13-02.24.-El fiscal general, Tarek William Saab, informó que la noche de este lunes se desarrolla la audiencia de presentación de seis ciudadanos, entre ellos la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, por estar presuntamente involucrados en la trama conspirativa denominada Brazalete Blanco.
Saab anunció en la red social X que el Ministerio Público solicitará ante el Tribunal 2do Contra el Terrorismo la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de San Miguel por la presunta comisión de los delitos de traición a la Patria, conspiración, terrorismo y asociación entre otros.
El titular del MP dijo que para Alejandro Jose Gonzales De Canales Plaza, «se solicitará medida de privación judicial preventiva de libertad por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación».
Saab agregó que su despacho solicitará en relación a los 4 ciudadanos restantes «medidas cautelares consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa».
Por su parte, el representante del equipo legal de San Miguel, el abogado Juan González Taguaruco denunció en la tarde de este lunes, las otras personas detenidas y, que para ese entonces se desconocía su paradero, son Miranda Díaz San Miguel (hija), Miguel Ángel San Miguel Sosa (hermano), Alberto San Miguel Quigosos (hermano) y Victor Díaz Paruta (padre de Miranda).
Saab indicó que otras cuatro personas, que no mencionó, se les solicitará medidas cautelares de presentación periódica ante el tribunal de la causa.
De acuerdo con lo informado por el representante del equipo legal de San Miguel, el abogado Juan González Taguaruco, en la tarde de este lunes, las otras personas detenidas y, que para ese entonces se desconocía su paradero, son Miranda Díaz San Miguel (hija), Miguel Ángel San Miguel Sosa (hermano), Alberto San Miguel Quigosos (hermano) y Victor Díaz Paruta (padre de Miranda).
Saab afirmó que su despacho ha actuado en «estricto apego a la normativa nacional e internacional» y en «apego a los derechos humanos». Sin embargo, Provea recordó que San Miguel «permaneció desaparecida por más de 100 horas», desde que fue detenida por cuerpos de seguridad del Estado el viernes 9 de febrero.
«San Miguel es una de las defensoras más atacadas por el gobierno en los últimos años, su labor crítica molesta a quienes se empeñan en cerrar el espacio cívico», señaló Provea.
