Bachelet: Derechos Humanos como Fake News

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No hay causa más noble que la de los Derechos Humanos, ni hipocresía
más ruin que utilizarlos para propósitos opuestos a aquellos para los
cuales fueron reconocidos.

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Los Imperios nunca suscriben tratados que los sometan a tribunales
competentes sobre Derechos Humanos. Las Cortes o instituciones que
dicen defenderlos no tienen reparos en formular condenas infundadas
para culpabilizar a las víctimas de los imperios. Un informe de la
Alta Comisionada en Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH)
Navy Pali en el cual se acusaba falsamente de violación de Derechos
Humanos a Muhammar Khadafi sirvió de pretexto para el linchamiento
del mandatario, el bombardeo sistemático de Libia por fuerzas de la
OTAN y su saqueo y desmembración por fuerzas mercenarias que desde
2011 destruyen el país en guerra civil interminable.

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Un documento vale por su coherencia con otros del mismo ente. El 16
de marzo de 2017 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó, es
decir aprobó, el resultado del Examen Periódico Universal sobre
Venezuela. Entre noviembre y diciembre de 2017 Alfredo de Zayas,
Experto independiente de la ONU para la Promoción de un Orden
Internacional Democrático y Equitativo, nos visitó y concluyó que "la
guerra económica no comenzó con las sanciones de 2015, sino con la
llegada de Hugo Chávez al poder hace veinte años". El informe de
Bachelet intenta desautorizar ambos documentos arrojando toda la
responsabilidad de la crisis sobre el gobierno bolivariano a partir de
2018: "El desvío de recursos, la corrupción y la falta de
mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión,
han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado
de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el
transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural".

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Un informe tiene el mismo valor que sus fuentes. El de ACNUDH sobre
Venezuela sostiene que la Alta Comisionada se reunió con "muchas
contrapartes, incluido el Presidente Nicolás Maduro, el
Vicepresidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, altos cargos de
17 ministerios, el Presidente de la Asamblea Nacional y diputados/as
de la oposición. Asimismo, se reunió con el Presidente de la Asamblea
Nacional Constituyente, el Fiscal General, el Presidente del Tribunal
Supremo de Justicia y el Defensor del Pueblo". En este conteo son
mencionados sólo veintiún representantes del gobierno legítimo.
Mientras que entre los opositores son luego mencionados más de mil
(en su mayor parte sin especificación de nombres ni de cantidades): el
presidente elegido por nadie; los diputados de la oposición,
"representantes de la Iglesia Católica, el sector empresarial,
universidades, estudiantes, sindicatos, organizaciones de derechos
humanos, aproximadamente 200 víctimas, la comunidad diplomática y el
equipo de la Organización de las Naciones Unidas en el país". Además
de ello, la Comisionada habría realizado "558 entrevistas con personas
víctimas, testigos y otras fuentes".

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Un Informe tiene el mismo valor que sus datos. De los 558 testimonios,
confiesa el informe disimuladamente en nota al pie de página que "460
entrevistas fueron realizadas en la Argentina, el Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, España, México, y Perú, y 98 de manera remota".
Vale decir, la mayoría tuvieron lugar fuera del país, con personas que
por ausentes no tienen conocimiento real y actual de lo que en él
acontece y presumiblemente adversan al gobierno legítimo. Ello
evidencia que el informe de Bachelet fue redactado o por lo menos
documentado de manera previa a su visita, a partir de fuentes con
igual desconocimiento de la realidad del país al cual todavía no
había visitado.

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Un informe vale lo mismo que su imparcialidad. A pesar de la
voluntaria omisión de precisiones, cifras y menciones, por propia
confesión trasciende entonces que el de ACNUDH habría sido redactado,
por un lado, a partir de la consulta a 21 representantes del gobierno
legítimo, y por el otro mediante la consulta a más de un millar de
personas o instituciones adversas a él, en su mayoría sin contacto
directo con la realidad del país sobre el cual declaran. Esta
impresionante desproporción de casi cincuenta a una de fuentes en su
mayoría anónimas y ausentes del país descarta cualquier pretensión de
objetividad o veracidad. Como bien apunta Alfredo de Zayas: "El
principio fundamental que guía a cualquier investigador honesto es
audiatur et altera pars:Todas las partes deben ser escuchadas". Pero
no en proporción de veinte a una.

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Una denuncia vale lo mismo que quien la formula. Añade el informe que
"garantizó confidencialidad" a los entrevistados, "para proteger las
identidades de las fuentes, y observa que muchas de estas manifestaron
su temor a represalias". Tal argumento no es válido. Si la mayoría de
los denunciantes estaban fuera del país, también lo estaban fuera del
alcance de sus autoridades. A diferencia de Estados Unidos, Venezuela
no opera cuerpos represivos fuera de sus fronteras. Y la acción de
éstos dentro de la frontera tampoco es contundente: una de las pocas
fuentes cuya identidad se menciona es la de un autoproclamado que
pretende usurpar las funciones del Presidente electo, a cuyo efecto
engañó efectivos del ejército para que dispararan e hirieran
gravemente a otros efectivos, y que a pesar de ello anda en libertad
sin sufrir consecuencia alguna de sus delitos. La mención del ACNUDH
sólo significa que "muchas de estas" denuncias (de hecho la casi
totalidad) son anónimas, y por tanto sin efectos. Es principio
universal el derecho del acusado de conocer los hechos que se le
imputan, incluyendo la identidad de su acusador. Ninguna declaración
de testigo procede sin su identificación con nombres, apellidos y
domicilio, salvo en casos muy limitados de juicios especiales en los
cuales una legislación previa dispense explícitamente tales
requisitos. A denuncia anónima, efectos nulos.

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El Informe examinado por tanto no es más que colección de opiniones
de informantes anónimos prejuiciosamente seleccionados por adversar al
gobierno legítimo. Ni una sola de sus conclusiones invalida la del
informe de Alfredo de Zayas en 2018: "Algunos países prefieren
prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano con la expectativa de
que el país se sumerja en una crisis humanitaria para justificar la
intervención militar".

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Luis Britto García

Escritor, historiador, ensayista y dramaturgo. http://luisbrittogarcia.blogspot.com

 brittoluis@gmail.com

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