Quizás si el caso tuviera que ver con la muerte de un gato o un perro, consecuencia del maltrato humano, ya las orientaciones de la Fiscalía General de la República se hubiesen emanado y nada improbable que incluso se nos informara, en próximas horas, de detenciones y de las inculpaciones a las que el Fiscal General nos tiene acostumbrados en casos de esta naturaleza.
Es prudente aclarar que valoramos positivamente el respeto por los derechos animales y que se aplique justicia oportunamente a quienes atenten contra estos derechos, pero consideramos que la Fiscalía General debe actuar con prontitud y celeridad también en los casos en los que se atenta contra el derecho a la vida de las personas.
El caso que hoy engrosa la lista de los no atendidos por la Fiscalía y órganos competentes en la aplicación de justicia es el del dirigente social y comunicador comunitario José Gregorio Urbina, esposo y padre de cinco hijos, militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV), quien el 10 de enero por la noche resultó asesinado a tiros en su domicilio.
Lo más resaltante de este caso es que horas antes de ocurrir el crimen, como en la novela del Gabo “Crónica de una muerte anunciada”, la víctima tuvo la premonición de que su integridad física corría peligro y así lo dio a conocer a través de un video publicado en redes sociales, en el cual mencionó nombre, apellido y rango militar de la persona a la que hacía responsable de “cualquier cosa que le ocurra a mi integridad física”.
El asesinato del dirigente social Urbina ocurrió la noche del 10 de enero en la Población de Puerto Páez, Parroquia Codazzi del Municipio Pedro Camejo, del estado Apure.
Tal vez, como en la crónica de García Márquez, todos en Puerto Páez sabían el destino trágico que le deparaba aquella noche a la víctima, incluso a diferencia de Santiago Nasar, el propio José Gregorio horas antes, cuando formuló la denuncia, sabía que ponía su vida en riesgo, por eso la muerte no sorprendió a este valiente que pagó con su vida las denuncias de las tropelías y atropellos que contra su pueblo se cometían.
La muerte de este venezolano no debe quedar impune. Es deber de la Fiscalía General de la República investigar el asesinato. La memoria de José Gregorio Urbina demanda que se haga justicia en su caso.
