“Quien esté pensando que es posible disminuir los índices
de criminalidad con la policía que tenemos es un inocente”.

Soraya El Ashkar.

Ex Secretaria de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL).


Es prácticamente unánime el clamor de la ciudadanía en torno a la urgente adopción de medidas orientadas al combate y control de la inseguridad, que día tras día deja a cientos de hogares venezolanos enlutados. Y es prácticamente un hecho que todos los ensayos que nuestro gobierno ha realizado en referencia al tema han resultado un estruendoso fracaso, dejando a los ciudadanos en la más escandalosa indefensión ante el hampa, que cada vez más arremete con mayor saña, violencia y con los más insólitos modus operandi, en todos los rincones de nuestro país.

Todo ello resulta asombroso, precisamente ahora cuando por primera vez en muchos años, tenemos un gobierno que mediante novedosos y exitosos planes y proyectos, ha realizado un esfuerzo sin precedentes en su lucha contra la pobreza y la exclusión social, elementos éstos que a decir de los expertos, constituyen los principales caldos de cultivo para la aparición de este fenómeno. ¿Cómo entender entonces esto y abordarlo desde una perspectiva, que respetando los derechos humanos y en observancia a las leyes, les brinde a los ciudadanos la tan anhelada seguridad de sus bienes y personas? Trataremos de hacer algún aporte.

Profundizar los planes sociales.

Consideramos que es indispensable seguir instrumentando planes sociales bajo el espíritu de las denominadas Misiones Sociales, haciendo énfasis para que estas sean menos burocráticas y más efectivas, en su no institucionalización, vale decir, en la adopción de mecanismos administrativos expeditos, que dependan no de un ministerio en particular, sino de una gerencia autónoma, capaz de hacerle un by pass a la artereosclorótica administración de los Ministerios, donde las misiones han comenzado a dar signos de burocratización y envilecimiento, transformándose en parcelas de dichos organismos y de sus funcionarios, cuando su creación obedeció precisamente a la necesidad de evitar esto y a la manifiesta incapacidad de esas instituciones de lograr, bajo su estructura administrativa y funcional, lo que finalmente lograron las misiones. En este sentido válido sería la creación de una misión de misiones, es decir, una instancia, que logre la absoluta articulación de aquellas en el objetivo de disminuir la pobreza e incrementar la inclusión y que le den a la gestión social del gobierno, carácter integral, es decir, que una misión complemente a la otra y así sucesivamente, con mecanismos sanos de administración y sobre todo con instrumentos confiables de escrutinio permanente, que disminuyan la corrupción y garanticen el debido seguimiento y control de los planes que se adelanten por la vía de las misiones. Creemos que ha sido buena en esa dirección, la disposición expresa que el Ejecutivo Nacional, plasmó en la recientemente reformada Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional, en su artículo 131 y siguientes, pero ya sabemos que si a esta iniciativa legislativa, no le sigue la necesaria voluntad política para su cumplimiento, la ley por buena que sea, se convertirá en letra muerta.

Reforma Policial

Mientras Jesse Chacón fue Ministro del Interior y Justicia – hoy del Poder Popular para la misma cosa – entendemos que se adelantó un esfuerzo interesante en procura de la puesta en marcha de la reforma policial, en el marco de la Ley de Policía Nacional y de otros ensayos orientados a la extirpación de ese cáncer que hoy por hoy hace metástasis en todos – sin excepción – nuestros cuerpos policiales, sean éstos nacionales, regionales o municipales y que se expresa en las más variadas fórmulas de corrupción policial, que van desde la matraca común y silvestre, hasta la asociación de funcionarios de estos cuerpos con bandas delictivas organizadas, dedicadas a la trata de blancas, al tráfico de drogas, al robo de vehículos y entidades bancarias, así como a la venta de armas. Luego mientras Rodríguez Chacín fue ministro, hasta el propio Presidente Chávez en un acto se comprometió a impulsar la tan cacareada reforma, que contemplaba dotación, equipamiento, capacitación y profesionalización policial; resultado= 0, nada de nada. A esa propuesta de carácter estructural, le siguieron respuestas de carácter espasmódico, como ese cuento de la “Caracas Segura”, cuyos resultados reales dejan mucho que desear y que no son sino reacciones de un gobierno acorralado por las acciones letales del hampa, incapaz de satisfacer las demandas de la ciudadanía, que indefensa y que de acuerdo a todos los sondeos de opinión que se han realizado, se queja de la inseguridad agobiante que nos azota, democráticamente a todos. Definitivamente, si no se depuran los cuerpos policiales, saldremos a este combate con una mano amarrada y los ojos vendados.

Drogas y alcohol 2 caras de una misma moneda.

Por otra parte, consideramos urgente la adopción de medidas concretas tendientes a la restricción del expendio indiscriminado de bebidas alcohólicas, especialmente en nuestras barriadas, donde a diario y particularmente los fines de semana en cualquier casa de familia, se venden cientos de cajas de cerveza, botellas de ron, whisky y otros, sin ningún tipo de control y con la venía de los policías que en vez de restringir, protegen estos expendios ilegales, a cambio de la consabida “bajada de la mula”. De igual forma, es indispensable la imposición de multas severas y ejemplarizantes a los negocios que en las zonas bajas de la ciudad y sus urbanizaciones, al llegar las 9:00pm cierran el negocio pero siguen vendiendo “por la ventanita”, hasta que les da la gana y protegidos también por la policía. Entre las medidas a implementar podría incluirse el cierre temporal, la multa, el arresto y en caso de reincidencia la revocatoria definitiva de la patente de licores, que a fin de cuentas la otorga el Estado y también puede quitarlas cuando el interés general así lo exija. Por supuesto, todo ello acompañado de redadas en los alrededores de las miles de licorerías cuyos propietarios permiten que en sus proximidades centenares de consumidores, beban como cosacos e ignoren rampantes, las advertencias de “Prohibido ingerir licor dentro y en los alrededores de este negocio”, así como las más elementales normas del respeto y de la convivencia ciudadana, dejando sus orines y heces donde les den las ganas. Con la droga, lo mismo, solo que en paralelo al combate que evidentemente esta haciendo el Gobierno Nacional, al tráfico al mayor de drogas y otras sustancias psicotrópicas, debe enfrentarse con determinación el menudeo, es decir aquel comercio que realiza “el jíbaro” en nuestros barrios y urbanizaciones y que al sumarse al alcohol, cataliza la violencia y la comisión de todo tipo de delitos. Claro que un problema a resolver es la protección que sabemos que muchos policías le brindan a estos bandidos y por otro la deliberadamente errónea instrucción de los procesos penales que se inician contra estos delincuentes, quienes con su dinero sucio y frente al no menos infame sueldo de nuestros agentes policiales, constituyen una simbiosis perfecta que genera impunidad y subsidiariamente frustración en nuestras comunidades, donde como al humo del café, a los vendedores de drogas todo el mundo los ve, paro nadie los agarra.

Sacudón Judicial y desarme general

Consideramos que esto es fundamental. Todo el mundo sabe en este país que los trabajadores más improductivos de Venezuela son los jueces, salvo contadas y honrosas excepciones. Es lugar común ver justo días después de las largas vacaciones judiciales, guindando en las puertas de los Tribunales, el odiosísimo letrerito de “No hay Despacho ni Secretaría”. Creo que el poder judicial debe, con el Tribunal Supremo de Justicia a la cabeza, instrumentar un mecanismo de pago a los jueces, que sea directamente proporcional al número de causas que resuelvan por mes, es decir, usted ciudadano juez ganará más si trabaja más y ganará menos si trabaja menos. Claro que en este sistema habría que establecer un mínimo de causas a decidir por cada mes, de obligatorio cumplimiento so pena de destitución del cargo o inhabilitación según sea el caso. Y creo que el mismo mecanismo se podría aplicar a los fiscales del Ministerio Público, cuyas inasistencias, sumadas a las de los defensores públicos o privados y a la falta de transporte para trasladar a los procesados a los Tribunales de Control o de Juicio, donde se siguen sus causas, hacen que estas se difieran una y otra vez, sacrificando la justicia y generando ese otro cáncer institucional denominado “Retardo Procesal”, que en muchos casos excede los 24 meses (dos años!!!!!). En este sentido la experiencia de los denominados Tribunales Itinerantes, ha demostrado que sí se puede ser productivo, cuando se quiere ser productivo. Claro está habría primero que encarcelar en Yare o en la máxima de Tocuyito, a Luís Velásquez Alvaray y a quienes como él, se robaron los reales destinados a la construcción de la infraestructura judicial y auspiciaron la creación y fortalecimiento de bandas como la famosa de “Los Enanos”, que dicho sea de paso nada tienen que envidiarle a las que en otrora manejaban a su antojo la justicia, bajo la conducción de aquel prócer de la 4ta República, llamado David Morales Bello. Así mismo consideramos impostergable, la elevación, previa evaluación por supuesto, en por lo menos un 500% de los salarios de los funcionarios del CICPC, que como se sabe es la policía de investigación científica que auxilia con sus labores importantísimas todo lo conducente a la prosecución del proceso penal y que monopoliza el Ministerio Público, sumando a esto la dotación, la capacitación, la rehabilitación de la infraestructura y el uso de la tecnología forense que con dinero – y mire que nuestro gobierno ha gastado bastante dinero en asuntos menos importantes y que nada tienen que ver con los problemas de la gente – se adquiere en buena parte de los países del llamado primer mundo y que facilitan ostensiblemente la labor de investigación criminal y la consecuente aprehensión de los criminales. De igual manera abogamos por la municipalización de esta policía, vale decir por su desconcentración administrativa, utilizando como referencia el ente territorial del municipio, que no en balde y de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es la unidad política primaria de la organización nacional. Municipalización que extenderíamos también a las medicaturas forenses o morgues, en virtud de lo disfuncional que resulta que tengamos una sola y que no sirve para nada, para atender a una ciudad donde solo en un fin de semana asesinan a 100 personas o más. Cuántos tribunales están a la espera para dictar sentencias condenatorias o absolutorias, que dependen de un dictamen pericial del médico forense de la ciudad o la región, según sea el caso, sin que este se produzca de manera oportuna y adecuada? Miles son miles los que esperan y detrás de esos miles de expedientes y exámenes, miles de personas, en su mayoría pobres, para quienes la justicia no existe o es demasiado costosa. Así mismo es imperativo, una política de desarme de la población que incluya la elevación de la cuantía de las penas aplicables a los delitos de porte ilícito de armas, así como las referidas a su importación, fabricación, suministro, ocultamiento y tráfico ilegal, acompañado de un incremento en la regulación de las mismas, por parte del Estado.

Finalmente la comunidad organizada

Decimos finalmente la comunidad organizada, porque no han sido pocas las veces que hemos mandado a la comunidad a organizarse para combatir la inseguridad y prevenir delitos, sin que los hayamos dejado con la brocha en la mano. La comunidad sabe, porque lo padece a diario, cuál es el problema y aunque nos cueste creerlo, cómo se soluciona ese problema. Lo que pasa es que de nada sirve ese eufemismo dizque de “La Inteligencia Social”, si la información que la comunidad le suministra a los organismos de seguridad, termina siendo filtrada a los delincuentes, por parte los mismos policías que la reciben. De nada sirve si quienes están llamados a protegernos nos sapean con los choros, con los jíbaros o con los ladrones de carros. De nada sirve la organización comunitaria, si la instrucción de los expedientes la hacen mal, con el propósito de que los delincuentes detenidos independientemente de la gravedad del delito que hayan cometido, vuelvan libres de polvo y paja a las calles a seguir con lo suyo. De nada sirve si la comunidad se organiza y el Estado no responde. Porque si esto sigue así, si el Estado sigue desdibujándose inerme y tembloroso delante del delincuente que lo apunta con su pistola, estaremos cerca de la anarquía sí, pero lejos muy lejos del Socialismo.

rubenvillafa@hotmail.es