23-05-24.-Desde enero de 2023, la Asamblea Nacional (AN) discute un proyecto de ley para lograr la regulación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), impulsada principalmente por el diputado oficialista Diosdado Cabello, quien ha asegurado que las mismas reciben financiamientos del extranjero para desestabilizar a la nación.
El cuerpo legislativo iba a aprobar este martes en segunda discusión el proyecto de Ley, pero la decisión fue pospuesta para la siguiente semana. El titulado "Proyecto de Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines" ha generado controversia por el posible cierre de asociaciones.
Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, desglosó esta ley en entrevista a Versión Final. Según él, el financiamiento de estas instituciones no es el problema de fondo, "lo que está detrás de esto es que las organizaciones de Derechos Humanos son las que están diciendo cosas que al Gobierno no le gusta".
Versión Final: ¿Qué opina, desde su experticia, de la ley para la regulación de las ONG? ¿Cuál es el objetivo que persigue?
Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia: Primero, decir que bajo el argumento, el único argumento por lo menos que se puso ayer para justificar este proyecto de ley fue el tema de tener control sobre el financiamiento de las organizaciones, pero de la simple lectura del proyecto uno se da cuenta que las intenciones son evidentemente otras porque lo relativo al financiamiento solamente se toca en tres artículos y el proyecto de ley tiene más de 30. Entonces, cuando uno se da cuenta qué es lo que dicen los otros artículos, entienden que la razón de ser es una razón persecutoria, punitiva, porque en el caso del segundo proyecto que es el que se está discutiendo ayer, hay un 31 % de normas sancionatorias y además exige que todas las organizaciones, todas, incluso las que ya estamos constituidas, volvamos a registrarnos so pena de que se nos anule el registro.
Entonces eso quiere decir que las razones entonces no son vinculadas al tema del financiamiento sino que lo que se quiere es ilegalizar a las organizaciones, someterlas a un nuevo proceso de renovación y a partir de ahí solamente continuarán aquellas que el Gobierno considere que deban hacerlo. Entonces como verá es una amenaza muy grave para la libertad de asociación.
VF: ¿Se podría decir que esto pone en peligro la existencia de las ONG?
Alí Daniels: Así es, porque esta obligación, de todas las organizaciones tienen que modificar sus estatutos y adecuarse a una forma de asociación que es la que la ley dice que no puede ser otra, cosa que viola la autonomía que tienen las organizaciones de autorregularse y establecer los órganos de su estructura como mejor le parezca. Precisamente lo que busca es que tengamos que reinscribirnos y a partir de ahí generar una eliminación de organizaciones que se consideren molestas. Porque el problema, lo que está detrás de esto no es el financiamiento de las organizaciones, sino lo que está detrás de esto es que las organizaciones de Derechos Humanos son las que están diciendo cosas que al Gobierno no le gusta.
Como por ejemplo, organizaciones de Derechos Humanos fueron las que denunciaron que a pesar de que fuera del país hay 7 millones de venezolanos, de los cuales entre 3 o 4 tienen derecho a ejercer su voto en las próximas elecciones, solo 508, repito, no 508 mil, 508 nuevos electores pudieron inscribirse en los consulados y embajadas de Venezuela. Entonces, estas son cosas que al Gobierno no les gusta que se digan porque pone en evidencia el irrespeto y la violación de los derechos ciudadanos, lo mismo que las organizaciones son las que dicen que hay una emergencia humanitaria, que las organizaciones son los que están con los más necesitados y se dan cuenta del alcance de esta emergencia y dicen cosas como por ejemplo el caso de la amiga Rafalli que da cifras sobre desnutrición infantil, entonces esa información es lo que molesta y por eso estas organizaciones son objetos de persecución, porque a pesar de que no tenemos ningún afán político-partidista, la información que damos, que es independiente e imparcial, genera incomodidad en el Gobierno.
VF: ¿Por qué usted cree que se pospone continuamente la aprobación de esta Ley?
Alí Daniels: Se generan nuevos proyectos, porque el que se aprobó el año pasado es un proyecto completamente diferente al que se está discutiendo ahora. Entonces allí hay muchos misterios. No sabemos por qué si se tenía un proyecto, ahora se tiene otro completamente diferente, no se han dado ningunas explicaciones al respecto ni se han explicado por qué este proyecto tiene tantos cambios respecto al anterior y ayer cuando se hizo la discusión, nunca se hizo público la razón de ese diferimiento. Solamente se vio, porque ni siquiera se explicó, sino que un diputado fue a donde estaba el presidente de la Asamblea, le dijo algo, y el presidente de la Asamblea dijo vamos a diferir.
No sabemos si eso implica que hay división a lo interno del Gobierno, si es que lo que quisieron fue simplemente mostrar esta discusión como una amenaza a las ONG pero sin pretender aprobarla, es decir ahí las especulaciones son muchas, pero lo que a nosotros nos interesa es el hecho concreto de que estamos ante un proyecto que afecta a los más necesitados, porque eso es lo que queremos transmitirle al Gobierno, que entienda de una buena vez que afectando a las ONG no las afecta a ellas, afecta a los beneficiarios de la labor que esas organizaciones hacen y esperemos que de este entendimiento, que el Gobierno entienda esta situación, cese y deje de estar aprobando este proyecto porque esto va a afectar a los más necesitados del país.
VF: ¿Cómo resultarían afectados los beneficiarios de dichas organizaciones?
Alí Daniels: Eso es justamente el tema, que volvemos al argumento inicial, el argumento inicial es las ONG no rinden cuentas. Lo primero que hay que decir es que eso no es cierto. Las ONG sí rinden cuentas, las ONG que manejan recursos importantes aquí son las vinculadas al tema humanitario, esas organizaciones lo hacen todas bajo el marco de Naciones Unidas y Naciones Unidas le exige con mucha rigurosidad cuentas a esas organizaciones de las actividades que realicen y a su vez, luego de que Naciones Unidas está satisfecha con la rendición de cuentas que se le da, esa información se le remite al Gobierno.
Entonces no es verdad que el Gobierno no sabe y todo lo que estoy diciendo es información pública, pueden ir tranquilamente a la página web de la ONU en Venezuela y verán que ahí se dice cuanto gastó el año pasado en ayuda humanitaria y toda esa información se le transmite al Gobierno. Entonces no es cierto, y además aquí quisiera destacar que el gobierno que le exige transparencia a las ONG que sí son transparentes, ese mismo gobierno tiene cinco años que no publica la ley de presupuestos, una le y de un gobierno que no publica una ley, pide a las ONG que tengan más transparencia. Entonces como ves, esto es algo que no tiene ninguna racionalidad.
VF: De ser aprobado, ¿algunas organizaciones serían tratadas con mayor dureza que otras? ¿Por qué?
Alí Daniels: Seguramente porque precisamente las organizaciones que dan informaciones que al Gobierno menos le agradan como Provea, el mismo Acceso a la Justicia, organizaciones que denuncian violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad como puede ser por ejemplo Foro Penal, esas organizaciones evidentemente o no se les va a permitir el nuevo registro o se les va a dificultar y se les va a retrasar. Además yo quisiera señalar que ya sin la ley eso ocurre.
Es decir, al día de hoy si yo quisiera hoy, tener una ONG para dar por ejemplo cursos de Derechos Humanos y lo pongo en los estatutos, voy al registro, en el registro me van a devolver los estatutos porque está prohibido, tenemos testimonios, tenemos experiencias de abogados que nos los han señalado, que si usted pone en los estatutos palabras como Derechos Humanos, como crímenes de lesa humanidad, hay uno que es el que más me llama la atención que es personas vulnerables, les devuelven los estatutos.
Entonces hay abogados que se han especializado en reeditar estatutos sin las palabras prohibidas y eso ya está ocurriendo sin la ley, imagínese con la ley. Por no hablar de que ya las que estamos constituidas, un documento tan sencillo como la sustitución de un miembro de la junta directiva, tranquilamente puede esperar entre siete meses y un año para que te lo den, cosa que debería ser algo que se hace en vía porque son procedimientos de mero trámite; entonces lo que quiero que se vea es que ya la libertad de asociación está en peligro y si se llega a aprobar este proyecto, quedaría muy poco de ella. Por no decir nada.
