28 de junio de 2022.- El Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega en Caracas informó sobre los avances en los casos de Félix Maíz y Darwin Rivas Polanco dos de los cinco jóvenes que permanecen injustamente detenidos, desde hace un año, como consecuencia de los operativos policiales realizados en ese sector.

En noviembre de 2021, Félix y Darwin fueron condenados por el Tribunal 8vo de Juicio del AMC, a 6 años de prisión por el delito de porte ilícito de arma de fuego, ante la imposibilidad de demostrar los graves delitos por los que inicialmente fueron acusados y únicamente con base en los testimonios de los policías que los detuvieron. Gracias a la movilización del Comité por los Derechos del Pueblo (La Vega) se acaba de lograr una victoria parcial con la anulación de esa sentencia por parte de la Sala de Apelaciones N° 6 del AMC.

Un poco de historia

La policía informó que a Félix y a Darwin los detuvieron en una zona boscosa de La Vega, en una especie de garita, mientras estaban armados, apuntando a otra comisión policial. Pero la verdad es que no estaban juntos en el momento de la detención, ni siquiera se conocían, no estaban en ninguna zona boscosa y mucho menos estaban armados. Darwin estaba dentro de su casa, que fue allanada sin orden judicial, con su madre, su hermana, su pareja, su cuñado y varios niños. Los vecinos vieron cuando lo sacaron de ahí, desarmado. Félix estaba en la calle de su barrio. Venía de comprar un arroz para sus hijos. También hay vecinos que vieron cuando lo detuvieron, desarmado. La policía, que recibe premios por aumentar el número de detenidos (según testimonios policiales conocidos por el Comité), les sembró una pistola 9 mm oxidada y un arma neumática (de aire, que dispara balines) y dijo que pertenecían a la banda que opera en la zona. Cuando el Comité fue a hablar con el Fiscal encargado de la investigación para explicarle lo sucedido, este reconoció que conocía de la práctica de la siembra de evidencias por parte de la policía, pero dijo que igual tenía que acusar, porque esa era la orden y por temor a ser señalado como un fiscal comprado por las bandas, si no acusaba a todo el que caía en esos operativos. El Ministerio Público (MP) los acusó entonces de tráfico de armas y municiones y asociación para delinquir. Todo eso, pese a que solo existía la palabra de la policía en su contra.

El Comité denunció en el MP la violación a sus DDHH, pero esta institución no inició ninguna investigación, ni asignó nunca a un Fiscal de DDHH para conocer el caso. La Defensora Pública designada, recibió de parte de María Polanco (mamá de Darwin) una lista de testigos del momento de la detención, pero nunca los promovió en el juicio. Tampoco asistió a prácticamente ninguna de las audiencias de juicio, sino que delegó en dos defensores más. La familia nunca tuvo acceso al expediente, pese a darle dinero a uno de los Defensores para que le sacara copias. Pasados cinco meses de la sentencia que los condenó injustamente, el Juzgado 8vo de Juicio publicó la sentencia y el Comité logró que se tramitara el recurso de apelación, aun cuando la Defensa Pública había informado equivocadamente en el mes de enero que ese proceso ya había ocurrido y que el plazo para rebatir la injusta decisión estaba vencido.

Es decir, estos jóvenes fueron sembrados por una policía que gana premios por aumentar el número de personas del barrio detenidas; fueron acusados de delitos graves porque el fiscal recibía órdenes y tenía temor de parecer contrariando un operativo policial; la violación a sus derechos nunca fue investigada por el MP; no tuvieron derecho a la defensa debido a la negligencia de los Defensores Públicos; se mantienen en condiciones inhumanas de reclusión en donde las familiares deben pagar a la policía para visitarlos o llevarles comida y; fueron condenados por un juez, solo con el testimonio de los policías (pese a que hay reiterada jurisprudencia del TSJ que señala que ello no es plena prueba). El Comité viene denunciando que esto ocurre porque son jóvenes pobres. La justicia penal castiga o protege de manera diferencial a la población, según su clase social, su estatus y su poder. El Comité recuerda insistentemente que, como denunció el Comandante Chávez en el Plan de la Patria, la justicia penal sigue siendo clasista y racista.

Itinerario de una victoria parcial

¿Cómo unos jóvenes del barrio, presos injustamente, dejaron de ser invisibles y comenzaron a tener algo de derechos ante un sistema de justicia penal que criminaliza a la pobreza? El Comité es producto de una alianza entre líderes/as locales, familiares de los jóvenes detenidos y Surgentes (Colectivo de DDHH). Con el protagonismo de las familiares, se generaron procesos de formación, de organización y de movilización. El Comité realizó distintos tipos de acciones, ante distintas instancias estatales, en la calle y en los medios de comunicación. Entre ellas: a) denunció disciplinariamente a los Defensores Público actuantes, ante la Dirección Nacional de Vigilancia y Disciplina de la Defensa Pública, por no dar contestación a la acusación fiscal, por no ofrecer pruebas que favorecieran a sus defendidos, por no solicitar copias de las decisiones y, por no apelar la sentencia condenatoria; b) exigió al juez 8vo de Juicio que publicara la sentencia y diera acceso al expediente; c) introdujo un recurso de amparo por violación al derecho a la defensa ante el tribunal 29 del AMC; d) realizó plantones en el Palacio de Justicia y en la redoma de La India (La Vega); e) denunció públicamente lo ocurrido por redes sociales y medios masivos; f) envió comunicaciones a diputados y actores políticos; g) se reunió con el Defensor del Pueblo y con directivos de la Defensa Pública, entre otros funcionarios y decisores. La suma de estas acciones logró que el mismo Defensor Público que le informó al Comité en enero de 2022 que no se podía apelar la sentencia condenatoria y que fue denunciado disciplinariamente, para salvarse del proceso disciplinario y aprovechando que la sentencia no había sido publicada por el tribunal, apelara la sentencia.

La Dirección Regional de la Defensa Pública conoció del caso y recibió a miembros del Comité, que recusaron a los defensores anteriores. La Defensa Pública nombró a un Defensor de alto perfil profesional y académico, que hizo seguimiento a la apelación. Finalmente, fue anulada la sentencia condenatoria y el juicio debe repetirse. Se trata, a juicio del Comité, de una victoria parcial y de una posibilidad para demostrar la inocencia de Félix y Darwin. El Comité se mantiene movilizado por la libertad de los 5 jóvenes de La Vega y por la transformación de un sistema de justicia penal que criminaliza a la pobreza.