declaramos la “Guerra Contra el Latifundio”, pero no defendemos a los campesinos y campesinas que intentan hacer realmente una revolución agraria?. ¿Es posible acaso transformar la propiedad y el trabajo de la tierra sin atender ni respetar las necesidades y decisiones del movimiento campesino?.

No es admisible hoy en día para nosotros, dentro del proceso que estamos viviendo, la continuidad de los mecanismos de impunidad históricos y de un poder judicial que excomulga asesinos por un par de monedas.

Quizás sea necesario echar una mirada a nuestra historia, y no extraviar la memoria, para advertir y prevenir que esta Ley de Tierras y esta promesa no se conviertan en más de lo mismo. Comprender el fracaso del agrarismo venezolano implica asumir la ineficacia histórica del Estado y desde allí aprehender la realidad de este sector para lograr transformaciones reales, respetando la autonomía y el derecho a la vida.

En manos del movimiento campesino quedará el futuro de una posible revolución agraria. Como pueblo organizado y comprometido, la lucha de los campesinos y campesinas se hace también nuestra.


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