El Presidente Maduro ha anunciado en reiteradas oportunidades, y en diversos escenarios, que Venezuela está dispuesta a recibir 20.000 inmigrantes, refugiados y desplazados que, por oleadas, han llegado y siguen arribando a Europa como consecuencia de la devastación de sus países por las bombas genocidas de EE.UU, la OTAN y sus aliados de la UE. Ese gesto del Presidente está en perfecta sintonía con los postulados de solidaridad internacional de nuestra Carta Magna. Y me pregunto: ¿Eso ya está planificado? ¿Ya está designado el Coronel o General que se encargará de esa misión? Me supongo que se creará una “Misión de Refugiados y Desplazados del Bombardeo Genocida Yanki”. ¡Yankis, Go Home!
Y digo lo anterior porque alguna experiencia tenemos en eso de refugiados, desplazados, migrantes, colonos. Ensayos todos ellos que han fracasado. A propósito, ¿hay alguna estadística oficial acerca de la proporción de inmigrantes extranjeros de origen haitiano, dominicano, colombiano, peruano, centroamericano que hay en las calles de Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia Maracay, Puerto La Cruz y todas las principales ciudades del país laborando en actividades terciarias como taxistas, vendedores ambulantes de polos y helados, buhoneros, domésticas y domésticos, bachaqueras y bachaqueros y contrabandistas, ladrones, sicarios y mafiosos de toda clase y calaña? ¿Cuántos, en qué proporción en actividades productivas que le aporten algo al PIB en los sectores primario y secundario de la economía como la agricultura, la ganadería, la construcción, en el sector industrial manufacturero como el textil, metalmecánico, automotriz, en fin, a la pequeña y la mediana industria? Creo que muy pocos. Mientras, en el campo no tenemos mano de obra suficiente dispuesta a criar ganado vacuno, porcino, caprino, ovino, avícola, mucho menos a dedicarse a cosechar arroz, papas, caraotas, frijoles, lentejas, plátano, maíz, y a las actividades propias de la pesca.
¿Hacia dónde iría esa inmigración? Planifiquemos esa idea, ese ofrecimiento. Hagamos los proyectos necesarios. Tomemos previsión de las prioridades, de las áreas críticas, de las tierras disponibles, de los rubros necesarios, de los recursos técnicos, financieros, de infraestructura. Clasifiquemos debidamente a esa gente. Hagámosle seguimiento y control; apliquemos los correctivos cuando sea menester y pertinente. No juguemos al fracaso como ha sucedido con innumerables proyectos que hemos emprendido desde 1999 y que enriquecen el cementerio de los fracasos por falta de seguimiento, de control y por supuesto de correctivos. Centenares de miles de millones de bolívares se han esfumado por esa vía, muchas otras decenas de millones de dólares por la misma irresponsabilidad.
Sabemos, por información del Censo de 2011, que la población rural en Venezuela sumaba el 8,7%, de los cuales el 65% sería económicamente activa: estaríamos así hablando de aproximadamente 1.640.000 campesinos entre hombres y mujeres de más de 15 años y menores de 65. ¿Cuánta mano de obra necesitamos en el campo para alimentar 30 millones de venezolanos con una pésima productividad dado el poco arraigo y una tecnología atrasada?
En 1936 el 65% de la población laboraba en el campo y ya era insuficiente la producción agropecuaria para alimentar a todos los venezolanos; claro que prevalecían métodos e instrumentos arcaicos con una lastimosa improductividad, por ello se acudió a la inmigración europea: españoles, portugueses, españoles, preferentemente para modernizar la actividad agrícola. En 1950, el 42,2% de la población económicamente activa trabajaba en el campo, habían mejorado relativamente algunas condiciones pero la precariedad persistía. En 1961 el censo de población y vivienda registró un 33,4% de población trabajadora en el medio rural, mientras las importaciones de alimentos y todo tipo de bienes llegaban cada vez en mayores volúmenes a La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo
Refiriéndose a los problemas sociales del desempleo y subempleo que confrontaba el país a la muerte del dictador J. V. Gómez, leemos en obra de Orlando Araujo[2],
“Con el objeto de reintegrar a los campesinos al trabajo agrícola, se encomienda…al Ministerio de Agricultura y Cría…a un proceso de colonización a través de un organismo que comienza llamándose Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, cuya misión es fundar y organizar colonias y seleccionar una inmigración adecuada que venga a instruir con su ejemplo al agricultor venezolano. La experiencia colonizadora es una de las más negativas con que cuenta el tratamiento del problema agrario en el país. Se sucedieron errores como el del traslado de familias danesas a una colonia en Chirgua (Colonia papera en el Estado Carabobo, con temperatura media entre 32 y 36°C): al año, el gobierno debió atender los gastos de regreso de los daneses a su país de origen, acumulándose dichos gastos a los ya considerados de asentamiento y mantenimiento”.
Medina Angarita pensó en una Reforma Agraria y hasta el Poder Legislativo la sancionó, pero el trienio adeco con Betancourt la echó para atrás y el sistema latifundista se arraigó en Venezuela a partir de 1948, mientras el régimen perezjimenista lo hizo con estatutos y medidas agrarias posteriores, filtrándose disposiciones de neto corte colonizador y otras que se prestaron a especulación de terrenos y negocios ilícitos, elementos característicos de la cuestión agraria durante la década dictatorial de 1948 a 1958. La burguesía petrolera se afianzó y marchó atada al perezjimenato. En este sentido, agrega nuestro autor:
“La colonización que arranca con las colonias “Mendoza” “Guigue” “El Totumo” “Chirgua” y otras del tiempo de López Contreras, sigue durante Medina Angarita con las colonias petroleras “Aparicio“,“Tocorón“ y otras y trata de alcanzar una fisonomía capitalista en las llamadas comunidades agrarias de AD (1945-1948), cuyo modelo fue “El Cenizo“, reemplazado durante Pérez Jiménez por “Turén“,“Guárico“ y otras. El denominador común de esos ensayos fue el derroche de recursos, su inefectividad para resolver el problema agrario y la demagogia con que se trató de ocultar su carácter de medida complaciente con la clase latifundista“(O. Araujo, op.cit.).
El 10 de enero de |960 se cumplieron cien años del asesinato del caudillo Ezequiel Zamora, quien con su lema “Tierra y hombres libres” estremeció la geografía nacional durante la década de 1850.
Varios días después, el 23 de enero, en un alarde de demagogia pretendiendo reivindicar el nombre del líder de la Guerra Federal, R. Betancourt sancionó la Ley de Reforma Agraria; en su discurso de orden, ofreció redimir de la miseria 350.000 familias campesinas. Al concluir su mandato, informó que se habían atendido 57.000 familias, mientras el número de familias campesinas en la miseria se elevó a 400.000.
El caso es que tanto la agricultura, como la agroindustria y la manufactura urbana fueron liquidadas en una combinación de los 40 años del puntofijismo y los 14 del chavismo. Estamos en un momento en el que el gobierno “revolucionario” debe reivindicarse a sí mismo. Seguimos importando cada vez mayores volúmenes de productos de primera necesidad, así como manufacturas que perfectamente se pueden y deben procesar en el país. La caída de los precios del petróleo brinda la oportunidad para adelantar una nueva Ley de Impuesto sobre la Renta orientada a abatir progresivamente la dependencia de la Renta Petrolera; la que tenemos es la más atrasada de América Latina.
Esos 20.000 inmigrantes, si es que llegan, deben tener destinos ciertos, planificados, orientados hacia los sectores de la producción donde estén realmente capacitados, con seguimiento y control oportuno y pertinente.
