Vuelvo y repito, en Venezuela, sí se violan los Derechos humanos y con mayúscula. Y ¿cómo se llama lo que ocurrió el martes 5 de agosto en frente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)? Esto ha ocurrido otras veces con el mismo patrón. Patrón sistemático de violencia.
Una manifestación de mujeres madres frente al TSJ para que las atiendan en audiencia, a los fines de resolver lo de sus hijos detenidos, a raíz de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024. La manifestación tipo vigilia esta siendo custodiada por los organismos de seguridad del estado. Luego se retiran, dejan sola la concentración-manifestación pacífica y a las 10:00pm entran en acción inmediatamente grupos armados encapuchados en parejas y en motos, en contra de las mujeres manifestantes. Golpean, roban, vandalizan y no pasa nada. Una de las coñaseadas trata de denunciar en el Ministerio Publico (MP) y en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (CICPC) la acción delincuencial y cobarde de grupos parapoliciales-paramilitares, no le admiten la denuncia, y el viernes para más ñapa, la detienen sin orden judicial sujetos encapuchados al terminar un acto de desagravio en la sede de la ONU en Altamira. Transcurridas mas de 48 horas después de su detención arbitraria por sujetos encapuchados que se la llevaron en una camioneta sin identificación, anuncia vía Instagram el flamante fiscal la imputación a una de las mujeres coñaseadas, o sea a Martha Lía Grajales por Incitación al Odio, Conspiración con gobierno Extranjero y asociación. El mismo fiscal que es capaz de imputar a una anciana de 80 años porque olvido ponerle alpiste al canario que tiene de mascota.
Si lo que les hicieron a esas mujeres no es una violación a los Derechos Humanos, dígame entonces señor fiscal: ¿Qué es? ¿Cómo se llama? ¿Por qué no les tomaron la denuncia? ¿Por qué no revisan las cámaras de seguridad del TSJ? ¿Por qué no se investiga la actuación de estos grupos violentos y armados? Todas las declaraciones de Martha Lía Grajales son publicas y notoria y no destilan, ni odio, ni violencia. Quien sí esta normalizando la violencia en contra de los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta cívica y pacifica es el gobierno. Es más, es un patrón sistemático que se repite.
¿Cómo es, y como se explica que haya tanta sincronización entre la retirada de los cuerpos de seguridad que resguardan la manifestación y la actuación de estos grupos?
Hay muchas preguntas y pocas repuestas.
Lo que sí, se está evidenciando con cada acción del gobierno en contra de los ciudadanos y organizaciones gremiales y sindicales es una suspensión de facto de las garantías constitucionales. Este gobierno muy lamentablemente esta reproduciendo y potenciando las practicas de la cuarta Republica incluyendo las tristemente recordadas bandas armadas de cabilleros de Acción Democrática. Con este gobierno hemos retrocedido en materia de Derechos Humanos y lamentablemente hay que darles la razón a los organismos tanto nacionales como internacionales que al respecto llevan estadísticas y estudios sobre la materia.
El gobierno de Nicolas Maduro viene siendo amenazado y ha sido objeto de acusaciones públicas y notorias por parte de potencias imperialistas. Nada nuevo. Se está construyendo una narrativa donde dejan al estado venezolano como un estado paria a los fines de justificar cualquier acción de intervención. No importa lo que se diga, la historia reciente está plagada de ejemplos donde no importa la veracidad o no de tales acusaciones. Bástese mencionar los casos de Irán y Libia. En América, más recientemente, la intervención en Panamá. Pero lejos de aplacar los demonios y de actual como estadista, el gobierno en la vocería del jefe de estado, actúa y declara como matón de barrio. Tal situación nos agarra divididos en una proporción de 7:3 en contra del gobierno de Nicolás Maduro por sus políticas neoliberales y antipopulares. Basta nombrar lo que pasa con el salario mínimo nacional, que ojo, no estoy hablando de bono, sino de salario. La situación interna luce compleja al igual que la externa y ojalá la gente sepa interpretar y leer los nuevos vientos que se avecinan. Por un lado, tenemos que cerrar filas ante la andanada de ataques mediante declaraciones de funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos en contra del gobierno de Nicolás Maduro. es inaceptable, por ejemplo, que un gobierno ponga precio a la cabeza del presidente de otro país y debe ser rechazado por todos (ojo, aquí no analizamos si es o no legitimo) eso es arena de otro costal. Por ejemplo, que se acuse al gobierno de narcoestado y narcoterrorista, esto también es inaceptable y debe ser rechazados por todas y todos. Son puras declaraciones y no presentan una sola prueba de sus afirmaciones. Por el otro lado debemos denunciar y rechazar la criminalización de la protesta y la acusación de incitación al odio, comodín con el que el gobierno pretende, imputación de por medio, atacar a la oposición critica y disidente en los frentes sindicales, gremiales y defensores de los derechos humanos. Es pues llegado el momento de hilar fino y hacer un llamado a quienes apoyan al gobierno de Nicolas Maduro a cerrar filas en defensa del salario, de los derechos humanos y de un modelo económico incluyente de las mayorías y no de una minoría aglutinada en FEDECAMARAS, CONSECOMERCIO y CONINDUSTRIA. Son dos cosas distintas y meterlas en un mismo saco es peligroso porque estamos entrando en una espiral de violencia avalada desde el estado. La razón no pelea con nadie.
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Ingeniero Alonso Padrón.
Profesor-Investigador-Gremialista.