02-03-24.-La decisión tomada por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) «pone más presión» sobre el escenario político, en un año electoral marcado por negociaciones y represión contra actores de la sociedad civil, señalaron expertos este viernes 1 de marzo.

La Sala de Apelaciones decidió confirmar la investigación que adelanta la Fiscalía de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, tras la apelación hecha por la administración de Nicolás Maduro.

En un foro organizado por Amnistía Internacional, Laura Dib, directora del Programa para Venezuela de WOLA, recordó que la Corte Penal Internacional es un órgano independiente. «Se debe entender que la investigación va a continuar en la medida que no haya una investigación y sanción de esos crímenes contemplados en el Estatuto de Roma (…) La investigación no está sujeta a alguna decisión política».

Considera que es posible «apoyar todas las rutas»: la del proceso de negociación, a través de la búsqueda de soluciones pacíficas; la ruta electoral, por las presidenciales de 2024 y las parlamentarias de 2025; y mantener el escrutinio en torno a los derechos humanos.

Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, reiteró que «la justicia no está sujeta a conversaciones ni acuerdos», en respuesta a si una negociación con el gobierno venezolano podría incluir detener las investigaciones de la CPI.

Ballesta recordó que esta investigación apunta a que los máximos responsables «de los crímenes más atroces se rindan ante la justicia».

También señaló que la única forma de contener cualquier ataque o represalia contra la sociedad civil «es continuar con la denuncia. Todos los ataques al espacio cívico en Venezuela tienen como eje central el tratar de que Venezuela pueda seguir aislándose de los espacios de escrutinio internacional (…) Para nosotros en Amnistía es indispensable este tipo de denuncias y que la comunidad internacional siga atenta en Venezuela, porque es una de las formas de mantener contenida la represión».

Michelle Reyes, consejera de Humans Rights Watch, destacó que la Corte tiene la tarea de seguir escuchando a la sociedad civil y los representantes de las víctimas. «Para los Estados hay una gran expectativa sobre la cooperación del Estado con la CPI, es una obligación concreta asumida en el marco del Estatuto de Roma. En la medida que continúa esta investigación, los Estados tienen una tarea de cooperación y a medida que vaya avanzado esa investigación, esas tareas de cooperación se van a hacer más concretas y más urgentes».

También elogió el trabajo de la sociedad civil respecto a documentación y denuncia ante mecanismos internacionales.

Por su parte Calixto Ávila, representante de Provea en Europa, recordó que el escenario internacional en materia de derechos humanos no cesa para Venezuela, pues el Alto Comisionado de la ONU debe entregar un informe oral durante la tercera semana de marzo sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, al igual que la Misión de Determinación de Hechos.

Destacó que el Estado venezolano «deberá explicar en el seno del Consejo de Derechos Humanos por qué expulsó a la oficina técnica del Alto Comisionado y no ha dejado ingresar a la Misión», y señaló que todas estas instancias «se complementan mutuamente».

Por eso es tan importante que la sociedad civil conozca estos espacios de trabajo internacional, dijo Ávila, «pero los mantenga dentro de sus objetivos de trabajo, con apoyo de las organizaciones de derechos humanos».