El 20-N de 1975 moría el asesino Franco. La dictadura fascista y nacional católica esperaba aguantar con el rey que puso el propio "caudillo", Juan Carlos I. Pero no fue posible.
En 1975 la ofensiva obrera marcaba el paso de la situación política. Dan fe de ello las 14,5 millones de horas de huelga registradas ese año y que alrededor del 40% de las mismas incluyeran reivindicaciones políticas o generales de la clase trabajadora. Bajo una brutal represión, bullía una vida en la clandestinidad construida a base de entrega, lucha y durísima resistencia. Una acción política muy amplia que mantenían sindicatos, asociaciones y no pocos partidos, entre ellos el PORE (hoy La Aurora-Organización Marxista). Fue esa lucha, su empuje y su alto precio en vidas lo que impidió que todo siguiera "atado y bien atado".
El "pacto de la transición" desató, pero no rompió. Desabotonó el traje que impedía derechos determinantes para nuestras vidas como los de huelga, manifestación, asociación, libertad de expresión, sanidad, educación, y abrió la puerta a otros como aborto, matrimonio igualitario, dependencia, salud laboral o eutanasia. A la vez, seguían atados, gracias a ese mismo pacto, elementos clave de la dominación de la oligarquía burguesa y reaccionaria. Se trataba de aquellos segmentos del Estado que nunca fueron sometidos al escrutinio, control y voto del pueblo. A su cabeza, la monarquía, garante de la unidad impuesta a una España que niega el derecho de autodeterminación de vascos catalanes o gallegos; le siguen la judicatura, la policía, los militares, los servicios secretos y las relaciones estrechísimas entre las capas superiores de todas las administraciones y las grandes empresas y familias que manejan el Ibex 35 y que constituyen la fuente de una inacabable corrupción sistémica.
En 1975 vivían en España 35.516.340 personas; tres millones de ellas fueron empujadas por el hambre a marchar del campo a la ciudad. Se hacinaban en viviendas precarias, en barrios sin servicios, sin calles, ni transporte, faltos de escuelas o centros de salud, trabajando en empresas sin derechos y por salarios muy escasos. A ellos, había que sumar los dos millones emigrados al extranjero.
En la lucha por la mejora de las condiciones, especialmente en las empresas, pero también en los barrios, contra la carestía de la vida e impulsando el reconocimiento de los derechos nacionales se forjó esa lucha, así como sus logros y límites.
Esos límites quedaron desnudos al calor de la movilización catalana por el derecho a decidir y el 15M. Ambos periodos demostraron que el régimen no admite que la ciudadanía mande sobre la forma del Estado y el tipo de relación que quieren mantener entre sí los distintos pueblos del reino. Del mismo modo que tampoco posibilita que los gobiernos municipales y otras instituciones intermedias estén exclusivamente guiadas por la voluntad soberana de la población.
Hoy vivimos en un "país distinto" como lo atestiguan los 49.442.844 de habitantes, 14 millones más que hace 50 años, 6 millones de ellos, inmigrantes que componen su censo. A día de hoy las mujeres están plenamente incorporadas al mercado laboral y el peso demográfico y económico de las ciudades es muy superior al de entonces, si bien su población está más envejecida.
En este marco, y con un bipartidismo ya irrecuperable, la derecha extrema y la extrema derecha trabajan, junto a los elementos del Estado que nadie vota, a favor de un giro reaccionario que les permita "disciplinar" a la población, mientras la divide y fragmenta. Los problemas de siempre persisten, pero no son como antes. Hoy tienen una forma nueva y propia que hace que debamos hallar, como se logró hace 50 años, un lenguaje que, sumando a la población oprimida en toda su pluralidad, responda a las demandas de vivienda, lucha contra la carestía, pobreza y bajos salarios. También frente a la degradación de los recursos, tras años de globalización neoliberal, recortes y toneladas de plástico, CO2 y calentamiento global.
Hallar ese camino de lucha y organización abrirá la puerta a las nuevas ofensivas que nos posibilitarán romper el espinazo a la reacción y al poder económico que nos continúa atando tras medio siglo de la muerte del dictador.